Opinión
El Gobierno del Presidente Boric hace tiempo quiere tener chipe libre en lo que a empleo de las Fuerzas Armadas se refiere, pero lo quiere hacer sin tener que pedir permiso cada 15 días, como es el caso de los Estados de Excepción.
Recientemente, el senador José Miguel Insulza planteó la necesidad de usar las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado bajo la figura legal de Estado de Excepción Constitucional de Sitio, figura que a los pocos días –y después de una reunión con la ministra del Interior y Seguridad Pública– cambió por su posible uso bajo lo que se conoce como “infraestructura crítica”.
Para los no expertos en la materia, el Estado de Sitio es un Estado de Excepción Constitucional que, como bien indica su nombre, es excepcional y no permanente, como podría ser el caso en que se quiera usar para apoyar en forma más prolongada a las policías en acciones anticriminales.
El Estado de Sitio impone más restricciones que las que trae un Estado de Emergencia, que es el que se usa en la macrozona sur. Está diseñado para situaciones de guerra interna o de grave conmoción interior y, por ende, permite a quien está a cargo aplicar una mayor restricción de libertades y de garantías constitucionales. Al igual que el Estado de Emergencia, no está diseñado para combatir criminales, pero sí permite el empleo de la fuerza militar (si bien es cierto los Estados de Excepción están regulados en la Constitución que nos rige actualmente, para más información en la materia se recomienda ver la Ley Orgánica Constitucional que los regula).
Se entiende que lo que el senador Insulza tenía en mente era el uso de la fuerza militar para dos propósitos: dar tranquilidad a la opinión publica por la vía de una presencia militar en las calles y apoyar a las policías en el combate al crimen organizado.
La aplicación del remedio del tipo Estado de Sitio permite quizás cumplir con lo anterior, pero trae como costo colateral la restricción de las libertades y garantías constitucionales y, además, exige un contingente militar que no tenemos. El Ejército de Chile del presente ya no es alto en soldados, como era el de antaño. Es alto en tecnología y bajo en personal. Ya no es un Ejército alto en conscriptos, los que –por cierto– no están entrenados para labores de seguridad pública. Tampoco está alto en soldados de tropa profesional, alternativa diseñada hace unos años que no ha resultado tan exitosa, debido a que la oferta laboral que se hace no es tan atractiva.
Estoy seguro de que la ministra Tohá le ordenó los pensamientos al senador cuando se reunieron y revisaron el tema. Ella de seguro le dijo que era mejor el uso de las Fuerzas Armadas bajo la figura de infraestructura crítica, que ya está en la Constitución, pero sin la ley que lo operacionaliza.
El Gobierno del Presidente Boric hace tiempo quiere tener chipe libre en lo que a empleo de las Fuerzas Armadas se refiere, pero lo quiere hacer sin tener que pedir permiso cada 15 días, como es el caso de los Estados de Excepción. Para ello tomaron el proyecto de infraestructura crítica que se levantó en Piñera 2 para emplear a las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica, de modo de evitar lo ocurrido en las protestas que se desarrollaron en el llamado “estallido social”, donde se afectaron, entre otras, las estaciones de Metro, transporte público, oficinas de Gobierno y, en más de algún caso, instalaciones de generación y transmisión de energía eléctrica.
El actual Gobierno está empleando las fuerzas militares en apoyo de las policías en las fronteras con el Perú y Bolivia, bajo la figura de infraestructura crítica. Lo lograron al colocar en la enmienda constitucional un párrafo que además permite su uso en fronteras, siendo que claramente no son infraestructura crítica, y lo hacen porque se les permitió regular el uso de las instituciones de la Defensa por la vía de decreto, algo que solo era para seis meses y que claramente lleva mucho más.
Se debe entender que las Fuerzas Armadas no están diseñadas para realizar labores policiales. Dicho eso, no quiere decir que no las puedan apoyar en forma extraordinaria y para fines específicos. Recientemente, el general (r) Enrique Bassaletti indicó que, tal como las policías en caso de guerra externa apoyaban a las Fuerzas Armadas, él esperaba que lo inverso ocurriera con el apoyo a las policías. Lo que indica es de sentido común, pero hay que asegurarse de que la idea no termine siendo un desastre, lo que de seguro ocurriría si es que su uso no queda claramente regulado por ley, como también el empleo de la fuerza que estas tienen. Estamos llenos de casos de soldados que están en proceso o condenados por usar su armamento, siguiendo las instrucciones del Presidente.
Entendiendo que el uso de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías es algo que más temprano que tarde va a ocurrir, es que se debiera consagrar lo siguiente:
Finalmente, y para cerrar, si este tema no se ve en forma profesional no va a resultar. Está claro que necesita apoyo político transversal, pero el uso y la forma de uso –por favor– que se los dejen a los profesionales en la materia. Que los políticos aseguren la existencia de las leyes y el presupuesto, pues con eso ya estarían ayudando mucho y, por sobre todo, no les quiten el piso a los que van a hacer la pega de combatir al crimen organizado, ya que, si lo hacen, no hay más que eso.
