Opinión
AgenciaUno
El aumento de poderes debe ir inextricablemente ligado a un compromiso inquebrantable con el respeto y la promoción activa de los derechos humanos; debe asegurar que todas las acciones policiales se realicen bajo los más estrictos estándares de derechos y justicia.
La muerte de tres carabineros en una emboscada en el sur de Chile no solo conmocionó al país, sino que también ha reavivado importantes debates sobre los poderes que debieran tener las policías en el control del orden público, en los que un mayor empoderamiento asoma como posible solución.
Esta opción genera tensión con los excesos cometidos por algunos miembros de la institución durante el estallido social y la pandemia –que aún mantienen procesos judiciales abiertos–, pero también con la promulgación de leyes que les confieren mayores facultades, como la Ley Naín-Retamal y nuevas iniciativas, como el proyecto de Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que busca regular el tema estableciendo los deberes que deben cumplir los uniformados.
Se destaca que el uso de la fuerza debe ser gradual, siguiendo distintas etapas en su aplicación, aunque la Cámara Baja rechazó el principio de proporcionalidad, al igual que una indicación que señalaba que debía evitarse apuntar y disparar armamento menos letal al rostro, y otra que expresaba que no podrán hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas (criterio aplicado incluso en la ley internacional, según lo cual la tortura se considera crimen de guerra).
Por su parte, el intento de aprobar una indicación que establecía que los delitos imputados a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros –en contexto de Estados de Excepción, protección de infraestructura crítica, contextos fronterizos y elecciones– sean investigados por la justicia militar en vez de la justicia civil, pone en cuestión la imparcialidad de los juicios.
En este contexto, ¿qué opina la ciudadanía sobre empoderar a las policías? El Estudio de Percepciones de Seguridad y Policías (ESEP), del Observatorio de Violencia y Legitimidad Social, realizó una encuesta representativa a 5.304 personas, de entre 18 y 65 años de edad, a lo largo de las zonas urbanas del país, en torno a esta temática.
Los resultados reflejan una ciudadanía que llama a entregar mayores atribuciones a las policías: 77% de la muestra está de acuerdo con dar mayores facilidades para que los carabineros puedan usar su arma de servicio cuando lo estimen necesario. Por su parte, 82% dice estar de acuerdo con endurecer las penas a quienes atenten contra la integridad física de miembros de Carabineros o PDI.
Análisis realizados con los datos de esta encuesta muestran que existen dos razones para apoyar este empoderamiento. Primero, la ciudadanía muestra importantes niveles de miedo a la delincuencia: el 76% se siente inseguro caminando solo por su barrio cuando ya está oscuro. Segundo, existe una percepción de que Carabineros no es capaz de lidiar con la delincuencia y el narcotráfico: el 66% de las personas encuestadas está en desacuerdo con que la institución logre controlar el problema de la delincuencia en Chile, mientras que el 77% opina lo mismo respecto del narcotráfico. De esta manera, la sensación generalizada es que otorgarle mayores atribuciones a Carabineros aumentaría la eficacia de sus labores, en tanto tendría mayores capacidades para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de ciudadanos y ciudadanas.
Más allá del clamor popular, es importante considerar que la entrega de atribuciones a las policías debe conjugar sus capacidades para resguardar el orden público con el aseguramiento de los derechos humanos. Criterios como legalidad y proporcionalidad son fundamentales para evitar el uso excesivo de la fuerza. A su vez, empoderarlas de manera inadecuada –por ejemplo, sin mejorar la capacitación de sus funcionarios para el uso adecuado del arma de servicio– puede terminar reduciendo su legitimidad.
Esto es particularmente complejo si se considera que el país tiene opiniones divididas respecto de ella. Si bien esta institución tiende a ser de las que gozan de mayor confianza en la población, menos del 50% dice sentir mucha o bastante confianza en la misma. Asimismo, solamente el 50% de la ciudadanía opina que los carabineros tienen la misma idea que ellos sobre lo que está bien y lo que está mal; mientras que un 55% opina que hay que respetar las decisiones que tome la institución, aunque no se esté de acuerdo con ellas.
Como Observatorio de Violencia y Legitimidad Social (OLES), hemos advertido anteriormente sobre la fragilidad del apoyo ciudadano hacia Carabineros, particularmente frente al aumento de las atribuciones en el uso de la fuerza. Los resultados de la encuesta muestran un escenario delicado.
Por una parte, la ciudadanía pide entregarles mayores poderes, pero lo hace principalmente a partir de una sensación de miedo ante la delincuencia y una mirada crítica a la capacidad de la institución de combatirla. Sin embargo, al considerar la entrega de mayores atribuciones, se debe tener en cuenta que cualquier vulneración de los derechos humanos no solo constituye una falta grave en sí misma, sino que también mina profundamente la confianza en las Fuerzas del Orden.
El aumento de poderes debe ir inextricablemente ligado a un compromiso inquebrantable con el respeto y la promoción activa de los derechos humanos; debe asegurar que todas las acciones policiales se realicen bajo los más estrictos estándares de derechos y justicia.
Esto se complejiza aún más si se considera la posibilidad de juzgar los excesos policiales a través de la justicia militar. La posible falta de imparcialidad, sumada a un alejamiento de su carácter de institución ciudadana, podrían generar una menor legitimidad y una percepción de baja justicia en los procedimientos a través de los cuales se exige a Carabineros rendir cuentas de su trabajo. Empoderarlos a través de ese mecanismo podría terminar socavando la ya frágil confianza en la institución.
