Opinión
Esta política instala la inmanencia y persistencia de los detenidos desaparecidos como un problema no del pasado, sino del presente, que nos obliga a buscar formas de resolución para el futuro desarrollo y salud ética de nuestra democracia.
Hace unos días, el Presidente Gabriel Boric realizó la tercera Cuenta Pública de su gobierno, en lo que fue un agitado periodo de anuncios, en medio de polémicas y controvertidas reacciones de la oposición. Entre los 61 anuncios del Mandatario, se encuentran las indicaciones al proyecto de ley que crea el reconocimiento legal de personas ausentes por desaparición forzada y la apertura de las leyes secretas de la dictadura, dos importantes medidas que contribuirán a la profundización de nuestra democracia.
La necesidad de implementar este proyecto de ley revela la importancia de seguir sanando las heridas que dejó la detención y posterior desaparición forzada de padres, madres, hijas e hijos de familias chilenas durante la dictadura. Esta medida se suma a las políticas de verdad y justicia anunciadas e implementadas el año pasado, como el Plan Nacional de Búsqueda permanente, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Esta ley de reconocimiento legal de las personas desaparecidas ayudaría a esclarecer ante el Poder Judicial la situación de 1.093 personas que aún siguen no ubicadas, sin señales de cuál pudo haber sido su lugar de muerte o inhumación clandestina, como resultado de los eventos represivos y de persecución política durante los primeros meses y años de la dictadura.
Más importante aún, esto no solo llenaría un vacío informativo en términos judiciales e históricos sobre el paradero de estas personas, sino que también se constituye en una medida de reparación para las familias afectadas por la desaparición forzada de personas.
Esta política iría en dos sentidos: por un lado, dar resultados concretos cerraría un doloroso ciclo de incertidumbres, desinformación e impunidad en casos aún pendientes en la justicia chilena; por otro lado, constituye una política que va en contra de lo que se creyó era el espíritu de las políticas de memoria, la posibilidad del cierre. Esta política instala la inmanencia y persistencia de los detenidos desaparecidos como un problema no del pasado, sino del presente, que nos obliga a buscar formas de resolución para el futuro desarrollo y salud ética de nuestra democracia.
Otro punto importante señalado en la propuesta es que pondría fin a las denominadas leyes secretas de la dictadura: un conjunto de más de 100 leyes y decretos emitidos entre 1973 y 1990, que permitirían a investigadores y juristas tener acceso al funcionamiento, financiamiento y organización de las instituciones armadas y de aparatos represivos en el periodo.
Este oscuro acervo documental podría probar los traspasos de fondos ilegales entre instituciones del Estado a organismos represivos, aportando datos, nombres y nuevos procedimientos reñidos con la legalidad que caracterizaron el funcionamiento al margen de la ley y de la transparencia pública del país. Estos documentos no solo esclarecerían cómo operaba internamente la dictadura, sino que posibilitarían nuevos procesos judiciales que renovarían el actual repertorio de nuestra justicia transicional.
Por tanto, tendremos que estar expectantes con respecto a las indicaciones presidenciales mencionadas en la Cuenta Pública a este proyecto de ley, a la espera de la promulgación oficial de este cuerpo legal que yace en el Senado, en busca de nuevos caminos para esclarecer nuestro pasado reciente y profundizar nuestra democracia con mayor información, probidad y transparencia sobre los legados de la dictadura, así como más verdad y más justicia.
