Opinión
Latinoamerica21
El patrimonio del empresario mexicano Carlos Slim (que supera los 100 mil millones de dólares) dobla la inversión anual en salud en México. Dicha concentración no es una casualidad, sino más bien fruto de una colaboración estrecha entre el poder económico y político en países de la región.
Contrario a la tendencia hasta fines del siglo XX, las últimas dos décadas evidencian una marcada concentración de la riqueza en manos de unos pocos, situando a Latinoamérica y el Caribe (LAC) como la región más inequitativa del planeta. Esto tiene enormes implicaciones para la salud y bienestar de la mayoría de sus habitantes.
En LAC, las fortunas de los dos hombres más ricos han crecido en un 70 % desde el inicio de la pandemia y equivalen a la riqueza conjunta de la mitad más pobre de la región, unas 334 millones de personas, según el reciente informe Econuestra de Oxfam. Por ejemplo, el patrimonio del empresario mexicano Carlos Slim (que supera los 100 mil millones de dólares) dobla la inversión anual en salud en México. Dicha concentración no es una casualidad, sino más bien fruto de una colaboración estrecha entre el poder económico y político en países de la región.
En países como Ecuador, los gobiernos han ido tomando pasos hacia la institucionalización de intereses privados en la política de salud y nutrición, permitiéndoles promover sus marcas, y dictar la estrategia de desnutrición infantil en el país. El gobierno de Daniel Noboa (heredero del imperio empresarial de Álvaro Noboa, con una fortuna estimada en más de 900 millones de dólares), ha decidido afianzar dicha estructura. En mayo de este año, su partido presentó un proyecto de ley que promueve beneficios fiscales a entidades privadas que presenten proyectos relacionados con desnutrición infantil.
Desde la perspectiva de determinantes sociales de la salud, el hecho de que estructuras de poder político y económico monopolicen la distribución (o en el caso de LAC, la concentración) de recursos, tiene un impacto significativo en la salud (o enfermedad) de la población. El control de los recursos por las élites políticas y económicas conlleva a que una buena parte de la población latinoamericana y caribeña no participe en la toma de decisiones sobre políticas y programas de salud ni pueda exigir una verdadera rendición de cuentas sobre los beneficios para la población.
En términos epidemiológicos, la región se enfrenta a un escenario complejo en el que debe enfrentar la creciente presencia de enfermedades no transmisibles (ENT). Se estima que las enfermedades cardiovasculares y los cánceres causan más del 82% de todas las muertes (comparado con un 10% por enfermedades transmisibles y un 8% por lesiones). Además, factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad se han expandido en la región, donde más de la mita de hombres (53%) y mujeres (61%) en edad adulta presentan sobrepeso. Un estudio en cinco países de la región encontró que la tasa de mortalidad por ENT tuvo una mayor incidencia en los países de bajos ingresos, como Nicaragua y Honduras.
En un contexto inequitativo, no sorprende que la población con menor riqueza sea la que sufre las más graves consecuencias. UNICEF calcula que cinco millones de niños en LAC sufre de pobreza alimentaria infantil (incapacidad para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en la primera infancia). La tasa de mortalidad infantil en LAC es cuatro veces mayor que en países de ingresos altos. Otro estudio reciente muestra que en países como Bolivia, Guatemala, Colombia y Paraguay, la mortalidad infantil es entre tres y cinco veces mayor en hogares en el quintil de riqueza más bajo, comparado con hogares en el quintil más alto.
Por décadas, los investigadores de la salud pública en LAC han documentado las inequidades en salud. Sin embargo, y con contadas excepciones, hasta hoy los esfuerzos en la región no han podido aún traducir dicha evidencia en establecer principios de equidad en políticas y programas de salud a nivel nacional y regional. Por el contrario, iniciativas como las de atención primaria en salud o cobertura universal se basan en buena parte sobre un modelo de atención biomédica (más curativo que de promoción de la salud o prevención de la enfermedad). En este contexto, no es de sorprender que LAC sea considerada como una de las regiones del mundo con un robusto “mercado hospitalario” contando con más de 20,000 hospitales.
Aunque el sistema hospitalario sea “robusto”, los presupuestos de salud en la región se ven agobiados por demandas predecibles, como la falta de agua potable y saneamiento, lo que lleva a la persistencia de enfermedades transmitidas por vectores (como dengue o Chagas) y otras enfermedades infecciosas. En el 2017, una de cada cuatro personas en áreas rurales y una de cada ocho en áreas urbanas de la región no tenían acceso a saneamiento básico.
Enfocarse sobre todo en la prestación de servicios médicos impide que los planes de salud pública en LAC sean más estructurales y multisectoriales. Si el propósito es reducir la inequidad en salud, se debe reducir la inequidad económica. Como sugiere Oxfam, uno de los pilares que sustenten sociedades más equitativas pasa por que quienes más riqueza poseen sean quienes más contribuyan a través de sus impuestos, y de que se anule la posibilidad de que dichas fortunas sean protegidas por esquemas opacos como los paraísos fiscales.
La creciente inequidad social en LAC requiere de esfuerzos concertados. La dolorosa experiencia de la pandemia del COVID-19 y el calentamiento global demandan respuestas inmediatas e integrales. Es urgente que gobiernos nacionales, entes regionales, y organizaciones de la sociedad civil unan esfuerzos para marchar hacia una sociedad más equitativa. Un primer paso es que poblaciones de grupos históricamente marginados (e.g., de bajos ingresos, que viven en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes) participen activamente en la toma de decisiones sobre políticas y programas dirigidos hacia la equidad en salud.
