Opinión
El Gobierno, como autoridad central, debería reducir la resistencia que tiene la comuna de Santiago, al verse “perjudicada” con esta medida, compensándola mediante un esquema que reparta los costos implicados.
La externalidad negativa de tener una cárcel dentro de la comuna podría asemejarse, al menos en parte, a tener un vertedero de basura. Todas las comunas la necesitan o demandan su servicio, pero nadie lo quiere cerca.
El problema, entonces, es cómo distribuir el costo de tener una cárcel entre todas las comunas. Para cada una de ellas, la ubicación ideal sería que la cárcel estuviera fuera de su territorio, pero no excesivamente lejos. Esto supone un conflicto cada vez que se discute la apertura de una nueva cárcel.
Una vez que se define su tamaño óptimo de una cárcel, considerando variables económicas, logísticas, operativas y de administración, la ubicación de la misma estará sujeta a la disponibilidad de terreno técnicamente adecuado y suficientemente amplio como para minimizar las externalidades negativas que se producen en los barrios inmediatamente aledaños y, por extensión, en la comuna afectada.
A priori, en términos de costo de terreno, por ejemplo, la gradiente de precios hace que este sea más caro en la medida que se acerca al centro o a los centros relevantes de la ciudad, y su uso alternativo en términos productivos, son factores que sugerirían la no conveniencia de establecer una cárcel en territorio urbano central, aun si hubiese disponible –cosa muy poco probable– un terreno lo suficientemente grande.
En la problemática actual acerca de la ubicación de una cárcel de alta seguridad, la discusión entre Gobierno y municipios sobre su ubicación ha estado incompleta en lo que se refiere a los elementos que harían de la misma un tema “más abordable”.
El Gobierno ha comunicado que la cárcel se construirá en la comuna de Santiago y consistirá en una ampliación del recinto Santiago 1 hacia predios adquiridos con ese fin el año 2011. La explicación que se ha dado apunta a seguir desarrollando esta área que, en palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, “es una zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario”.
Si bien esta lógica podría ser razonable, en el sentido de que la comuna de Santiago ya ha asumido, por decirlo así, una parte importante de este costo fijo, y que existe la disponibilidad de terrenos aledaños (comprados con sobreprecio, pero eso da para otro tema), lo que no se ha hablado es de compensar debidamente a la comuna por dicho “servicio general” al resto del Gran Santiago.
El Gobierno, como autoridad central, debería reducir la resistencia que tiene la comuna de Santiago, al verse “perjudicada” con esta medida, compensándola mediante un esquema que reparta los costos implicados, de tal forma que la comuna afectada pueda destinar estos recursos a “combatir” las externalidades negativas. En dicho esquema, incluso, podría incluirse al resto de las comunas como pagadoras, al menos de alguna parte del costo.
En el caso en que la disponibilidad de terrenos adecuados esté más restringida, ciertamente que la periferia tiene “ventajas”, pero con las debidas compensaciones. ¿Hospital por cárcel? Puede ser.
¿Una cárcel de alta seguridad en Vitacura? Sería impensable. Presumiblemente, comunas más ricas podrían estar dispuestas a asumir parte del costo con tal de no verse obligadas a tener una cárcel, mientras que comunas más pobres o con terrenos disponibles de menor valor podrían estar dispuestas a asumir el costo de tener una cárcel y analizar “la oferta” conjunta de la autoridad central y del resto de los municipios.
