Opinión
La implementación del aborto por plazos, que establezca una edad gestacional límite como ocurre en otros países, sería una oportunidad de hacernos cargo del aborto inseguro, que representa una carga desproporcionada para las mujeres y para el sistema de salud.
En la pasada Cuenta Pública, el Presidente Boric anunció que durante el segundo semestre ingresará a discusión parlamentaria un proyecto de ley de aborto legal. Numerosas voces de diversos sectores han dado a conocer a la opinión pública su posición, algunos de ellos a través de argumentos fundados y otros clausurando por completo el debate.
Una de las aristas que se ha puesto sobre el tapete es si el aborto es una cuestión de salud pública y, como tal, si debiera ser objeto de una política estatal que lo permita (despenalización) y le dé soporte (a través de la provisión del aborto y un acompañamiento adecuado a las decisiones). Existen varias razones que permiten fundamentar la necesidad de avanzar en una legislación a favor del aborto más allá de las tres causales, en particular, desde la mirada de la salud pública.
En primer lugar, el aborto no es algo nuevo en nuestra sociedad. Su práctica ocurre desde los albores de la humanidad y, en el último siglo en nuestro país, ha sido objeto de diversas legislaciones que lo han legitimado (aborto terapéutico, 1931-1989) prohibido (1989-2017) y luego restringido a situaciones excepcionales, como riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación (2017 al presente).
A contrapelo de las legislaciones vigentes en cada época, que imponen requisitos y limitaciones de diversa índole, las mujeres han mantenido su práctica, incluso cuando esta podía significar la muerte debido a procedimientos médicos clandestinos. Recordemos que en la década del 60 la mortalidad materna por aborto era de 32 mujeres por cada 1000 recién nacidos vivos. En el presente, el mismo indicador es de 0,34 mujeres por cada 1000 recién nacidos vivos, lo que nos muestra que, hoy en día, muy excepcionalmente las mujeres mueren a causa de un aborto. ¿Cómo se interpreta este dato? ¿Quiere decir acaso que las mujeres en nuestro país no abortan fuera de la ley?
Para responder a esta pregunta es necesario considerar un segundo elemento que fundamenta la práctica del aborto desde la salud pública. Desde fines de la década de los 90, existe un nuevo método para llevar a cabo un aborto en el período inicial de gestación, denominado aborto farmacológico o médico. Este consiste en la utilización de píldoras y actualmente es el método recomendado –de acuerdo con evidencia clínica– para abortos de primer trimestre en todo el mundo. Se trata de un método que prescinde de la conducción profesional, puede ser autogestionado, pues no se realiza en dispositivos de atención de salud.
Es un método seguro y eficaz, que ha cambiado drásticamente la práctica del aborto y la mortalidad que se asociaba al fenómeno años atrás. En la mayoría de los países donde el aborto es legal por plazos, luego de comprobar el embarazo y que se encuentre en las semanas que contempla la legislación, se entregan los medicamentos a la usuaria explicándole su uso y esta puede llevar a cabo el proceso en su propia casa. Al mismo tiempo, este método podría salvar la barrera en la objeción de conciencia, permitiendo el ejercicio de autonomía sobre el proceso de aborto.
Es complejo estimar cuántos abortos ocurren en nuestro país, debido a la ilegalidad de la práctica. Sin embargo, el uso de un método más seguro hace razonable pensar que las mujeres hoy en día continúan abortando, y que esa cifra oculta no se refleja en la mortalidad materna. Las estimaciones van desde 30 mil a más de 120 mil abortos anuales. Aquí encontramos un tercer elemento, pues una magnitud de estas características es suficiente por sí sola para sostener que es necesario abordar la situación.
El costo de proveer aborto para el sistema de salud, si se legaliza, sería mucho menor a lo que ocurre en la actualidad, en que deben atenderse situaciones de urgencia de diversa complejidad al no existir información pública y medicamentos seguros. Además, podría significar una oportunidad para pesquisar todo tipo de situaciones en la lógica de prevención y promoción, proveyendo consejería postaborto, uso de métodos anticonceptivos, tamizaje de ITS, cáncer de mama y VPH, entre otras acciones de salud.
Un cuarto elemento es el marco de los derechos humanos, como base inexpugnable de piso ético para el bienestar de las personas, compromisos suscritos por Chile en instrumentos internacionales como el Consenso de Montevideo (2013). En este marco se encuentran los derechos sexuales y reproductivos, que consideran la decisión respecto a cuándo y cuántos hijos tener. La maternidad no es una obligación, es una decisión, como lo ratifica la Convención de Belém do Pará (1996), se trata del respeto a la esfera íntima y personal de cada mujer. Es un hecho que las mujeres en este país toman sus decisiones; aunque su integridad física esté en juego, aunque sea una práctica clandestina. Preguntarnos por las implicancias de la clandestinidad es una oportunidad para comprender las situaciones a las que se expone a las mujeres en nuestro país.
Investigaciones sobre el fenómeno han mostrado que las mujeres que abortan son jóvenes y también están en el tramo final de la vida reproductiva; algunas no tienen hijos y otras son madres, algunas no cuentan con recursos económicos y otras sí, son solteras, casadas, separadas, dueñas de casa, trabajadoras, profesan un credo religioso o no, algunas no usaron método anticonceptivo, otras sí y falló.
Comparten el haber tomado una decisión bajo una pregunta fundamental que toda mujer debería tener derecho a hacerse frente a un embarazo, de acuerdo con sus propias e íntimas convicciones y a las circunstancias que esté viviendo: ¿puedo, en este momento, ser madre? Es la responsabilidad de inaugurar una maternidad lo que está detrás de la decisión.
Las miles de mujeres que abortan año a año en Chile, hace décadas estaban dispuestas a morir. Hoy están sometidas a precios exorbitantes de medicamentos en el mercado ilegal, al uso de fármacos de dudosa calidad y proveniencia, a estafas, a chantaje. A correr contra el tiempo y ser víctimas de la angustia y ansiedad, intentando obtener información que les permita hacerlo con seguridad, sin saber a quién creer y qué. La única diferencia entre una mujer que está en Colombia, Uruguay o Francia y una que está en Chile, es dónde conseguirá medicamentos y cómo se informará del uso de estos.
Creer que la mantención del aborto restringido a las tres causales está clausurando la práctica y haciendo que las mujeres desistan de abortar, es una falacia. Las mujeres en nuestro país abortan, y la pregunta que está en juego, en el terreno de la salud pública es qué garantías de seguridad a su salud física y mental somos capaces de darles como sociedad.
La implementación del aborto por plazos, que establezca una edad gestacional límite como ocurre en otros países, sería una oportunidad de hacernos cargo del aborto inseguro, que representa una carga desproporcionada para las mujeres y para el sistema de salud, quienes deben enfrentar las consecuencias de la clandestinidad.
