La mala memoria de la oligarquía en Chile

El estallido o revuelta social en Chile, que ocurrió hace casi cinco años, fue el resultado de una acumulación de frustraciones y desigualdades que venían de mucho tiempo atrás, sino una respuesta a una serie de problemas estructurales y desafíos que afectaban a la sociedad chilena, donde la voz de la gente se hizo escuchar.

Sólo basta recordar el diagnóstico que nos presentaba el PNUD en su libro Desiguales (2017) que analiza las desigualdades socioeconómicas, incluyendo una perspectiva histórica, un análisis de la concentración de los ingresos y las desigualdades en las influencias políticas, libro que, lamentablemente, sigue siendo pertinente, pues bastaría con actualizar algunos datos para reflejar la mayor desigualdad que probablemente existe en algunas áreas en la actualidad.

Al respecto, es importante que reflexionemos: ¿Por qué la oligarquía de la época justificó el estallido social y reconoció sus fundamentos y causas? Son múltiples las declaraciones que están disponibles en tal sentido y que la mala memoria actual parece olvidar.

Hay una declaración formal del expresidente Piñera que dice relación con reconocer las causas del estallido, señalando que había escuchado “con humildad la voz de la gente” (19 de octubre de 2019). Después, más específicamente, señaló que “frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado”, complementando que “es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud”, para culminar con un “reconozco y pido perdón por esta falta de visión” (23 de octubre de 2019).

Pero no fue solamente el Presidente Piñera quién reconocías las causas del estallido social. También estaba su círculo cercano, graficada en las declaraciones de su cónyuge Cecilia Morel quién señaló, en un escuchado audio filtrado, que “vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás” (octubre de 2019) o la declaración de Karla Rubilar, Intendenta de la RM en aquellas semanas, que dijo “no vimos venir que la rabia era acumulada y que tenía sustento” (noviembre de 2019).

En esta misma línea, podemos recordar las declaraciones de los líderes de la oligarquía empresarial, como Adolfo Swett, quién manifestó que “a la sociedad en su conjunto le decimos con mucha humildad que para nosotros -los empresarios- es hora de escuchar con los oídos grandes” (octubre de 2019) y de Andrónico Luksic, que escribió “ha transcurrido un mes del estallido de la crisis social. Se ha alcanzado un importante acuerdo en materia de Constitución, pero aún hay demandas sociales urgentes que necesitan solución: pensiones, sueldos, precio de medicamentos. No dejemos pasar más tiempo, actuemos todos hoy” (noviembre de 2019). Y así en sucesivas declaraciones del mismo tenor.

Desde el Congreso no solamente hubo un reconocimiento de las causas del estallido social, sino que también hubo una propuesta para salir del estado de crisis institucional por medio del llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. En dicho acuerdo se señala, entre otras cosas, una propuesta “ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía […] los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social” (noviembre de 2019). Incluso, los alcaldes de los más variados sectores políticos plantearon una propuesta que implicó desarrollar una consulta y buscar mecanismos para canalizar las demandas del estallido social.

En conclusión, los diversos sectores políticos y particularmente la oligarquía de la época no solamente validaron las causas y fundamentos del estallido o revuelta social, reconociendo el sustento de las movilizaciones y la necesidad de disminuir sus privilegios, sino que incluso plantearon y estaban dispuestos a impulsar una serie de transformaciones y reformas que eran solicitadas por la ciudadanía, estaban dispuestos a escuchar las demandas sociales urgentes de la sociedad.

¿Qué pasó a casi cinco años del estallido social? ¿Por qué la oligarquía chilena reniega de los fundamentos y justificaciones de un estallido social? ¿Por qué se quiere hacer ver como un evento delictual y no como una manifestación de los grandes cambios que la sociedad demandaba, cuando fue la propia oligarquía criolla que reconoció las causas que provocaron un 18 de octubre de 2019?

Independiente de los dos fracasos de los procesos constituyentes, procesos en los cuales la oligarquía chilena dio su beneplácito a regañadientes, y que puso todo su poder a disposición para el respectivo fracaso, también es pertinente preguntarse: ¿Qué queda de aquel momento de protestas y demandas? ¿Qué grandes cambios se lograron de lo que la gente pedía y demandaba en las calles?

Debemos reconocer que frente a estas interrogantes son muy pocos los cambios logrados, inclusive con algunos retrocesos, como el hecho de que las víctimas de la represión policial no han obtenido una reparación integral; el actual “perdonazo disfrazado” a las Isapres frente a una resolución condenatoria de la Corte Suprema; las pensiones cada vez más miserables de la mayoría de los jubilados, y así el listado puede continuar.

El estallido o revuelta social dejó una profunda huella en la sociedad y en la política del país. La historia hay que conocerla para no repetir los mismos errores o, tal vez, hay que conocerla solamente para reconocer los errores que se van repitiendo siempre. En todo caso, existe un complejo aprendizaje en los sectores vulnerables y marginados del desarrollo del país, esto se relaciona con la falta de memoria de la oligarquía en Chile, donde un estallido social no es suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos, se requieren acciones continuas y estructurales para lograr un verdadero cambio en la sociedad.