Violencia contra la mujer, violencia contra la rectora

Esta semana que recién termina hemos sido testigos de un ataque directo e inaceptable contra la rectora de la Universidad de Chile, Dra. Rosa Deves Alessandri. El ataque burdo se da en el contexto de las movilizaciones que internacionalmente se han organizado en diversas universidades en apoyo a la causa palestina, en el conflicto que se vive entre Israel y Hamas, en lo que se ha denominado guerra de Gaza, conflicto armado que ya lleva ocho meses de duración y que ha cobrado decenas de miles de vidas humanas tanto de israelíes como de palestinos(as).

En ese contexto, desde mediados de mayo, un grupo de personas –estudiantes y otros grupos– han estado “acampando” en la Casa Central de la Universidad de Chile y han exigido a la máxima autoridad de ella cortar relaciones con Israel, prescindiendo de cualquier convenio o forma de colaboración con ese país. Como es su costumbre, la rectora ha estado disponible a sostener conversaciones con representantes de la FECh, pero su respuesta ha sido clara y consistente al señalar que ello no es posible, dado el carácter de las universidades en general, y de la Universidad de Chile en particular, como espacio de diálogo en el que todas las voces deben ser escuchadas. En concreto, ha dicho que “romper relaciones con universidades de Israel es acallar las voces disidentes y las voces críticas. Creo que es un grave error y me preocupa que los estudiantes no lo vean así”.

Como la respuesta no ha gustado, las manifestaciones han llegado a extremos inaceptables: una pancarta en la que, junto al texto “a romper la relación sionista”, se ve una imagen de la cara de la rectora recibiendo un beso del primer ministro de Israel. La imagen no solo es burda, sino violenta, con un juego de doble sentido entre la palabra “relación” y la imagen.

Y en este punto vale la pena detenerse, no se trata solo del contrasentido de utilizar formas violentas para luchar contra la violencia que vive el pueblo palestino, se trata también de analizar si se actuaría de igual modo frente a un autoridad masculina y las consecuencias que pueden tener este tipo de agresiones para quienes las reciben y para la comunidad en general.

Esta pancarta es un acto de violencia contra la mujer, específicamente violencia política, en tanto se da contra una mujer en el ejercicio de un cargo público y tiene por objeto menoscabar la imagen de quien es atacada y, por ende, sus decisiones en el ámbito en cuestión.

La rectora ha aludido al incidente, pero ha centrado su atención en lo dañino que han sido una serie de hechos que se han sucedido en el contexto de estas manifestaciones y que “han generado afectaciones concretas para los bienes y para las personas”. Ella, en su rol de líder, ha focalizado su preocupación en las personas de su comunidad que se han visto expuestas a amenazas y humillaciones; y ha reiterado su llamado al diálogo y al respeto por las personas y los valores democráticos.

Quienes participamos de la gestión en educación superior y observamos su actuación, no podemos dejar de aplaudirla y solidarizar con ella, pero además debemos reflexionar sobre las consecuencias de este acto de violencia contra la mujer para la comunidad.

En 2017 el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará elaboró la “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres”, y reconoció que este tipo de violencia es una amenaza principal para la democracia, ya que restringe las opciones y limita la capacidad de las mujeres de influir en la vida política. Y en la misma línea, ONU Mujeres ha señalado que la participación y el liderazgo femenino en la vida pública y política son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos trazado para 2030.

No obstante, los datos muestran subrepresentación de la mujer en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. A mayo de 2024 hay solo 28 países donde mujeres se desempeñan como jefas de Estado y/o de Gobierno, por lo que ONU Mujeres señala que, al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará sino hasta 130 años más.

Datos de enero de este año indican que las mujeres representan el 22,8% de integrantes de gabinete dirigiendo ministerios que lideran un área política. Solo hay 13 países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento o más de los puestos de ministras del gabinete que dirigen áreas políticas. A nivel de parlamentos nacionales, en el mundo, actualmente solo el 26,5% de los escaños está ocupado por mujeres.

En América Latina y el Caribe, las mujeres ocupan el 36% de los escaños parlamentarios y constituyen el 32% de los parlamentos de Europa y América del Norte. En el África subsahariana hay un 26% de mujeres legisladoras, seguidas de Asia oriental y sudoriental, con un 22%; Oceanía, con un 20%; Asia central y meridional, con un 19%; y África septentrional y Asia occidental, con un 18% de parlamentarias (todas cifras de ONU Mujeres de este año).

En nuestro país la situación no es muy diferente, hemos tenido solo una Presidenta de la República, elegida en dos ocasiones, y actualmente solo tenemos 13 senadoras de un total de 50 escaños y 55 diputadas de un total de 155, es decir, una representación femenina del 26% y 35,5%, respectivamente. Y en los espacios universitarios, de las 30 universidades que componen el CRUCH, solo cinco son lideradas por mujeres.

Sabemos que la distribución tradicional de roles de género es la causa principal de la subrepresentación femenina en espacios públicos y/o políticos, pero no somos menos conscientes de que una vez que las mujeres ingresan a ellos, la violencia de género también está presente. Si dejamos pasar este tipo de actos y no ponemos atención a ellos para repudiarlos y detenerlos, es poco probable que podamos avanzar en su eliminación y, por tanto, en la reducción de las brechas de género en la participación femenina en la vida pública.

Defendamos las causas en las que creamos, pero desde el irrestricto respeto a la dignidad de las personas y sin violencia.