Opinión
Desde el punto de vista de la transparencia, es aún un desafío detallar el destino de los recursos que reciben los gobiernos locales, como también ocurre con las propias comunidades, preservando condiciones para la corrupción pública y para la disrupción del tejido social local.
Bien conocido es a esta altura el reciente acuerdo entre Codelco y SQM para extender la explotación de litio en el salar de Atacama. De acuerdo con lo planteado en el Memorando de Entendimiento presentado a fines del año pasado, se fijan nuevas cuotas de explotación hasta el 2060 y se formaliza la participación estatal en el rubro. Si bien se trata de una medida ágil para avanzar en la Estrategia Nacional presentada en el año 2023, dicha premura parece obviar los pendientes de transparencia y gobernanza que se arrastran en el territorio.
De hecho, estos días han aparecido desafíos históricos en el diálogo con los habitantes de la cuenca del salar de Atacama, mientras que, por una parte, está en curso la Consulta Indígena sobre la distribución de aportes del contrato del año 2018; y, por otra, desde junio se iniciará un nuevo proceso para abordar el presente acuerdo. Se trata de un escenario complejo, pues, ya en diciembre del año pasado, el Consejo de Pueblos Atacameños recibía el Memorando entre las mineras como un “agravio” a la voluntad de establecer una mesa tripartita.
Desde el punto de vista de la transparencia, es aún un desafío detallar el destino de los recursos que reciben los gobiernos locales, como también ocurre con las propias comunidades, preservando condiciones para la corrupción pública y para la disrupción del tejido social local. En tanto el boom económico impone sus plazos, la discusión de fondo podría fácilmente verse reducida desde la construcción de un proyecto territorial común a la renegociación de algoritmos financieros.
Más allá de la perspectiva comercial, el Estado debe impulsar su acción propiciando una perspectiva integral de política pública a través de sus empresas y gobiernos subnacionales.
Como voceros del grupo ampliado de la sociedad civil de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), nos parece importante tomar lecciones de este caso y aprovechar las oportunidades que el estándar promueve, para fortalecer aspectos como la divulgación de información a lo largo de las cadenas de valor y el desembolso de ingresos hacia y por los gobiernos locales. Por supuesto, esta no reemplaza la perspectiva que ofrecen instrumentos como el Acuerdo de Escazú o el Convenio 169 de la OIT, ni la necesidad de implementarlos, pero puede aportar, mediante nuevas instancias de diálogo y criterios, a destrabar los desafíos de una industria considerada estratégica para el país.
