Convivencia escolar y el rol de las universidades

La violencia se ha instalado en las comunidades educativas de Chile. Mensualmente uno de cada tres estudiantes sufre de acoso escolar y un 36% ha participado en riñas con sus compañeros. De acuerdo con las cifras de la ONG Bullying Sin Fronteras, Chile registró 28.500 casos entre 2022 y 2023, números que no alcanzan a revelar la magnitud y complejidad de un problema que afecta también a profesores, directivos, apoderados y a toda la comunidad educativa.

Los episodios de violencia dentro de la sala de clases en nuestro país han sido tan fuertes, que incluso han acaparado titulares en medios internacionales, como el brutal caso del estudiante de 11 años que fue golpeado y acosado por sus compañeros y que llegó hasta el diario El País de España.

Por todo lo anterior, cuesta entender el rechazo que en algunos sectores ha despertado la iniciativa del Gobierno de poner en marcha una Ley de Convivencia Escolar, la que precisamente busca generar mecanismos que permitan prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos. Claramente, la propuesta es perfectible, pero nadie puede desconocer que es una materia urgente que debemos abordar como sociedad sin dilación.

Particularmente, desde las universidades, este es un tema que nos preocupa, tanto por las profundas heridas que genera en las distintas capas sociales como porque no quisiéramos que los problemas que hemos visto a nivel de escuelas, liceos o colegios, se extiendan hasta las aulas universitarias.

Sabemos que los estudiantes de educación superior cuentan con mayor madurez y autorregulación emocional, pero nadie está hoy libre de la violencia educativa. Precisamente por ello, muchas casas de estudios tenemos unidades dedicadas a prevenir y tratar situaciones de conflicto.

Pese a ello, creo que la formación valórica, el respeto, el diálogo y la no violencia, deben estar presentes en la formación de los estudiantes de manera muy temprana, desde sus primeros años de escolarización, y ojalá padres y apoderados estén siempre conscientes de lo importante que es cultivar la buena convivencia.

Resulta clave también el rol de los profesores, quienes deben contar con los conocimientos y herramientas que les permitan educar en esta dirección, así como actuar adecuadamente en contextos de violencia.

De hecho, el proyecto de ley busca instaurar el desarrollo de Planes de Gestión de Convivencia Escolar, donde uno de los objetivos es la generación de estrategias y acciones de información, difusión y formación para la comunidad educativa. A ello se suma que la Superintendencia de Educación capacitará a los establecimientos educacionales en la implementación de los distintos procedimientos, con el objetivo de brindar asesoría técnica para asegurar la calidad metodológica de las acciones formativas.

Otro elemento central es la creación de la figura del “coordinador de convivencia escolar”, un profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica, con formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa, de jornada completa y con dedicación exclusiva.

Desde mi perspectiva, es clave que esta figura cuente con atribuciones que le permitan actuar. Esto es indispensable, porque deberían existir sanciones claras respecto de conductas como el acoso o el bullying, que van en contra de una sana convivencia al interior de los establecimientos educacionales. Sin embargo, debo decir que considero que esto no basta. Es indispensable que se implementen estrategias que comiencen desde la enseñanza preescolar, a través de actividades que promuevan la no violencia. Pensar en ello a partir de la educación media es muy tarde.

Otro aspecto relevante que aborda la normativa es la protección que se entregará a los funcionarios. Hemos conocido casos de agresiones a profesores por parte de estudiantes y apoderados, lo cual no se puede permitir.

Así, se establece en el proyecto que revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación, dentro o fuera del establecimiento educativo. Para ello, se fija además la obligación al sostenedor de proporcionar asistencia jurídica en los casos que corresponda y medidas para fortalecer la protección y erradicación del acoso sexual, laboral o violencia en el lugar del trabajo.

Por todo esto, espero que la coincidencia transversal que existe en torno a erradicar la violencia de la educación en Chile, pese más que las divisiones, ante una urgencia país que nos exige actuar ya, y con una participación activa de todas las comunidades educativas.