Opinión
Del descontrol corporativo descrito, grave y equivalente a un golpe institucional contra el Estado de derecho, que amenaza los más esenciales derechos políticos y sociales de la ciudadanía, solo se sale por la vía de un simple aforismo jurídico: las cosas se deshacen como se hacen.
El tráfico de influencias y de acciones corruptivas que involucran al Ministerio Público y a la Corte Suprema constituyen un mazazo institucional a la ética, la probidad y la confianza en el Estado de derecho de Chile. Amenazado el país en su seguridad interna por bandas criminales incontrolables, ahora se suma la evidencia de actos alejados de la probidad en sus principales instituciones judiciales. Todo con omisión y desorientación política graves de parte de las autoridades responsables de cautelar el orden institucional del país y corregir o solucionar los problemas.
El ofrecimiento a Carlos Palma, Fiscal Regional de Aysén, de pagarle un doctorado y designarlo Fiscal de la Región Metropolitana Centro Norte (FRMCN) como incentivo para que retirara su postulación a Fiscal Nacional, es un escándalo de corrupción que pone en entredicho el funcionamiento del Ministerio Público, ente responsable de la persecución penal del país.
La cadena de hechos y la crudeza del acto corruptivo tiene su primer piso en esa institución. Entre intervinientes directos y posibles beneficiarios del intento corruptivo figuran como nombres clave Carlos Palma, Fiscal Regional de Aysén; Ángel Valencia, actual Fiscal Nacional; y Juan Agustín Meléndez, exfiscal en la Región de Los Ríos y, al momento de los hechos, Fiscal Nacional subrogante. Todos actores de primera plana del circuito judicial del país.
No se conoce aún el nombre del beneficiario final del acto corruptivo solicitado a Palma. Pero una investigación simple aclararía quién es, pues no hay muchas opciones fuera de las señaladas más arriba. Palma, por su parte, que debiera haber denunciado la acción corruptiva, dada la importancia del cargo que la motivaba, no lo hizo. Y del texto del chat pareciera haber estado al tanto del contenido: “Doctorado y reemplazo de Armendáriz OK visto bueno”. El hecho solo consta en el teléfono incautado al operador Luis Hermosilla como un reproche de algo “impropio y no solicitado”, realizado por alguien que es un conocido de Hermosilla y Palma.
Ese autodeclarado “buen negociador” de la propuesta corruptiva es el abogado Gonzalo Migueles, externo formalmente al aparato público y al Poder Judicial, pero conviviente de la ministra y exvocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco (renunció al cargo por sus declaraciones en el affaire isapres), la que, en este caso, se ha declarado en “total desconocimiento” de los hechos de su pareja.
La cadena de personajes se amplía a la Corte Suprema, la que venía ya experimentando la filtración pública de una serie de otros chats que dejan constancia de tráfico de influencias entre ministros de ese tribunal para la designación de conservadores o notarios, y evidencian gestiones políticas a favor de ministros para ascender al supremo tribunal, filtración que parece evidente proviene de la FRMCN, que dirige Xavier Armendáriz, al INDH. En ellos cobró entonces relevancia otro personaje del Poder Judicial, el exjuez Juan Poblete, enjuiciado por autorizar intervenciones telefónicas ilegales, lo que abrió flancos hacia la política y gestiones indebidas para designar a la ministra María Luisa Letelier en 2021 y puso a Armendáriz en la mira.
La Corte Suprema, a través de una sucesión de plenos con votaciones y discrepancias, evidenció de inmediato una clara voluntad de apagar la luz y cerrar la puerta a cualquier indagación interna que determine su responsabilidad en los hechos. Votó en contra de abrir sumario a los involucrados y de activar su Comisión de Ética propuesta por algunos de sus miembros, y nombró nueva vocera de la Corte Suprema para comunicar su posición: la ministra María Soledad Melo.
Activado el cargo desechado y vacante desde hace un año por el affaire isapres de Ángela Vivanco, buscó de inmediato interpretar la voluntad de omisión de la Corte. Melo declaró a la prensa el viernes pasado que “el Pleno de la Corte Suprema está disponible para las investigaciones que se estime pertinentes; y si existe algún delito (…) eso lo determinará el Ministerio Público y ellos son los encargados de investigar aquellas situaciones”.
Era que no, dice el refrán popular, ante el evidente intento de cerrar el círculo. Iniciando esta semana, la Corte Suprema vuelve a encender una vela para alumbrar la oscuridad y en ausencia de muchos involucrados decide que se activará la Comisión de Ética. Mientras tanto, su presidente, Ricardo Blanco, invita al Ejecutivo a una “mesa de trabajo” para reformar la designación de cargos del Poder Judicial. Algo así como vender el sillón de Don Otto.
De esta cadena de personajes y sucesos, equivalente simbólico de la obra El círculo de tiza caucasiano del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, el Gobierno pareciera un mero espectador, aunque es actor en primera persona. En la obra señalada, una tradición popular teutona, el círculo sirve para amarrar el poder del demonio que lo habita y trazar una línea de sal que lo separe de la sociedad. En este caso, los hechos corruptivos forman el círculo para amarrar el poder persecutorio penal del país en torno a diversos intereses corporativos, y quien traza la línea de sal final es el Gobierno que elige y gestiona la aprobación del Fiscal Nacional. Solo que la demiurgia esta vez llegó al conocimiento público por el dardo envenenado que es la memoria del teléfono incautado a Luis Hermosilla.
Del descontrol corporativo descrito, grave y equivalente a un golpe institucional contra el Estado de derecho, que amenaza los más esenciales derechos políticos y sociales de la ciudadanía, solo se sale por la vía de un simple aforismo jurídico: las cosas se deshacen como se hacen. Ese poder, que implica un acto casi constituyente y fundacional del sistema político, radica en este momento en el soberano, cuya representación, nos guste o no, está en el Congreso Nacional.
