Opinión
Durante este importante mes para los colectivos LGBTI+, observamos con especial preocupación los crecientes discursos de odio dirigidos hacia las diversidades sexogenéricas, su normalización y las consecuencias que aquello está produciendo, especialmente en niños, niñas y adolescentes LGBTI+.
Durante junio, Mes del Orgullo, las comunidades LGBTI+ celebramos los importantes logros obtenidos tras décadas de incansable lucha, relativos al reconocimiento y protección de nuestros derechos. A su vez, este mes nos invita a reflexionar acerca del estado de situación y los desafíos venideros, pues si bien a la fecha contamos con relevantes normas, tales como la Ley Antidiscriminación, el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario, la violencia y discriminación en nuestra sociedad persisten.
En Chile, comenzamos este mes ilusionadas con la votación del proyecto de ley que persigue reformar la actual norma antidiscriminación. No obstante, el pasado 4 de junio, el proyecto fue rechazado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados. Si bien no todo está perdido, pues el proceso legislativo continuará en Comisión Mixta, el contenido del debate que presenciamos ese día en el Congreso –encontrándose presentes al menos tres cursos de escolares en el hemiciclo– resultó alarmante.
Algunos parlamentarios esgrimieron frases de odio hacia la comunidad LGBTI+, resaltando los dichos del honorable diputado Urruticoechea, quien se refirió a las personas homosexuales como desviadas, reproduciendo una narrativa discriminatoria y patologizante, la que sabemos afecta profundamente a jóvenes LGBTI+. Al respecto, resulta pertinente reflexionar acerca de cómo los discursos de odio impactan a las nuevas generaciones y las consecuencias de su reproducción y normalización por parte de las máximas autoridades del país.
También durante este mes, a partir de la publicación del Informe Cass en Inglaterra, en Chile se levantó vasta desinformación acerca de su contenido y hallazgos, generando una impactante arremetida antiderechos en contra de las personas trans, especialmente menores de edad.
Sin perjuicio de que el foco de mayor embestida ha versado respecto de tratamientos hormonales entregados a infancias y adolescencias trans, esta arremetida ha atacado en general a los programas de acompañamiento ofrecidas por el Estado en virtud de la Ley N°21.120, que reconoce la identidad de género, los que contienen un enfoque afirmativo psicosocial y no incluyen tratamientos hormonales. Estos ataques han sido tan brutales que incluso produjeron el cierre de Fundación Selenna, organización que ha sido esencial en el apoyo a niñeces y juventudes trans a lo largo del país.
En este contexto, tanto la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes como la Sociedad Chilena de Pediatría, han visibilizado que cada transición es única y que depende de diversos factores, enfatizando que la entrega de tratamientos hormonales no son de primera línea, sino que su procedencia se evalúa caso a caso, considerando primordialmente el interés superior del niño, niña o adolescente y reconociendo que, en muchos casos, este tipo de prestaciones resultan esenciales para salvar vidas.
También, estas sociedades han reconocido que los tratamientos hormonales de reafirmación de género realizados en Chile a la fecha siguen guías clínicas y recomendaciones de sociedades científicas internacionales vigentes, es decir, se basan en evidencia científica.
Ahora bien, ambas sociedades destacan la necesidad de elaborar guías clínicas de carácter nacional, a efectos de mejorar la atención en estos casos. Resulta importante enfatizar que estas sociedades de expertos en ningún caso han sugerido cesar en forma absoluta la entrega de este tipo de prestaciones a menores de edad trans.
Pues bien, tras días de silencio, el Ministerio de Salud publicó la Circular N°7, mediante la cual reconoce que los tratamientos hormonales entregados a menores de edad han seguido lineamientos internacionales vigentes. Adicionalmente, la circular refiere que a la fecha no existen lineamientos nacionales para estos fines, por lo que convocó a expertos a trabajar en orientaciones de este tenor. En este contexto, el Ministerio de Salud refirió que los pacientes que se encuentran recibiendo tratamientos hormonales continuarán con su proceso, pero sugirió diferir el inicio de tratamientos hormonales para nuevos pacientes hasta que se publiquen lineamientos nacionales, sin especificar el plazo de duración de esta suspensión.
Sin duda que elaborar evidencia científica aterrizada al contexto nacional resulta crucial para mejorar la calidad del servicio entregado a niños, niñas y adolescentes trans y sus familias. Sin embargo, resulta altamente preocupante la suspensión en el acceso a la salud de infancias y juventudes que llevan esperando acceder a este tipo de tratamientos, los que enfatizamos: salvan vidas. Reiteramos que tampoco existe certeza respecto de la prolongación de esta medida suspensiva. Sin duda, oportunidades de mejora son absolutamente necesarias de elaborar, pero no deben obstaculizar el debido ejercicio de derechos fundamentales de grupos especialmente vulnerables.
Durante este importante mes para los colectivos LGBTI+, observamos con especial preocupación los crecientes discursos de odio dirigidos hacia las diversidades sexogenéricas, su normalización y las consecuencias que aquello está produciendo, especialmente en niños, niñas y adolescentes LGBTI+. En Fundación Iguales continuaremos trabajando arduamente para construir una sociedad que respete y valore la diversidad de quienes la componemos.
