
Listas de espera: ¿son confiables sus números?
Si nunca hemos sabido en su totalidad la verdadera demanda y oferta de atenciones y su real y efectiva brecha, no resulta difícil explicar en gran parte por qué el drama de las excesivas listas y tiempos de espera de los beneficiarios del Fonasa ha permanecido por tanto tiempo sin solución.
Técnicamente se define a las listas de espera del Fonasa como la brecha existente entre las demandas de atención de sus beneficiarios y la capacidad de oferta de servicios en su red de hospitales públicos. La pregunta que debemos hacernos entonces, después de conocer la eliminación de más de 300 mil casos en lista de espera en el Hospital Sótero del Río, es: ¿de verdad conocemos cuál es toda la demanda de los pacientes por consultas de especialidad y cirugías y –de paso– realmente sabemos cuál es toda la capacidad de oferta o producción de dichos servicios en los hospitales públicos?
La experiencia internacional nos indica que solo los sistemas de gestión de listas y tiempos de espera basados en registros robustos de fichas clínicas electrónicas interoperables en toda la red de atención, incluida la atención primaria, son los que nos permitirían conocer la real magnitud del problema.
Hoy, en nuestra red pública, no todos los establecimientos poseen ficha clínica electrónica y –lo que es peor– solo en casos excepcionales son interoperables, por lo que desde que contamos con un sistema de registro, tanto en el antiguo Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE) como en el vigente Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE).
Estos son registros paralelos, que no se alimentan fidedignamente de los registros clínicos electrónicos o de papel, ya que presentan múltiples procesos de validación manual, y no tienen posibilidades de cruce en línea con otras bases de datos, como las del Registro Civil (por defunciones) o las de la Superintendencia de Seguridad Social (por licencias médicas). Por ende, en gran parte de los hospitales son planillas Excel con un alto riesgo de desactualización, adulteración y enormes dificultades de contactabilidad.
En consecuencia, es muy probable que, hasta no tener en el 100% de los hospitales un sistema de registro confiable, hoy la demanda expresada en nuestras actuales listas de espera por consultas y cirugías sea mucho menor a la real, en un porcentaje no despreciable, pero imposible de cuantificar responsablemente.
Por otra parte, ninguno de los hospitales informa mensual y transparentemente cuál es su máxima capacidad de producción de consultas y cirugías en base a los recursos humanos, pabellones y boxes de atención con los que cuentan, por lo que tampoco podemos conocer si los aumentos de producción que los últimos tres gobiernos (Bachelet 2, Piñera 2 y Boric) nos han informado en consultas y cirugías están cercanos o lejanos a sus exigibles niveles de eficiencia y productividad, determinados por los estándares de rendimiento que el propio Ministerio de Salud, por normativa, fija.
Por consiguiente, si nunca hemos sabido en su totalidad la verdadera demanda y oferta de atenciones y su real y efectiva brecha, no resulta difícil explicar en gran parte por qué el drama de las excesivas listas y tiempos de espera de los beneficiarios del Fonasa ha permanecido por tanto tiempo sin solución hasta ahora.
Sin embargo, el problema es aún más grave, ya que dada la mala calidad de la política chilena actual, se hace prácticamente imposible que el actual Gobierno, ya en plena segunda mitad de su mandato, tenga incentivos para sincerar esta verdad, por lo cual lo más probable es que las verdaderas listas de espera y las personas que las conforman tengan que seguir esperando a que un próximo Gobierno, recién en marzo del año 2026, se atreva a hacerlo eventualmente en esos ya olvidados programas gubernamentales de los primeros 100 días.
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