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La paradoja de los sistemas carcelarios: un análisis crítico Opinión Archivo

La paradoja de los sistemas carcelarios: un análisis crítico

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Emiliano Arias
Por : Emiliano Arias Abogado, ex Fiscal Regional de O'Higgins, en investigación de tráfico de drogas, crimen organizado y corrupción.
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En Chile, estamos advertidos de lo que ocurrirá si no abordamos urgentemente los problemas de hacinamiento y seguridad en nuestras cárceles. Además, es fundamental mejorar las condiciones laborales de nuestros gendarmes, aunque ese tema merece un análisis aparte.


La paradoja implica una contradicción aparente. En el contexto de los sistemas carcelarios, esta paradoja se manifiesta cuando el encarcelamiento, en lugar de controlar la delincuencia, termina profesionalizando a los criminales y facilitando la formación de organizaciones delictivas al interior de los recintos penitenciarios. Es una ironía trágica que, al pretender controlar el crimen organizado encerrando a los delincuentes, terminemos fortaleciendo a estas organizaciones dentro de un sistema carcelario mal preparado para afrontar estos desafíos.

Una pena o medida cautelar de privación de libertad, como paso previo a una pena efectiva, tienen como objetivo disuadir a la sociedad de cometer delitos (prevención general) y evitar la reincidencia de los condenados (prevención especial). También sirven como reafirmación de las normas legales. Sin embargo, en el caso de los crímenes graves cometidos en el contexto de la criminalidad organizada, tanto la pena privativa de libertad como la prisión preventiva parecen agravar la situación en lugar de mejorarla.

Realidad carcelaria chilena

La situación en las cárceles chilenas es deplorable. La sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de seguridad adecuada y la corrupción crean un ambiente propicio para el desarrollo del crimen organizado. Informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Gendarmería y diversos informes de jueces de Garantía en sus visitas a las cárceles metropolitanas han corroborado estas condiciones, constatando la existencia de bandas criminales que operan en su interior, así como preocupantes fenómenos extorsivos al interior de las mismas.

Estas situaciones, por cierto, no son novedosas ni privativas de nuestras cárceles, sino que son un fenómeno propio y expansivo de la criminalidad organizada en todo territorio, incluidos aquellos en que los miembros de tales grupos se encuentran encerrados. Así ha ocurrido en todo país en el que se ha asentado este tipo de criminalidad y los ejemplos abundan. De hecho, existen tres organizaciones criminales de origen carcelario perfectamente identificadas:

Las Maras: Originadas en Los Angeles en los años 80, su fase carcelaria en Estados Unidos y El Salvador fue crucial para su evolución y expansión a nivel transnacional.

Primeiro Comando da Capital (PCC): Nacido en las prisiones de São Paulo en los años 90, el PCC se formó como respuesta a los tratos inhumanos en las cárceles y ha desarrollado una estructura que opera tanto dentro como fuera de ellas, incluyendo, por cierto, una fuerte tendencia a permear las instituciones encargadas de su persecución, así como su internacionalización.

Tren de Aragua: Esta organización venezolana es un ejemplo arquetípico de cómo las bandas criminales pueden evolucionar desde el control penitenciario a actividades transnacionales, acreditándose al día de hoy su existencia y operaciones en Norte, Centro y Sudamérica.

Una lección necesaria

La existencia del crimen organizado en un país parece conllevar casi inevitablemente el desarrollo de estas organizaciones dentro de las cárceles. La evidencia es clara: si no abordamos los problemas de nuestras cárceles, estaremos favoreciendo la criminalidad, al encarcelar a delincuentes peligrosos sin las medidas adecuadas de segregación y seguridad.

La verdadera paradoja no radica en las cárceles en sí, sino en los sistemas carcelarios que no se han adaptado rápidamente a la criminalidad organizada. En Chile, estamos advertidos de lo que ocurrirá si no abordamos urgentemente los problemas de hacinamiento y seguridad en nuestras cárceles. Además, es fundamental mejorar las condiciones laborales de nuestros gendarmes, aunque ese tema merece un análisis aparte.

Es imperativo que tomemos medidas ahora para reformar nuestro sistema carcelario. De lo contrario, seguiremos fortaleciendo a las organizaciones criminales en lugar de combatirlas eficazmente.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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