Opinión
Yo no sé quién es el pueblo. Pero lo que tengo claro es que los pueblos surgen y crecen al amparo de regímenes que amparen y protejan la competencia.
Don Manuel Riesco Larraín escribió una columna de opinión favorable en torno al referido acuerdo logrado entre las empresas SQM y Codelco.
Permítame, don Manuel, a quien aprecio como persona, discrepar de su columna, no exclusivamente en torno al acuerdo en sí, respecto de la cual tengo una opinión negativa, sino que del fondo de ella.
En primer lugar, sostiene que la nacionalización del cobre fue legítima por haberse logrado con el apoyo unánime del Parlamento durante la época del Gobierno del Presidente Allende. Discrepo de lo anterior. Un robo es un robo, independientemente de su falsa legitimación. Es más, habla muy mal de un Parlamento como aquel que se haya prestado para una política de despojo tan brutal como la que asolaba aquellos años.
Luego, cataloga de “infame” la ley de concesiones mineras del régimen militar. Es esa ley, justamente, “infame”, la que permite subsanar el absurdo de haber dejado al Estado como dueño de todos los recursos naturales. Caso contrario, seríamos muy parecidos a países que no han logrado desarrollar todo su potencial minero por asignarle al Estado empresario un rol que no debiera tener.
Es más, el problema de este acuerdo es que deja al descubierto cómo los incumbentes gozan de una posición de privilegio frente a los desafiantes. Quizás, el error es no liberalizar de buena vez las concesiones de litio, en vez de cerrar acuerdos que no permiten el acceso a competir, como el que se trata de llevar a cabo entre SQM y Codelco, jugando hoy Corfo un rol abusivo en la materia al obstruir pasivamente la competencia a terceros.
Es entonces, quizás, el pecado más grave de este acuerdo: la transacción comercial más grande que se haya cerrado estos años, y en el que interviene el Estado, este, justamente quien debiera definir u orientar las políticas públicas en favor de la competencia, se encarga obscenamente de obviarla atacando, en su esencia, un régimen de mercado competitivo. De ahí que la señal del Presidente Boric y en particular del Ejecutivo, a través del actuar de Corfo y Codelco, es nefasta para la libre competencia y la transparencia. Falta conocer, eso sí, la opinión del regulador, jugando hoy Contraloría General de la República un papel importantísimo.
Y respecto de este actuar, en total ausencia de proceso de licitación, no se escucha crítica. Don Manuel no se manifiesta al respecto. En realidad, pocos lo han hecho. A don Manuel, como concluye en su columna, le interesa que el pueblo pueda “recuperar” las riquezas que le pertenecen, como “quizás” lo hizo este país con la chilenización y posterior nacionalización.
Yo no sé quién es el pueblo. Pero lo que tengo claro es que los pueblos surgen y crecen al amparo de regímenes que amparen y protejan la competencia. Nunca vamos a saber, respecto de este acuerdo, si la asignación directa que se hizo, obviando una licitación, era lo más conveniente económicamente. Puede que lo sea hoy, no lo sé. Lo que es fácil de prever es que, en el largo plazo, la institucionalidad se daña y con ello al pueblo que dicen proteger.
