Opinión
Imagen: www.subpesca.cl
Esta ley implica un nuevo rol de la gestión del Estado para la coordinación y articulación del sector pesquero, ya que otorga certeza jurídica sobre la tenencia a los pescadores artesanales y sus comunidades, además de asumir a las caletas como una unidad económica, productiva, social y cultural.
Finalmente, los pescadores de Caleta Sierra, ubicada en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, dejarán de vivir con el temor de ser desalojados. El jueves 4 de julio pasado, la Ley 21.027, conocida como “Ley de Caletas”, se puso en marcha como la pionera a nivel nacional. La norma permite que el Estado pueda expropiar los terrenos en donde se ubican las caletas artesanales.
En primer lugar, la ley promulgada el año 2017 define a las caletas como unidades productivas, económicas, culturales y sociales ubicadas en un área geográfica delimitada, en la que las organizaciones de pescadores artesanales titulares de las mismas, y sus integrantes, desarrollan sus labores habituales u otras relacionadas directa o indirectamente con aquellas.
De igual modo, la norma tiene por objeto regular las destinaciones y asignaciones de caletas artesanales; regular las ocupaciones irregulares en terrenos fiscales aledaños a las caletas artesanales y declara la utilidad pública de los terrenos privados en los que se sitúen caletas de pescadores artesanales señaladas en la ley y faculta expresamente al Ministerio de Bienes Nacionales para expropiar dichos terrenos.
Esta facultad expropiatoria permite que, mediante el rol articulador de este ministerio, se pueda dar cumplimiento a los objetivos de esta ley. También, la ley otorga la posibilidad al ministerio de transferir en dominio a los pescadores artesanales los terrenos fiscales aledaños a las destinaciones de las caletas, siempre que estos no se encuentren situados dentro de la faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral y cuya ocupación no haya sido regularizada mediante otro cuerpo legal.
Esta ley implica un nuevo rol de la gestión del Estado para la coordinación y articulación del sector pesquero, ya que otorga certeza jurídica sobre la tenencia a los pescadores artesanales y sus comunidades, además de asumir a las caletas como una unidad económica, productiva, social y cultural.
Cabe mencionar que la correcta ejecución de este tipo de leyes por parte de la administración se encuentra alineada con la directriz señalada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en su Cuenta Pública Presidencial, de alcanzar un desarrollo justo, resiliente y sostenible, así como con el compromiso presidencial de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género; es decir, con el compromiso de no solo mejorar la infraestructura portuaria, sino de que esta sirva al propósito de potenciar el desarrollo de las mujeres en el rubro pesquero.
Por otro lado, no es baladí señalar que la ley de caletas es la primera iniciativa legal que incluye de forma directa al Ministerio de Bienes Nacionales en la gestión de la zona costera, por lo que el éxito de su implementación, en lo que corresponde al ministerio, se asociará, inevitablemente, a las capacidades de este para asumir nuevas responsabilidades sobre esta zona.
En este sentido, podemos señalar que, en general, pero particularmente en lo que corresponde a la Ley de Caletas, el presupuesto asignado al ministerio será una señal clara de que existe la decisión política de que el Ministerio de Bienes Nacionales asuma la gestión integrada de la zona costera.
