Opinión
Avanzar en la reforma de los mecanismos de nombramiento puede ser en vano si no podemos dejar de lado los intereses de quienes concurren al nombramiento de autoridades y no ponemos por delante los intereses del país y de quienes lo habitamos.
La ya clásica idea de la separación de poderes promovida por Montesquieu buscaba limitar el ejercicio del poder, para que las autoridades no se corrompieran y así asegurar que quienes lo ejercen no busquen proteger sus propios intereses, sino el bien colectivo. Así, el filósofo y jurista planteaba que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”.
Con el tiempo, no solo han sido los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que requieren esta separación, sino otros organismos que buscan ser un contrapeso en el ejercicio del poder público y que requieren autonomía. En el caso de nuestro país, podemos encontrar casos como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, el Banco Central, el Ministerio Público, entre otros.
Hoy el debate se ha centrado en el lobby y posible tráfico de influencias en los nombramientos del Poder Judicial, pero, a decir verdad, este es un fenómeno que se extiende en todos los nombramientos de organismos autónomos, en donde más que primar las competencias y el mérito predominan las redes de poder, los vínculos familiares y afectivos, así como la capacidad de consenso político.
Se han propuesto varias alternativas para perfeccionar el sistema, pero avanzar en la reforma de los mecanismos de nombramiento puede ser en vano si no podemos dejar de lado los intereses de quienes concurren al nombramiento de autoridades y no ponemos por delante los intereses del país y de quienes lo habitamos. Cualquier paso en falso seguirá deteriorando la institucionalidad y la confianza en ella.
Evitar que los poderes del Estado y sus organismos autónomos se corrompan y sean cooptados por intereses que se alejan del bien común, requiere pensar en el rol que tienen todos los organismos autónomos y, en lo inmediato, preocuparnos por el nombramiento del contralor general de la República, que lleva 8 meses vacante, y preguntarnos si, en este caso y los futuros nombramientos, seguirán primando intereses políticos o seremos capaces de avanzar hacia la aplicación de criterios técnicos, objetivos y meritocráticos que, además, pongan la decisión en los intereses de las personas y no en quienes participan en el nombramiento.
