Opinión
Agencia Uno
Sin algún tipo de incentivo o consecuencia, ¿qué motiva a los ciudadanos, especialmente aquellos marginados por el sistema, a participar en un proceso que perciben como irrelevante para sus vidas diarias?
El diputado Gonzalo Winter argumenta que el voto obligatorio es “antipobres”. El exministro Giorgio Jackson parece compartir esta opinión, sugiriendo que el Estado, en lugar de convocar a la ciudadanía, la reprime con multas. Sin embargo, fue su sector el que en 2020 acusó a la derecha de hacer un cálculo electoral cuando rechazó el proyecto que reinstauraba el voto obligatorio.
Cuando Chile abolió el voto obligatorio en 2012, muchos celebraron la medida como un paso hacia una mayor libertad personal. Sin embargo, la consecuencia fue una disminución drástica en la participación electoral. En las elecciones municipales de 2012, esta cayó al 43%, un desplome dramático, especialmente en comunas de bajos ingresos como La Pintana y Cerro Navia, donde la participación se redujo a alarmantes 30.4% y 40%, respectivamente. Alejandro Corvalán, Paulo Cox y otros analizaron esa elección y su conclusión fue rotunda: votaron los más ricos.
R. Fuentealba (2014), en tanto, muestra que la eliminación del voto obligatorio en Chile ha llevado a una disminución significativa de la participación electoral en las comunas más pobres. Su análisis sugiere que esto se debe a una combinación de factores: menor percepción de eficacia política, barreras logísticas incrementadas y una disminución en la movilización política por parte de los partidos hacia los sectores más bajos.
Pero el problema para los más pobres no es solo que en sistemas de voto voluntario disminuye su participación, sino que, además, los candidatos y partidos tienden a enfocarse en las necesidades de los ciudadanos de mayores ingresos, agravando la situación.
Kay Schlozman, Sidney Verba y Henry Brady explicaban en 1998 que los individuos con mayores recursos son desproporcionadamente activos en la política, lo que puede llevar a una representación política que favorece de manera más que proporcional sus intereses. Esto resulta en políticas diseñadas principalmente para aquellos que más probablemente votarán, ignorando esencialmente las necesidades y preocupaciones de los sectores más pobres y menos participativos de la sociedad.
El argumento de Winter y Jackson sobre liberar a los ciudadanos de las multas suena noble. No obstante, es difícil ignorar el elefante en la sala: sin algún tipo de incentivo o consecuencia, ¿qué motiva a los ciudadanos, especialmente aquellos marginados por el sistema, a participar en un proceso que perciben como irrelevante para sus vidas diarias?
Este giro hacia la eliminación de multas parece ser una paradoja política que promueve la libertad de elección mientras pavimenta el camino hacia una mayor alienación y desencanto con el sistema político, le quita la posibilidad de expresión a los electores de menores ingresos y da incentivo a los partidos políticos para impulsar políticas públicas que beneficien solo a aquellos que sí votan. Decir, por lo tanto, que el voto obligatorio es “antipobres” es un error. Si este error es resultado de deshonestidad intelectual o de una conjura de los necios, no me cabe a mí juzgarlo.
