Opinión
En referencia a los gobiernos regionales, es ineludible el rol que deben jugar en la prevención del delito.
En materia de seguridad Pública, se ha instalado –enhorabuena– la necesidad de contar con respuestas multidimensionales, que involucran respuestas reactivas, pro también preventivas, de atención a víctimas y reinserción social. El pasado domingo se celebraron primarias de alcaldes y gobernadores regionales a nivel nacional. Una vez conocidos los resultados, vale la pena destacar los desafíos que enfrentarán en la materia, bajo el precepto de que es una de las preocupaciones principales de la ciudadanía, además de los desafíos que se imponen a los gobiernos locales y subnacionales, en tanto instancias más visibles a la ciudadanía.
En abril de 2023, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric llamó a gobernadores y alcaldes a suscribir el “Acuerdo transversal por la seguridad”. No es el primer esfuerzo que se hace en esta materia, pues el expresidente Piñera ya en el año 2018 realizó la misma tarea. Este dato no es menor, toda vez que es la constatación de que en esta materia la piedra angular o punto de arranque es la voluntad política y unidad de propósito.
Ahora bien, no existen balas de plata, o medidas que desde un solo prisma, puedan dar respuestas efectivas y de largo plazo. Más aún, en un momento complejo en materia de seguridad, caracterizada por un aumento de la violencia en la comisión de delitos (incluyendo uso de armas); el aumento a niveles inusitados de la sensación de temor; la cada vez más evidente permeabilidad que el país ha tenido al narcotráfico, crimen organizado y mercados ilegales y, más coyunturalmente, sortear los ofertones y cantos de sirenas que en un año electoral abundan.
Es así como, en referencia a los gobiernos regionales, es ineludible el rol que deben jugar en la prevención del delito. No necesitan tener asociadas funciones de orden público para cumplir su tarea.
En Latinoamérica y en nuestro país, los problemas de seguridad están estrechamente relacionados; contar con instrumentos de planificación adecuados, líneas estratégicas y mirada prospectiva para planificar territorialmente: obras, infraestructura y servicios, son medidas para las que se requiere acuerdo político y recursos, ambas condiciones alojadas en los gobiernos regionales.
Es necesario también que ingresen por vía institucional al sistema de seguridad pública en Chile: participar del Consejo Regional y comunal de Seguridad Pública, y contar con vías de financiamiento disponible para los municipios específicas en seguridad, que permita viabilizar las medidas que se toman a nivel local, pero que no cuentan con financiamiento, por lo que se quedan en medidas declarativas.
Asimismo, es preciso relevar con fuerza el rol preventivo de los municipios en la seguridad. En este sentido, hay una serie de proyectos de ley que buscan fortalecer la respuesta pública, que van desde la creación de un Ministerio de Seguridad hasta el fortalecimiento de los municipios en su rol preventivo.
Creemos que es necesario avanzar rápidamente en incorporar criterios de prevención situacional (en el espacio público) en sus instrumentos de gestión; fortalecer y visibilizar la función fiscalizadora, en apoyo con otras instituciones del Estado, como lo son las policías, así como crear y fortalecer instancias de mediación comunitaria, que abordan la dimensión de conflicto y violencias urbanas, que al no ser delitos son escasamente cubiertas por las instituciones, a contrapelo del impacto negativo que tienen en la vida barrial y el aumento de la sensación de impunidad.
