Opinión
Las malas regulaciones urbanas, al ser negligentes en su deber de proteger a la población y el entorno natural, se convierten en un peligro latente que cobra vidas humanas y amenaza la diversidad biológica de nuestro entorno.
Las ciudades que abrazan la primacía de la vida y la biodiversidad en sus normativas urbanas, despliegan un entramado de políticas y estrategias destinadas a tal propósito.
Estas iniciativas no solo surgen como un incentivo para enriquecer la existencia de sus habitantes, sino también erigen barreras de resiliencia ante la embestida de desastres naturales y emergencias.
Sin embargo, detrás de este anhelo se cierne una sombra desalentadora, marcada por la falta de preeminencia entre la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, los Planes Reguladores Urbanos/Interurbanos, las áreas de manejo forestal-pesquero, los límites costeros y los barrios industriales, entre otros.
A pesar de los importantes esfuerzos de la Contraloría General de la República por establecer parámetros y jurisprudencia en la concesión y revisión de permisos de edificación, emerge con crudeza una disparidad y falta de claridad en la fundamentación de muchas autorizaciones.
Esta brecha no solo favorece a quienes poseen información privilegiada para reinterpretar u obviar regulaciones específicas, sino también permite que el desenlace administrativo quede en las manos de las municipalidades.
Los tristes episodios de incendios forestales (febrero 2024) y los socavones en Concón, además de compartir su domicilio en la Región de Valparaíso, revelan una superposición conveniente de instituciones y normativas que, en sus interacciones, han amenazado la vida de muchas personas, con proyectos urbanos débilmente ponderados.
Más allá de las intenciones humanas detrás de ambos sucesos, es innegable que la falta de una visión a largo plazo en la inversión de infraestructura pública y un compromiso genuino con la conservación de la biodiversidad podrían haber trazado caminos diferentes en estas historias.
Los incendios fatídicos que cobraron 137 vidas y 16.000 damnificados, desnudan la incapacidad de las instituciones para autorizar la construcción de hogares que no respetan una franja libre de vegetación, el control de fuentes inflamables y el resguardo contra el fuego, medidas que podrían haber contenido la voracidad de la combustión de las llamas.
A su vez, el fenómeno del socavón en Concón es un recordatorio patente de la carencia de una estrategia nacional que regule la zona costera, definiendo allí una interacción equilibrada entre la estructura de edificaciones y la línea de las olas.
Esta falta de visión desafía los cánones científicos de las áreas costeras, llamando a establecer una supremacía científica en la protección del borde marítimo, que se alce sobre cualquier consideración urbanística, resguardando la riqueza de dunas, humedales y ecosistemas interlitorales.
Las malas regulaciones urbanas, al ser negligentes en su deber de proteger a la población y el entorno natural, se convierten en un peligro latente que cobra vidas humanas y amenaza la diversidad biológica de nuestro entorno.
En este sentido, emerge la necesidad de instituciones modernas que avancen en normativas fieles al conocimiento científico como fundamento para la planificación territorial.
Además, es imperativo replantear y fortalecer las regulaciones urbanas con una primacía en la vida y el medio ambiente.
Así, el hecho de permitir construcciones inseguras, zonificaciones inapropiadas y una falta de consideración por los ecosistemas locales, desencadenará consecuencias devastadoras que no solo impactan en la pérdida de vidas, sino también en la alteración y degradación del equilibrio ambiental.
