Elecciones en Venezuela: ¿Maduro y oposición en la encrucijada?

Unos 21 millones de venezolanos podrán votar en la crucial elección presidencial de mañana, tanto a nivel nacional como del extranjero. Pese a que hay 10 candidatos en la boleta, los verdaderos contendores son Nicolás Maduro (2013-2024) –quien buscará un tercer mandato desafiado por una oposición unida (incluyendo el Partido Comunista)– y el diplomático Edmundo González Urrutia –en reemplazo de la vetada María Corina Machado–, quien tratará de sacar provecho del desgaste de 25 años de gobierno chavista, inaugurado tras una profunda crisis del sistema de partidos venezolano.

Es preocupante, una mala señal, que el Gobierno de Maduro haya “desinvitado” como veedor al expresidente de Argentina Alberto Fernández, o que no asistan veedores del Tribunal Electoral Superior de Brasil, tras una polémica con Maduro. Es claro, en todo caso, que el modelo presidido por Nicolás Maduro (61), como heredero de Chávez, de quien ha asegurado recibir mensajes y apariciones de este, ha entrado en un proceso de deterioro/descomposición que ha transparentado problemas crecientes que lo limitan para gobernar y que lo podrían hacer perder la elección del domingo.

Las razones son varias. Primero, una grave y persistente crisis económica (agravada por las sanciones de EE.UU.), que empezó a tocar fondo el año 2013. Si bien este año 2024 se augura un buen comportamiento económico, el peso de años anteriores sigue golpeando.

De acuerdo con Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, “la contracción económica entre 2014 y 2021 fue de más de 70%”, mientras que la producción de petróleo (un 87% de los ingresos del Estado) bajó, desde que asumió el presidente Maduro (2013), de un promedio de 2,4 millones de barriles diarios a solo 895.000 barriles en el 2023.

El Gobierno culpa de este deterioro productivo a las sanciones impuestas por EE.UU. desde 2017 al sector energético, pero no menciona la mala gestión o la corrupción. Un ejemplo de ella es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que dice que Venezuela está entre los cuatro países más corruptos del mundo junto a Sudán del Sur, Siria y Somalia.

La negativa cara económica ha impactado brutalmente en el bienestar de la población, con un ingreso mínimo integral de solo US$ 130, que ubica a Venezuela entre los países con peores salarios mínimos de la región, solo por encima de Cuba y Haití. Esto ha provocado una gran pobreza multidimensional, la que llegó al 51,9% en 2023, de acuerdo con Encovi (aunque ha bajado, está 12 puntos por encima de la registrada en 2014).

Esto ha redundado en un gran descontento social, como lo constata el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que registró más de 400 protestas por fallas de electricidad. Más importante ha sido la crisis migratoria/humanitaria, debido a la cual cerca de 8 millones de venezolanos han salido del país en busca de un futuro, impactando de forma directa tanto a los países vecinos como a países más alejados como Chile, México o EE.UU.

También ha surgido una disputa institucional del poder no solo presidencial, entre lo que Stuart Hall llamó un “populismo autoritario”, representado por Maduro, y una oposición multicolor presidida por la dupla González-Machado, que busca por la vía electoral una democratización y reinstitucionalización del país, dejando “atrás” el golpismo instigado por sectores conservadores dominantes del pasado y apoyado por EE.UU.

Aunque el presidente Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) todavía guardan cierto respaldo popular, la mayoría de las encuestas vaticinan la derrota de este régimen instaurado principalmente sobre el ámbito militar como base, pero manteniendo las bases bolivarianas en los asuntos de la democracia formal.

Maduro lleva 11 años en el poder tras la muerte del presidente Chávez y ser electo dos veces en comicios cuestionados desde la oposición y varios países, los que denuncian violaciones a los DD.HH. y de la libertad de expresión. Un dato al respecto es que Venezuela aparece en el puesto 156 de 180 en el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, y el Colegio de Periodistas señala que más de 400 medios han cerrado en los últimos 20 años.

No olvidemos que, tras el triunfo en las elecciones parlamentarias de 2015, la oposición se enfrentó a numerosos obstáculos, que descarrilaron su intento de convocar un referendo revocatorio contra Maduro. Eso llevó a un período de intensas protestas en las calles y a una desmovilización para las presidenciales de 2018, en las que la oposición (fraccionada en intereses) decidió no participar, al considerar que no había garantías de unas elecciones libres y justas por la inhabilitación de partidos y líderes.

En 2021, la UE elogió mejoras en el sistema de votación, pero señaló varias irregularidades, lo que llevó a Maduro a tachar a los observadores de “enemigos” y “espías”. Ahora, los Acuerdos de Barbados, firmados por el Gobierno y la oposición en octubre de 2023, abrieron un camino para transitar a la normalización democrática. Estos acuerdos incluyeron garantías electorales, así como “la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley”.

Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno ha reiterado que se respetan “las reglas del juego y la democracia”, el acuerdo de Barbados llega “rayado”, porque el propio presidente Maduro lo dio por superado, mientras la oposición insiste en su vigencia (no hay consenso).

A ello se suma que el Gobierno desde un principio intentó limitar la participación opositora a través del veto de candidatos, con llamados a la abstención y con campañas de miedo. Maduro dijo que “si no quieren un gran baño de sangre… garanticemos el más amplio triunfo”, además de la detención de opositores, el bloque de medios de prensa y señales internacionales, etc.

Cuando un régimen tiene una grieta interna profunda y ha perdido el reconocimiento de una parte sustancial de la comunidad internacional, el resultado de esta elección no solo tiene repercusiones internas, sino también regionales y sobre todo en las relaciones con EE.UU., Brasil y Colombia, en especial si el escrutinio termina disputado o desconocido.

Lula, articulador de una salida pacífica al clivaje venezolano, ha confrontado a Maduro por la inhabilitación de Machado y luego por sus declaraciones si pierde: “Maduro tiene que aprender. Cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas”, declaración que recibió el apoyo del Presidente Boric. Por cierto, es lamentable que Chile, conociendo el tema transicional, no haya tenido un rol más preponderante en estos comicios que afectan a toda la región.

Al final, y concordante con el respeto del resultado, sea cual sea, lo sustantivo en estas elecciones es construir garantías y un marco para un proceso transicional, tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro, al proponer que se acordara simultáneamente un plebiscito/cronograma para establecer “un pacto democrático” en que todos tuvieran “certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener”, en un mensaje dirigido tanto al oficialismo (en especial a las FF.AA.) como a la oposición, donde todos deben ceder para consensuar un camino transicional que permita superar la grieta venezolana.