Opinión
La verdad es que no sé qué componente del sistema falló este fin de semana. Solo sé que fallo el sistema de seguridad pública y que, por ende, fallaron los responsables de su conducción y operación. Algo necesita cambiar, debemos pasar de estar en modo reacción a modo proactivo.
El fin de semana largo que termina no fue uno bueno para Chile. El Gobierno nos dice que estamos mejor que nuestros vecinos, lo cual es técnicamente correcto, pero se le olvidó decir que estamos mucho peor que hace un par de años. La realidad que ven los chilenos es la local y no la extranjera.
Que mueran acribillados cuatro adolescentes en Quilicura y cinco personas en una fiesta en Lampa no es algo normal. No es normal que suceda en Chile y no lo podemos aceptar como tal. Tenemos buenas policías. Si eso es correcto, ¿cómo es posible que masacres y asesinatos así de violentos ocurran? ¿Falló algo o simplemente estamos superados por la delincuencia y el crimen organizado? ¿Fallaron las policías o falló el sistema de seguridad pública?
Nosotros confiamos en nuestras policías, es cosa de ver los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, en que se midió la aprobación de las instituciones a fines de junio de 2024. La PDI saca el segundo lugar y Carabineros el quinto, de un total de 30 sobre los que se consulta. Lugares que, a pesar de uno que otro problema que han tenido, son bastante permanentes en el tiempo.
El rol constitucional de las policías queda muy bien indicado en el artículo 101 de la Constitución de la República, que dice: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública”.
Carabineros cuenta con una Ley Orgánica Constitucional del año 1990, que se ha actualizado en varias oportunidades. La esencia de lo que hacen se captura en su primer artículo, que indica: “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley. Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se vinculará administrativamente con éste, a través de la Subsecretaría del Interior”.
Por otro lado, la Policía de Investigaciones está regulada por un decreto ley (DL) de 1979, cuya última actualización que se registra, del 2023, en el artículo 1 bis, afina su propósito y la enfoca entre otras cosas en el crimen organizado. Lo que dice su DL orgánico actualizado respecto de su propósito es: “La Policía de Investigaciones de Chile, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, contribuyendo a evitar la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado. Además, deberá efectuar el control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el mismo y desarrollar otras funciones que le encomienden las leyes”.
Si se cumpliera lo que está en el papel, deberíamos estar en condiciones de manejar los males que actualmente nos aquejan. Más aún si tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las fronteras con el Perú y Bolivia; o en las provincias de la macrozona sur, en donde grupos insurgentes disputan el control del territorio al Estado de Chile. Pero sabemos que no es así.
Evidentemente las policías no están solas. Hay otras instituciones que también tienen un rol en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, como son Gendarmería, la ANI, el SII, la UAF, Servicio Médico Legal y Aduanas. Todas ellas merecen un capítulo aparte y una columna específica para evaluar lo que hacen, especialmente Gendarmería, por el hecho de que las cárceles han pasado de ser centros de reclusión a ser centros de mando y control del crimen organizado.
La falla o colapso del sistema, demostrada este fin de semana largo en Quilicura, Lampa y en otros puntos del país, nos lleva a preguntar si esa falla es del sistema como un todo o es específica en cuanto a las policías, al Ministerio Público que conduce las investigaciones, a los Tribunales de Justicia que podrían estar no siendo efectivos o, bien, a la conducción y responsabilidad política del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, o eventualmente del Congreso, si la falla tuviera su origen en la no aprobación de leyes necesarias para resolver nuestros problemas.
El principal problema es que no se mira la seguridad pública como un sistema, se la mira y atiende por partes, las que incluso podrían estar funcionando correctamente de acuerdo con su diseño. No se la considera parte de un sistema mayor que es la Seguridad Nacional. Algo que es de directa y exclusiva responsabilidad presidencial, pero que en Chile se delega en una ya muy sobreexigida ministra Tohá y el subsecretario Monsalve, los que no han sido capaces de operar exitosamente el sistema de seguridad pública por el cual son responsables. No los estoy acusando de un problema de actitud, simplemente de que no han sido efectivos a la hora de producir resultados.
La verdad es que no sé qué componente del sistema falló este fin de semana. Solo sé que fallo el sistema de seguridad pública y que, por ende, fallaron los responsables de su conducción y operación. Algo necesita cambiar, debemos pasar de estar en modo reacción a modo proactivo.
Puede que haya que gastar más recursos en el sistema como un todo y en cada uno de sus componentes, lo que para mí es un dato, pero mientras no le metamos ingeniería de procesos y tecnología, vamos a seguir sufriendo casos como la masacre de Quilicura, el recién conocido asesinato de cinco personas en Lampa, el asesinato de los carabineros en Cañete, y así muchos otros más.
Lo que estamos enfrentando exige tener una visión sistémica, que se plasma, en este caso, en un sistema de seguridad pública nacional, que es operado y coordinado por el ministerio respectivo, que maneja información y recursos; toma decisiones y decide acciones; y corrige o mejora el todo o sus partes, conforme no llegue a dar los resultados esperados.
Dada su complejidad, debe ser operado por ingenieros más que por abogados, médicos y cientistas políticos, los que claramente deben asesorar en lo que a ellos les corresponda, de acuerdo con sus especialidades, pero, por sobre todo, se requiere tener visión sistémica, entendimiento de procesos, sistemas complejos, de tecnologías de la información, incluyendo la inteligencia artificial, todas cosas que el crimen organizado, tal como indica en su libro Pablo Zeballos, ya aplica en su modelo de negocios.
Más de lo mismo no va a funcionar.
