Opinión
La reforma en salud que requerimos debe involucrar a varios gobiernos, debe tener una mirada de Estado y necesita participación social que permita involucrarnos en las decisiones de políticas vinculadas a nuestra salud, bienestar y cuidado.
Casi toda la discusión sobre la reforma de la salud se la ha acaparado el tema de isapres, sistema privado de servicios y ley corta, olvidándonos que la mayor parte de los chilenos y chilenas está en Fonasa, hace uso del sistema público de salud y, por tanto, espera con ansias la verdadera reforma de salud.
En el Mensaje Presidencial, que debería marcar una hoja de ruta, no se anunció una reforma como tal, aunque se comprometió la modalidad de cobertura complementaria en Fonasa, la construcción de nuevos hospitales, la reducción de listas de espera, el envío de un proyecto de ley de salud mental integral, el reimpulso del programa de pesquisa neonatal ampliada, el apoyo al proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, la ampliación de un sistema nacional de apoyos y cuidados y, desde la perspectiva de lo preventivo y promocional, se anunció el Programa Buen Vecino. Este se asocia con modos de vida y ambientes comunitarios, enfatizando la actividad física, uno de los factores protectores más relevantes para la vida y la salud.
Se echó de menos un guiño a la mejora de otros aspectos también importantes para la construcción de ambientes más saludables, por ejemplo, impuestos a algunos de los agentes científicamente probados como nocivos para la salud y el cuerpo humano, tales como tabaco, alcohol y alimentos no saludables. Todos estos, parte de la propuesta de reforma tributaria del actual Gobierno.
Los desafíos actuales en salud son cada vez más complejos y debemos reconocer que muchos de estos, al menos en lo preventivo, no radican en salud, sino que en otros sectores, como educación, desarrollo social, trabajo, economía, por nombrar solo algunos, por lo que requieren de un espacio intersectorial para su abordaje. La exposición a entornos poco saludables, la vulnerabilidad aumentada e insuficientes herramientas de autocuidado, son algunas de las condiciones que mantienen la alta demanda en salud, muertes y discapacidad precoz.
Se necesitan políticas estructurales que apunten a mejorar las condiciones de vida de las personas, para impulsar prácticas que promuevan la salud y prevengan enfermedades, como la actividad física y una alimentación balanceada, y para evitar la exposición a factores de riesgo como la contaminación, el marketing abusivo, el tabaco, el alcohol y los alimentos poco saludables, entre otros.
Profundizado en la mirada de salud pública y desde una lógica de seguridad social, los valores de la solidaridad y bien colectivo debiesen primar en la reforma, esto es, por una parte, que las personas con menos riesgo de enfermar contribuyan a financiar a aquellas con mayor riesgo y, por otra, terminar con la lógica del lucro y las utilidades en salud. La Ley 21.674 recién aprobada (“ley corta de isapres”), establece que las isapres podrán realizar “repartición de dividendo o distribución de utilidades solo si han pagado la totalidad de la deuda de las cantidades percibidas en exceso”.
Desde una mirada del sistema de salud, sin dudas, se requieren cambios estructurales, es decir, transformaciones profundas en distintos ámbitos. En su correlato en el tiempo, estas reformas nos llevan a pensar en una mirada de Estado que implique el compromiso de todos los sectores políticos, como se logró hacer en 1952, cuando, después de la crisis del terremoto de Chillán, y con el acuerdo transversal de todos los sectores políticos, se creó el Servicio Nacional de Salud (SNS), buscando la protección de la salud de toda la población.
La reforma que está impulsando actualmente el Ministerio de Salud prioriza a la Atención Primaria de Salud, como estrategia que implica hacerse cargo del territorio y sus determinantes, convirtiendo a la salud primaria en la principal herramienta de cuidados, que no solo atiende enfermedades, sino que también es partícipe de la instalación de condiciones de vida que permiten una mejor salud. Esto implica un desafío no menor de intersectorialidad, como ya se mencionó, convenciendo a otros sectores de que “sin salud no será posible un buen desarrollo país”.
La reforma en salud que requerimos debe involucrar a varios gobiernos, debe tener una mirada de Estado y necesita participación social que permita involucrarnos en las decisiones de políticas vinculadas a nuestra salud, bienestar y cuidado. Una plena democracia requiere un espacio de salud democratizado. La reforma que se está impulsando va en la línea correcta, apuntando hacia la universalidad en la cobertura y el fortalecimiento en la atención primaria.
El sistema necesita avanzar en equidad y democracia hacia un Fondo Único de Salud regido por las leyes de la seguridad social. Abogamos para que la equidad en el financiamiento, la descentralización y participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, así como la regulación del sector privado, sean ámbitos primordiales de la reforma también.
