Opinión
El caso de Quintero nos recuerda que la justicia ambiental es un derecho fundamental que no puede ser postergado ni ignorado.
En septiembre de 2014, la Bahía de Quintero se convirtió en escenario de una tragedia ambiental que aún resuena una década después. El derrame de más de 38.700 litros de petróleo crudo por parte del buque tanque Mimosa marcó un antes y un después para las comunidades pesqueras de Horcón y Ventanas. Hoy, los pescadores artesanales continúan una batalla legal contra ENAP Refinerías S.A., buscando justicia por los estragos causados no solo a su sustento, sino también a su salud y bienestar psicológico.
El caso de Quintero no es solo un incidente aislado en la historia ambiental de Chile, sino un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras de la negligencia industrial y la insuficiencia regulatoria. A lo largo de los años, hemos presenciado diversos episodios de contaminación que han dejado cicatrices profundas en el paisaje y en la vida de sus habitantes. Desde la contaminación del río Mapocho en Santiago hasta la crisis sanitaria en Quintero y Puchuncaví en 2018, Chile ha enfrentado repetidamente desafíos que ponen en riesgo tanto el medio ambiente como la salud pública.
La situación ambiental de Chile refleja una realidad mixta. Por un lado, el país ha avanzado en la promulgación de leyes ambientales y la creación de instituciones como los Tribunales Ambientales, que buscan garantizar una mayor protección y justicia en casos como el de Quintero. Sin embargo, persisten desafíos significativos. La aplicación efectiva de estas normativas, la supervisión adecuada de industrias y la respuesta rápida a emergencias ambientales siguen siendo áreas de mejora urgente.
La deuda ambiental de Chile se evidencia en la falta de reparación integral para las comunidades afectadas por eventos como el derrame de Quintero. A pesar de las sentencias judiciales que reconocen el daño ambiental significativo causado por ENAP, la indemnización y restauración efectiva de los ecosistemas y la economía local continúan siendo insuficientes. Los pescadores de Horcón y Ventanas, símbolos de resistencia y perseverancia, luchan no solo por una compensación justa, sino también por sentar un precedente claro de responsabilidad corporativa y justicia ambiental.
El caso de Quintero trasciende lo local para convertirse en un emblema nacional de la lucha por la protección ambiental y los derechos humanos. Es un llamado a la acción para que Chile fortalezca su compromiso con la sostenibilidad y la equidad ambiental, asegurando que las futuras generaciones no enfrenten los mismos desafíos que hoy afligen a Horcón y Ventanas.
En relación con la demanda interpuesta por los pescadores artesanales, ENAP ha afirmado: “Tal como lo hemos expresado anteriormente, en este y otros casos, seguiremos el curso legal correspondiente. Respecto de esta demanda, hemos planteado previamente la excepción de incompetencia, que fue acogida por el Juzgado de Letras y Garantías de Quintero y ahora estamos a la espera de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso se pronuncie sobre esta decisión”.
Sin embargo, la resolución de este asunto en los tribunales podría extenderse considerablemente debido a la gravedad de los daños y a las tácticas dilatorias que podría emplear ENAP. Es muy probable que se atraviesen múltiples fases judiciales, incluyendo apelaciones e incluso la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.
Con el sólido respaldo legal y técnico que poseen los pescadores, junto al precedente establecido por condenas anteriores contra ENAP, ellos tienen la esperanza de recibir una compensación adecuada que refleje la magnitud de la catástrofe. Su objetivo no es oponerse a una empresa, chilena y estatal que todos deseamos que prospere, pero no a expensas de la destrucción de los servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades locales.
El desenlace dependerá en gran medida de cómo se interpreten y apliquen las leyes ambientales y los precedentes judiciales existentes. Los pescadores artesanales están decididos a llevar este caso hasta las últimas instancias, tanto a nivel nacional como internacional, en su lucha contra la indefensión y el silencio que parecen prevalecer. El impacto del caso de la Zona de Sacrificio de Quintero trasciende las fronteras, siendo conocido internacionalmente como el “Chernóbil chileno”.
En conclusión, mientras la batalla legal de los pescadores artesanales continúa en los tribunales, es imperativo que el Estado chileno refuerce sus políticas ambientales, implemente medidas efectivas de fiscalización y se asegure de que las comunidades afectadas reciban no solo compensación económica, sino también la restauración plena de sus medios de vida y entorno natural. El caso de Quintero nos recuerda que la justicia ambiental es un derecho fundamental que no puede ser postergado ni ignorado, si queremos construir un futuro sostenible para todos los chilenos.
