Opinión
Esperemos lo mejor posible para la fecha que viene, con la esperanza de un Wetripantü que fortalezca la tarea de relevar la importancia de una mejor relación con el Estado.
Era previsible que en la penúltima Cuenta Pública del Presidente Boric el tema indígena permaneciese casi al final de su discurso y con una menguada referencia. A diferencia de 2022 y, en parte, en junio de 2023. En el primero se estableció un marco de compromisos de mucha importancia, entre otros (re)impulsar el proyecto de la Presidenta Bachelet para hacer aprobar la creación del Ministerio Indígena, un tema que tiene –hasta hoy– 35 años de espera.
En comparación con nuevos ministerios creados exitosamente en anteriores gobiernos (Mujer, Medio Ambiente, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deporte), la sentida demanda de los pueblos originarios de Chile lleva 35 años sin cumplirse. Esto, a pesar de los compromisos presidenciales, entre otros, del propio Presidente Boric en junio de 2022. Alguna razón habrá para este notable retraso. El argumento de que hay muchos ministerios es débil, de otra forma no se habrían creado con tan breve tiempo otras entidades y ahora estamos a las puertas de crear otro ministerio: el de seguridad interna y, su vez, reestructurar Interior con nuevas y potentes facultades, lo que indica que sería otro nuevo ministerio. Y así.
La dura realidad es que las demandas indígenas cuentan poco, a pesar de los compromisos políticos, y en el segundo mensaje de junio de 2022 este tema desapareció de la Cuenta Pública y más recientemente en el tercer mensaje prácticamente no tuvo referencia alguna y se podría haber formulado alguna explicación al respecto.
En todo caso, la historia de la relación de los PPII con los Estados no se deja sorprender por este tipo de hechos políticos. El avance y establecimiento de sus derechos ha sido objeto de una muy extensa lucha política, social, cultural y espiritual de muchas generaciones de indígenas que, desde su enfrentamiento con el descubrimiento, conquista y colonización nunca han renunciado a sus valores y organización ancestral. Y la historia oral de esas luchas ha sido una nutriente permanente que se transfiere de persona a persona y de comunidad en comunidad.
El punto base es que los PPII se sienten, primero, como pueblos originarios, portadores de una historia que proviene del hecho de ser las primeras naciones del continente y solo por circunstancias políticas y militares, desde el descubrimiento y conquista, han asumido su condición de “nacionales” y, por tanto, nos reconocemos como hijos de dos naciones. Nuestra tradición cultural no proviene del descubrimiento, conquista, colonización y la posterior construcción reciente del Estado (en menos de 219 años en América Latina). Es de mucho más tiempo. Las culturas indígenas en nuestro continente eran muy anteriores y contemporáneas con la naciente cultura occidental que en el siglo XV, con el descubrimiento, se abrió camino hacia estas tierras ya ocupadas por los indígenas por más de 10 mil años.
Así y todo, los PPII fueron sometidos a la violencia y la esclavitud. La Iglesia declaró que todas las tierras conquistadas y por conquistar serían de propiedad de España y el conflicto perduró por siglos. Los nuevos Estados arrasaron con los derechos indígenas y parte importante de ese conflicto permanece aún en el continente y en Chile.
La Comisión Especial de PPII creada por el expresidente Aylwin, a tres meses de iniciado su mandato en 1991, asumió la delicada y compleja tarea de tomar conciencia de esta historia y sus esfuerzos se plasmaron en un hito histórico muy relevante: la Ley Indígena 19.253, que este año 2024 cumple 31 años. Es la ley indígena que más tiempo ha logrado sobrevivir en nuestro territorio. Y luego, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los PPII (2004) logró establecer y develar ante toda la nación chilena las enormes injusticias, violaciones y complicidades del Estado nacional en su enfrentamiento con los PPII y, muy particularmente, con el Pueblo Mapuche, contribuyendo en este caso al despojo ilegal de sus territorios, incluso de los que habían sido –finalmente– reconocidos en varios pactos con la Corona de España.
¿Han olvidado los indígenas de hoy esta historia? No. Y el drama político es que casi de manera sucesiva la clase política gobernante, parlamentaria y de partidos políticos en estas décadas pareciera no darse cuenta de la magnitud del maltrato que significa formular compromisos y luego no cumplirlos.
En el mensaje presidencial de 2022 se informó de varias inversiones en política pública indígena con recursos interesantes invertidos en caminos, viviendas, becas, emprendimientos, proyectos culturales, etc. Pero poco se señaló sobre la cuantía de recursos destinados a la compra de tierras. Y ahora en el tercer mensaje, y dado que no hay hitos relevantes que destacar, la mejor alternativa del Presidente era confiar en los resultados de la Comisión de Paz y Entendimiento creada luego de dos años y tres meses de Gobierno y eso fue lo que señaló en una muy breve frase.
En pocos días más conmemoraremos ahora oficialmente el Día Nacional de los PPII, gracias a la Ley 21.357 promulgada por el Presidente Piñera en junio del 2021 (paradójicamente en un Gobierno conservador), y esto debería ser la última oportunidad política para que el actual Gobierno formule un anuncio que sea valioso para los PPII y el Estado. La pregunta es qué podría ser aquello… Para que la Comisión de Paz y Entendimiento alcance el valor de un hito histórico, tenemos que esperar sus resultados a fines de este año. Y el compromiso de impulsar el proyecto que crea el Ministerio Indígena ha perdido parte importante de su oportunidad en este Gobierno. Para concretarlo se requeriría un acuerdo previo con la oposición, pero este sector está en otra. Y tampoco es claro que esta idea esté dentro de alguna prioridad gubernamental. ¿Qué queda?
Primero, tomar conciencia de que la política indígena a nivel de Gobierno está dispersa. De hecho, no hay una vocería nacional sobre el tema. Prácticamente ninguna alta autoridad de Gobierno realiza puntos de prensa para referirse a lo indígena. Y en distintos servicios públicos, ministerios, subsecretarías, delegaciones provinciales se hace lo que se pueda y en forma diversa. En los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet, en cada ministerio y gobiernos provinciales, había encargados del tema indígena en coordinación con la Conadi y el Ministerio de Desarrollo Social. Y en diversos ministerios, a lo menos, había una oficina de Coordinación de Asuntos Indígenas. Recordemos tan solo que en el primer Gobierno de la expresidenta Bachelet se instaló un Consejo de Ministros de PPII. Y así. Se trata de hitos históricos.
Los buenos resultados que todos esperamos del trabajo de la Comisión de Paz y Entendimiento requieren de este reordenamiento de la política indígena, pues esta entidad que tiene un objetivo muy preciso (resolver recomendaciones para abordar el conflicto de tierras) no tiene potestades para abordar otras demandas históricas. Esas demandas las debe recoger el Ejecutivo, pero en forma coordinada y de manera central. Por tanto, si la hipótesis ha sido: no digamos nada más relevante en el primer mensaje presidencial y reservemos los mejores anuncios para el Día Nacional de los PPII, bueno, sería un gran paso. Pero si en el ceremonial nacional indígena y ciudadano, con feriado y todo, se manifiesta un discurso genérico sin mucha relevancia, tenemos ahí un buen problema. Esperemos lo mejor posible para la fecha que viene, con la esperanza de un Wetripantü que fortalezca la tarea de relevar la importancia de una mejor relación con el Estado.
