Opinión
El Banco Central ha ajustado su proyección del IPC al 4.2% para finales de 2024, señalando que el incremento en las cuentas de luz tendrá una influencia directa en la inflación, dado que el servicio eléctrico representa un 2.2% de la canasta de consumo de los hogares.
El ajuste de la tarifa eléctrica en Chile nos deja valiosas lecciones sobre la gestión de precios y la intervención estatal en mercados de monopolio natural. Las medidas de congelamiento de precios, aunque pueden parecer atractivas a corto plazo, generan distorsiones que, tarde o temprano, deben ser corregidas. En este caso, el costo de estas correcciones recae ahora sobre los consumidores, en un contexto de alta inflación y tensiones económicas.
El sector eléctrico en Chile, como en muchos otros países, opera bajo la figura de un monopolio natural. Esto significa que, para maximizar la eficiencia y reducir costos, el Estado concesiona sectores completos a empresas generadoras. Sin embargo, la decisión de congelar los precios de la electricidad hace cinco años, y las leyes posteriores que mantuvieron prácticamente inamovibles estos valores, ha derivado en una situación insostenible.
La deuda del Estado con las empresas eléctricas, que inicialmente se estimaba en 1.350 millones de dólares, se disparó a 6.000 millones de dólares debido al prolongado congelamiento de precios, exacerbado por la pandemia de COVID-19. Este escenario ha obligado al Gobierno a tomar medidas drásticas para restablecer el equilibrio financiero y garantizar la continuidad del suministro eléctrico.
El ajuste de la tarifa tendrá un impacto directo en los consumidores, quienes verán un aumento considerable en sus cuentas de luz a partir de este mes. Esta medida, aunque necesaria para saldar la deuda acumulada, supone una carga significativa para las familias chilenas, especialmente en un contexto de alta inflación y presiones económicas.
El Banco Central ha ajustado su proyección del IPC al 4.2% para finales de 2024, señalando que el incremento en las cuentas de luz tendrá una influencia directa en la inflación, dado que el servicio eléctrico representa un 2.2% de la canasta de consumo de los hogares. Esto pone de manifiesto la interconexión entre las decisiones de política pública y los efectos macroeconómicos, resaltando la importancia de una gestión equilibrada y proactiva.
Si bien el Gobierno ha establecido subsidios para las familias más vulnerables, con el objetivo de mitigar el impacto del aumento de tarifas, estos subsidios solo alcanzan al 40% de la población más vulnerable, dejando a muchas familias fuera de la ayuda estatal. La focalización de estas ayudas es crucial para evitar que el alza de precios se traduzca en una mayor mora de los consumidores, lo que podría llevar a medidas de cobro más severas por parte de las empresas.
Por eso es imperativo que el Registro Social de Hogares, el instrumento utilizado para determinar la elegibilidad de los subsidios, sea revisado y actualizado para asegurar que quienes realmente necesitan ayuda puedan acceder a ella: la focalización efectiva de los subsidios no solo es una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia económica.
