Opinión
AgenciaUno
Es necesario evaluar la enorme cifra de evasores que perjudican al Estado, y que de forma absurda solo se persigue con la espada de Damocles a los pequeños, mientras Goliat se llena las manos a vista y paciencia.
A fines de 2023 se tomó conocimiento de la mayor evasión tributaria en la historia de Chile. Según la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, se estima que los infractores habrían defraudado al fisco en más de 240 mil millones de pesos, en ilícitos cometidos a partir del año 2016 a la fecha.
Además, se destaca la existencia de 100 mil facturas ideológicamente falsas, que involucran a más de 300 contribuyentes y nada más y nada menos que a siete clanes criminales, sin contar con que se habrían creado más de 100 empresas ‘fantasmas” por parte de esta organización criminal. Las muestras estaban a la vista: 400 cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y divisas.
Mientras tanto, la recaudación por contribuciones subió un 17% en enero-abril, que alcanza a 730 mil millones de pesos. Este impuesto es sumamente atractivo por su fácil recaudación. Se entiende que esta suma va destinada en su mayoría al Fondo Comunal Municipal, pero debajo de este impuesto hay familias ahogadas, porque la inflación está obligando a racionar los gastos y los adultos mayores, a pesar de tener una rebaja, deben tributar hasta el fin de sus días.
Es necesario evaluar la enorme cifra de evasores que perjudican al Estado, y que de forma absurda solo se persigue con la espada de Damocles a los pequeños, mientras Goliat se llena las manos a vista y paciencia.
Otro caso que reventó con esquirlas fue el fraude al fisco por licencias médicas falsas por 700 mil millones de pesos, que habrían emitido 12 médicos extranjeros. Un golpe bajo a Fonasa, que también quedó debilitada con este verdadero mercado negro de licencias fraudulentas.
El sistema se está ahogando y la credibilidad de un servicio, antaño incólume, pende de un hilo. La respuesta es tajante: la transformación de raíz solo se dará con nuevas leyes, porque está claro que el fiscalizador necesita modernización y no vivir en una isla, donde se puede arriesgar a inundarse en la inoperancia.
Por eso esta investigación del Congreso Nacional invitó a diversas autoridades, donde se concluyeron importantísimos cambios a legislar. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, planteó una solución medular y es que sería esencial que los delitos tributarios estuvieran sujetos a una acción penal pública directa que permita la intervención del Ministerio Público. Actualmente, solo el SII tiene la facultad exclusiva de querellarse, por lo tanto, aunque el Ministerio Público tenga conocimiento de un delito, no puede investigarlo sin una querella del SII.
Otra esperanza en camino es el avance en la Ley de Inteligencia Económica impulsada por el Ministerio de Hacienda. El objetivo es fortalecer significativamente la capacidad del Estado para combatir el fraude tributario, donde se incluye inteligencia artificial.
Parar esta impune fuga y aliviar a los demás contribuyentes, podría ser una forma de hacer frente a esta imparable inflación.
