Opinión
Chile es legítimo propietario del mineral en virtud de la nacionalización del Presidente Allende aprobada por la unanimidad del Congreso en 1971.
El 31 de mayo de 2024, conforme al cronograma acordado, se ha firmado el contrato mediante el cual Codelco recupera a partir del año 2025 la propiedad y control de la mayor explotación de litio del país y del mundo. Ello representa un hecho económico esencial para Chile.
Es un hecho económico grande, de muy lejos el mayor realizado en el país desde la nacionalización del cobre. También uno de los mayores realizados en el mundo en el año recién pasado, en cualquier industria.
Su valor se puede medir por el mineral que extraerá, más de 10 millones de toneladas de carbonato de litio, que valorizadas al mejor precio disponible, los 25 mil dólares por tonelada que promediaron los últimos 12 meses de exportaciones chilenas, alcanza un orden de magnitud de 250 mil millones de dólares.
Ello eleva extraordinariamente el patrimonio de Codelco y la convierte en la mayor minera del mundo en cobre y litio.
El valor de dos de cada tres toneladas extraídas, íntegro, puesto que los subproductos pagan con creces todos sus costos, quedarán para el Estado de Chile.
Sin contar otros aportes a regiones y comunidades, ni tampoco los impuestos normales a la renta y otros que afectan a las mineras, agregando los cuales se estima que el Estado se quedará con más del 85 por ciento del margen operacional de la empresa conjunta.
Chile es legítimo propietario del mineral en virtud de la nacionalización del Presidente Allende aprobada por la unanimidad del Congreso en 1971. Es propietario efectivo del litio en virtud del patriotismo de quienes lograron excluir el metal de la infame ley de concesiones mineras de la dictadura.
Lamentablemente, esta ley antinacional no fue derogada sino al revés, fue utilizada con entusiasmo por los gobiernos democráticos para entregar dos tercios del cobre a un puñado de mineras, casi todas extranjeras, que se lo han llevado sin pago significativo. Los beneficios de un mineral excluido de concesión confirman el daño enorme de esta ley infame.
Indigna con razón al país que, para recuperar este yacimiento, Codelco haya tenido que pagar un valor muy elevado, nada menos que una de cada tres toneladas de litio extraídas. También que el principal beneficiario de dicho pago es el yerno del dictador, que bajo su mandato se apropió de la empresa del Estado que lo explotaba y recibió de gobiernos posteriores contratos que le permitieron mantener su control sobre el mismo hasta hoy.
Sin embargo, esa justa indignación no debe dirigirse contra el contrato que lo recupera, sino contra quienes lo entregaron y no recuperaron antes. Mismos que hasta el último se han opuesto con diferentes pretextos a este contrato y seguirán maquinando para intentar impedir que entre en operación.
CENDA tuvo el privilegio de seguir de cerca este proceso, lo cual la autoriza a mencionar con conocimiento de causa a quienes han sido relevantes para lograrlo. Ello es siempre injusto para otros que también lo merecen, pero peor es no mencionar a nadie.
La Comisión Nacional del Litio de la Presidenta Michelle Bachelet estableció las bases esenciales de la Estrategia Nacional del Litio del actual Gobierno, que reserva la explotación de los recursos minerales del país en exclusiva a empresas del Estado o sociedades bajo su control absoluto.
La exministra Marcela Hernando, su asesor en la materia, el físico Dr. Gonzalo Gutiérrez, y las autoridades ministeriales que conformaron el Comité Político del actual Gobierno, establecieron la exigencia del control estatal absoluto sobre la explotación del litio.
Codelco y sus directivos, especialmente Eduardo Bitran, conducidos en forma enérgica, lúcida y hábil por su presidente ejecutivo, Máximo Pacheco Matte, concretaron este logro.
El Presidente de la República, Excmo. Gabriel Boric, en el momento decisivo ordenó a mandos medios reticentes firmar el contrato de explotación que asignó a Codelco la exclusividad de explotación del yacimiento, que hizo posible todo lo demás.
Lo mismo debe hacerse con todos los restantes salares. Resulta inaudito que, después de este inmenso esfuerzo para recuperar para el pueblo las riquezas que le pertenecen, el Gobierno haya anunciado que va a entregar a privados 26 salares sin siquiera antes explorarlos. Ello debe ser rechazado terminantemente.
