Opinión
Lo que no puede ocurrir es lo que la industria de telecomunicaciones ha experimentado, que por querer promover un sector emergente, se ha caído en una permisología, tramitología, desinteligencia y atolondramiento que conducen a una sobrerregulación.
Chile avanza en su promesa de convertirse en el hub digital del Cono Sur. Un pilar de esa estrategia, tal como lo dijo el ministro de Hacienda en su Cuenta Pública, es atraer inversiones para el desarrollo de la economía digital, siendo este un componente estratégico de la matriz productiva nacional, lo que implica liderar la localización de los centros de datos de la región en el país.
En esta dirección, el Gobierno del Presidente Boric presenta el Plan Nacional de Data Centers, siguiendo la ruta de países líderes que han promovido la construcción e instalación de este tipo de infraestructura tecnológica, mediante una serie de incentivos para que las empresas aseguren la sostenibilidad, utilicen fuentes de energías renovables y de infraestructuras que faciliten la recuperación y reutilización del calor residual.
Del total de centros de datos en el mundo, el hemisferio sur solo concentra el 10%. En América Latina, el mercado de centros de datos crece con un total de 143 instalaciones lideradas por Brasil, México, Chile y Colombia. En Chile, el mercado de centros de datos cuenta con 26 instalaciones activas (hiperescala y para otros fines), pasando de 50 mil metros cuadrados a 350 mil m2 en 2023. Se estima que, para 2024, los ingresos del mercado global sean de 120 mil millones de dólares; para Latinoamérica podrían estar en 3,5 mil millones de dólares; mientras que en Chile se proyectan 28 nuevas instalaciones de infraestructura de datos que podrían estar en el rango de los 2.600 millones de dólares, un mercado que debe estar creciendo a un 8% anual al 2025.
Chile es un caso exitoso de desarrollo digital, está junto a Singapur y Hong Kong en la primera posición global de internet fija de alta velocidad, mantiene el liderazgo en acceso, cobertura, penetración, equidad y usos de la red móvil; los servicios digitales representan más del 48% de los bienes exportados no tradicionales; ocupa los primeros lugares en mercados con acceso a la nube y se van consolidando industrias independientes del sector digital como las fintech y los operadores de infraestructura de telecomunicaciones abiertos, neutrales y agnósticos.
Es importante que el país ponga este Plan de desarrollo de la infraestructura de datos como parte de una agenda diplomática digital y como una expresión de la política de la “economía del dato” , porque estamos ante un sector que no tiene nada de cándido sino que reviste una relevancia geoestratégica, y porque debemos avanzar a un mayor ritmo en fomentar la digitalización, la transformación digital, el uso de IA y la explotación eficiente de los datos en todos los sectores, especialmente en las verticales productivas. El dato, en estado puro, aislado, sin tratar, carece a priori de valor.
El desafío es generar tráfico, agregar demanda y dar valor a la infraestructura de procesamiento de datos para mejorar la eficiencia y productividad del sector público y fomentar el desarrollo económico, aprovechando las ventajas naturales y competitivas del país.
Es vital, por lo mismo, fomentar la capacidad energética y el despliegue de redes de infraestructuras de alta velocidad, flexibles, escalables, que permitan satisfacer las necesidades de almacenamiento, procesamiento y distribución de datos hacia y desde los mercados de Latinoamérica, en particular con Asia Pacífico. Mantenemos la deuda de aclarar nuestra relación tecnológica con China.
El despliegue del sector de datos masivos implica poner en la mesa una estrategia por la simplificación, que existen mecanismos autorizatorios sectoriales ágiles y modernos que permiten una sana competencia y protección de los derechos y deberes de las empresas usuarias de estos sistemas, quienes acceden cada vez más a una mayor gama de servicios, prestaciones y facilidades de estos centros de datos, siendo fundamentales para la correcta ejecución del negocio.
Lo que no puede ocurrir es lo que la industria de telecomunicaciones ha experimentado, que por querer promover un sector emergente, se ha caído en una permisología, tramitología, desinteligencia y atolondramiento que conducen a una sobrerregulación, que en este caso se trata de una industria que requiere su comprensión detallada de cada parte de la cadena de valor, teniendo en cuenta que parte de las dificultades para invertir se relacionan con la creciente complejidad regulatoria, actos administrativos, normas, decretos y reglamentos anclados en un Estado pesado, amorfo, sin incentivos por hacer las cosas bien hechas, rápidas y ágiles, y ello se evidencia en lentos procesos administrativos para la obtención de permisos sectoriales necesarios para iniciar los proyectos.
Es una oportunidad para modernizar el Estado y simplificar la regulación. No bajarle la calidad, sino que eliminar trámites duplicados, disposiciones obsoletas y cargas excesivas.
Este sector de la economía digital avanza en la nubificación y en una nueva arquitectura de la infraestructura de telecomunicaciones híbrida de conectividad, la que presenta varios desafíos logísticos, de instalación, de respaldos, de sostenibilidad y eficiencia energética, pero lo básico para su expansión es contar con un marco regulatorio simple, convergente, liviano, claro, favorable, predecible, con seguridad jurídica, ajustado a la protección de datos y ciberseguridad, anclado en una alianza público-privada, que permita continuar con una trayectoria de crecimiento sólido, impulsando inversiones significativas, la adopción temprana de tecnologías avanzadas y la consolidación de un entorno favorable para la actividad productiva.
