Opinión
Argumentar que estamos mejor que el vecindario es tan poco empático como decirle a un paciente con cáncer que esté tranquilo porque, al menos, no tiene metástasis. La verdad es que lo de Vallejo fue un verdadero autogol.
La frase que da la bajada a esta columna –“a matacaballo”– fue expresada por dos reputados políticos de nuestro país, que están a cargo de las comisiones parlamentarias que legislan en los temas de seguridad pública, un asunto de alta preocupación ciudadana, especialmente después de las dos masacres ocurridas en unos pocos días, y que nos hicieron recordar los tiroteos habituales que vemos por CNN en las escuelas de Estados Unidos o las matanzas de pandillas rivales en países como Venezuela, Colombia, El Salvador o Ecuador, un fenómeno delictual que observábamos de lejos, pero que hoy ya se instaló en Chile
¿Cuál fue el contexto de la poco afortunada frase de un diputado y un senador de la República? Al consultarles la opinión acerca de la propuesta del Ejecutivo, de ponerle suma urgencia al proyecto de infraestructura crítica, intentaron responder con una analogía su oposición a la idea. “No podemos legislar a matacaballo”, fue la sentencia. El significado de esa frase es “muy de prisa o atropelladamente”. Curioso el sentido del tiempo de los honorables, considerando que el proyecto fue presentado el 26 de noviembre de 2019, es decir, ¡hace casi cinco años! Para ser franco, si yo fuera parlamentario, al menos me habría dado vergüenza responder de esa forma.
Pero el “a matacaballo” es una buena analogía para explicar la reacción de la clase política ante los hechos ocurridos en Lampa y Quilicura –en un fin de semana hubo 17 asesinatos solo en la RM–. En primer lugar, el Gobierno reaccionó tarde, pareció más bien descolocado.
El interferiado dejó al descubierto que La Moneda no cuenta con un plan para enfrentar crisis mayores, más aún cuando sus principales figuras parece que se toman ese día de manera masiva. De hecho, durante las primeras horas, no existieron vocerías desde el Ministerio del Interior, ni tampoco de Justicia, lo que habría proyectado una sensación de control por parte del Gobierno.
La primera en referirse a los hechos fue Camila Vallejo, quien, pese a su habilidad como vocera, recurrió a una explicación que, más que tranquilizar, logró irritar no solo a la oposición, sino también a una parte del oficialismo. Argumentar que estamos mejor que el vecindario es tan poco empático como decirle a un paciente con cáncer que esté tranquilo porque, al menos, no tiene metástasis. La verdad es que lo de Vallejo fue un verdadero autogol.
Creo que la entrada a la cancha del Presidente, aunque algo tardía también, al menos puso la sensación de control. Los anuncios fueron integrales –punto a favor– y el proyecto de levantar el secreto bancario un buen golpe a la oposición, no obstante, la cárcel de alta seguridad –los medios más tradicionales se centraron solo en eso– pareció un recurso más bien efectista, para salir del paso, pero que, además de representar una solución a largo plazo, generó una ola de críticas tanto en la oposición como en el oficialismo.
En primer lugar, salieron los alcaldes de las comunas donde se supone que estará el recinto –pese a que no se especificó la comuna–, rechazando tenerla de vecina. La oposición argumentó que tener de huéspedes a 500 reclusos era como una gota de agua en el mar. Aunque, como en otras ocasiones, el diputado Alessandri puso la nota humorística al criticar –en una conferencia de prensa– que el Gobierno no hubiera especificado cuánto costaría el recinto. Ese había sido el único punto claro en el mensaje entregado por el Presidente el día anterior: costará 90.000 millones de pesos.
En el Frente Amplio –hoy partido– hubo caras de incomodidad en las primeras horas, por el temor a que el anuncio se interpretara como un giro a lo Bukele, pero luego vendría la jugada magistral del Partido Socialista. De manera sorpresiva, Insulza, junto a otros dos senadores, pidieron al Gobierno el Estado de Sitio para la RM. El anuncio no solo sorprendió al oficialismo sino que, además, descolocó a la oposición. Se quedaron sin repertorio y, de paso, fue una señal de que los partidos del conglomerado validarían cualquier medida que adoptara La Moneda.
Como señalamos antes, el Presidente Boric optó por combinar una serie de medidas, pero, además, se encargó de emplazar a la oposición con el proyecto del secreto bancario. Veo difícil que la derecha pueda oponerse ahora a la iniciativa, de lo contrario, el costo político será alto para ellos. En los días siguientes asumió nuevamente el liderazgo de la crisis la ministra Carolina Tohá, dejando claro que, en estas situaciones, es ella quien debe llevar la conducción política y comunicacional.
En paralelo, la ministra Secretaria General de Gobierno desapareció de la escena y, en el balance de la actuación del oficialismo, llama la atención la ausencia del ministro de Justicia, Luis Cordero, en la vocería, no solo porque estaba el tema de la cárcel en el temario, sino porque el abogado tiene carisma y es muy didáctico. Tal vez también se había pedido libre el 15 de julio.
En la oposición se resintió el golpe al secreto bancario, pero, además, cometieron el error de actuar a matacaballo y pedir la salida de toda la cúpula del Ministerio del Interior y anunciar una posible acusación constitucional contra la ministra Tohá. El mecanismo planteado por Republicanos hizo revivir el fantasma de los fracasos que han tenido en las cinco acusaciones constitucionales que han presentado bajo el Gobierno de Boric y que han terminado en el tacho de la basura. Además, dejó al descubierto que en la derecha las aguas están más que divididas. Chile Vamos fue rotundo en separarse de la idea de sus pares republicanos. La señal no es menor, a pocos días de que se cumpla el plazo para inscribir a los candidatos que irán en las elecciones de octubre.
Pero, más allá de la capacidad de reacción del Gobierno y la oposición ante la crisis que desató la seguidilla de crímenes masivos, lo que dejó en evidencia el episodio es que estamos a años luz de que nuestra clase política entienda la magnitud y el riesgo que implican los asesinatos de Lampa y Quilicura.
¿Por qué? Porque son incapaces de enfocar el problema como algo de Estado. Con recriminaciones mutuas, anuncio de acusación constitucional y proyectos de ley de todo tipo, estamos perdidos. Si ninguno de los alcaldes del país quiere tener una cárcel de alta seguridad en su comuna, si el Gobierno dice que “al menos estamos mejor” que otros para justificar el desastre, si Kast intenta apoderarse de que la idea de la cárcel de seguridad le pertenece, si Evelyn les dice a los candidatos del sector “prometa nomás, prometa”, si La Moneda no define una estrategia robusta –que incluya lo comunicacional– o nuestros senadores consideran que “legislar a matacaballo” corresponde a cinco años, es que estamos en un problema mayor.
