La Reforma Previsional en debate no sólo busca incorporar componentes solidarios, sino también robustecer la contribución que realiza el Fisco
El debate sobre la reforma del sistema de pensiones lleva 19 meses y aún no sale de la trinchera legislativa. En un contexto donde un 96,5% de los usuarios de AFP se manifiestan críticos al sistema (Estudios Sociales, 2023), las bajas tasas de reemplazo tienen efecto cotidiano sobre las pensiones que reciben las personas. Por esto, avanzar en la reforma se torna una urgencia.
Actualmente, el Fisco destina un 4% de su Producto Interno Bruto (PIB) y un 16% del gasto público total al financiamiento de las pensiones. Esta cifra no sólo destaca por su envergadura sino porque resulta indispensable para garantizar un nivel mínimo de bienestar para las personas mayores, quienes en su mayoría dependen de la inyección de recursos estatales para compensar las bajas pensiones autofinanciadas que reciben. De hecho, para el 50% de los pensionados, el Estado financia el 60% o más de su pensión final (DIPRES, 2024).
Si comparamos países como Canadá y Chile para el 2019 (antes del incremento de la PGU), la diferencia en el gasto público entre estos países es de un 1%. Sin embargo, poseen modelos previsionales considerablemente distintos: en Chile tenemos un modelo de capitalización individual privado más componentes de impuestos generales (pilar solidario, hoy PGU), mientras que en Canadá cuentan con un modelo mixto, predominantemente público.
La necesidad de una reforma es evidente cuando observamos las tasas de reemplazo del sistema de capitalización individual que han demostrado ser insuficientes para prevenir la pobreza en la vejez. Las cifras son alarmantes: la mediana de la tasa de reemplazo autofinanciada para hombres es de un 27% ($159.333 promedio), mientras que para mujeres es de apenas un 11% ($38.158 promedio). El monto de las actuales pensiones aumentan gracias a la PGU pues, con este componente financiado con impuestos generales, las tasas de reemplazo se elevan, en promedio, a un 65% en caso de los hombres y un 62% para las mujeres. Actualmente el 22% de las pensiones en el sistema previsional chileno recibe una pensión total que se sitúa por debajo de la línea de la pobreza ($230.178).
Las pensiones son una preocupación para todos los países, más hoy donde se sitúa una baja tasa de fecundidad, avanzando en un sostenido envejecimiento de la población. Dadas las complejidades de las dinámicas demográficas y también de la sostenibilidad de un sistema previsional, los países adquieren modelos mayoritariamente mixtos, combinando diversas herramientas de rentabilidad. No hay un modelo que pueda resolver por sí solo el desafío de cubrir las necesidades de las personas en la etapa de inactividad laboral, estando muy presentes componentes de solidaridad o contribución directa del Estado.
La Reforma Previsional en debate no sólo busca incorporar componentes solidarios, sino también robustecer la contribución que realiza el Fisco, con el incremento del monto de la PGU y la ampliación de su cobertura, para que las personas mayores tengan hoy y en el futuro mejores pensiones de las que reciben actualmente por medio de las AFP.