Pensar que a los chilenos les interesa más la seguridad que las pensiones es error fatal

A los chilenos no nos interesa que se mejoren nuestras pensiones. Por supuesto que esta afirmación es una ironía. Una ironía inundada de frustración. Todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, e incluso del trabajo que realicemos –salvo, por supuesto, para el 1% de chilenos que concentran el 49% de la riqueza total del país, quienes no tienen nada que temer–, tarde o temprano tendremos que enfrentar nuestra última etapa de la vida, y todos aspiramos a vivir lo más dignamente posible. Mientras tanto, hemos visto a nuestros padres o abuelos pasar las penurias de una pensión que apenas les alcanza para comprar sus remedios y vivir al tres y al cuatro, después de haber trabajado por 30 o 40 años y depositando sus ahorros en una AFP.

Mientras nuestra clase política intenta lograr un acuerdo, luego de casi once años en que la reforma profunda se viene discutiendo –ha habido cambios cosméticos, como la PGU–, seguirá jubilando gente e incluso muriendo chilenos sin ver una solución al drama que cientos de miles de personas viven a diario.

Atrás quedaron las promesas –cuando empezó el sistema, de la mano de José Piñera– que afirmaban que la gente jubilaría casi con el mismo sueldo que recibía el mes anterior. Atrás quedó el intento de Michelle Bachelet de transformar profundamente un sistema obsoleto e injusto. Atrás quedó la evaluación y discusión política del sistema de reparto de las Fuerzas Armadas, que les permite a esos exuniformados jubilar prácticamente con el mismo sueldo que tenían cuando eran activos. Porque, por supuesto, la derecha abomina del sistema de reparto, pero jamás ha cuestionado que exista para un porcentaje de chilenos esa fórmula.

Más allá de las explicaciones técnicas, los argumentos políticos de unos y otros, lo cierto es que los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric han intentado una reforma profunda del sistema de pensiones. Esta demora en sí no solo debería constituir una vergüenza para nuestros parlamentarios, sino que es además una afrenta, una agresión a los chilenos. Aunque, más allá de la vergüenza –si es que algunos la tienen–, la ciudadanía debería exigir responsabilidades y que dieran cuenta ante el país. ¿Cuántos diputados o senadores han bloqueado acuerdos y/o votado en contra de que avance la reforma en estos años? Los invito a revisar en su distrito y circunscripción cómo han votado sus representantes.

La semana pasada, los esfuerzos del Gobierno para lograr que se aprobara “la idea de legislar” fueron en vano. La derecha se aprovechó de dos circunstancias para seguir oponiéndose. Primero, sus senadores argumentaron que debían esperar los resultados de una nueva comisión de expertos –¿en cuántas ha participado el talentoso David Bravo en esta década?– para tomar una decisión. Lo cierto es que el fundamento no solo es muy pobre, sino que todo parece indicar que el famoso texto que se entregaría hoy, lunes 8, no logró consensos en los puntos más críticos. Y, en segundo lugar, la UDI se aprovechó de la licencia médica de Moreira –paradójicamente, el más dialogante de ese partido– y lo reemplazó por un duro: Juan Antonio Coloma. El senador lleva, ni más ni menos, que 34 años de parlamentario, por tanto, se ha opuesto a la reforma durante una década.

No es todo el espectro político el que pareciera no tener apuro alguno en avanzar en este tema. El rechazo a la iniciativa proviene principalmente de la derecha. ¿Se puede entender por qué la derecha se ha opuesto tan tenazmente a cambiar el sistema de AFP? ¿Intereses económicos? ¿Lejanía del tema porque ellos gozan de una situación económica que los dejará fuera de las penurias del chileno promedio en unos años más? Aunque, claro, el hoy oficialismo tampoco ha demostrado en estos años habilidad para negociar y consistencia. Primero estuvieron por eliminar las AFP, luego por reformarlas, de nuevo por eliminarlas… y así.

Lo cierto es que el espectáculo que observamos en la Comisión de Trabajo del Senado hace unos días –incluido el exabrupto del experimentado Coloma– no es justo para don Ricardo, un capataz de 75 años que jubiló en 2014, hace diez años –justo cuando se iniciaron las tramitaciones de la reforma profunda–, que hoy continúa teniendo una pensión miserable y que sigue ilusionado con que pronto recibirá la noticia, de mano del diputado o el senador que, se supone, lo representa en el Parlamento. Ojalá no muera antes.

Y supuesto que es probable que esta semana, de nuevo, no se apruebe la idea de legislar –el paso más básico que se traduce como la “voluntad” de avanzar en algo– y los chilenos sigamos esperando que la derecha abandone esa sospechosa actitud de impedir una reforma a las pensiones o la candidata del sector siga diciendo que “prometan nomás, prometan”, para seguir otra década en el mismo punto.

Si la derecha sigue pensando que los chilenos solo estamos preocupados de la seguridad –que por supuesto es prioritaria– y continúan desplegando un discurso unifocal, partiendo de la base de que los hombres y mujeres de este país no tienen otras necesidades básicas, como la salud, los costos de la energía, la precariedad de la educación pública y, por supuesto, las pensiones indignas que siguen recibiendo nuestros adultos mayores –sin contar a muchos que jubilarán durante las próximas dos décadas y que ya no tienen fondos después de los retiros–, estarán cometiendo un error fatal. Sin ir más lejos, la encuesta Data Influye de junio indica que, entre los proyectos de ley que la gente ve como prioridad uno, está la reforma de pensiones, subiendo 8 puntos respecto del mes anterior, llegando a 45%.

Pero, como siempre, nuestra clase política –también incluyo al oficialismo por su incapacidad de encontrar acuerdos–, cuando de nuevo se produzca una explosión por frustraciones acumuladas en la sociedad chilena, dirá “no lo vimos venir”.