Opinión
Es necesario eliminar los mecanismos de control que se encuentran obsoletos o se duplican. En otras palabras, se requiera una “poda” burocrática. Debemos eliminar todos los registros físicos de documentos, debemos modernizar las plataformas.
A San Francisco de Sales, en el siglo XVII, se le atribuye frase popular: “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. Muchas regulaciones nacen de buenas intenciones, abordando temáticas necesarias y, sin embargo, en la práctica terminan ahogando la gestión de las escuelas. A modo de ejemplo concreto, la Circular N° 586 sobre “Obligaciones y deberes de los establecimientos para la inclusión, atención integral y protección de niñas y niños autistas en el ámbito educacional”, contempla como una de sus exigencias que cada establecimiento debe contar con un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual para los estudiantes dentro del espectro autista, el cual debe ser personalizado, individual y trabajado con la familia, debiendo describir los factores identificados como gatillantes de una situación desafiante y las medidas de respuesta aconsejadas.
Este plan es individual para cada niño. Por tanto, cada escuela deberá tener tantos planes como niños con espectro autista tenga. Adicionalmente, es necesario contar con un protocolo de respuesta y atención, que se suma a los otros múltiples protocolos y reglamentos que los colegios deben tener,para múltiples temas de acoso, convivencia, situaciones académicas, etc.
En lo personal, estoy muy a favor de que la inclusión de los niños dentro del espectro autista debe ser trabajada. Sin embargo, considero que estamos ahogando a los colegios con requerimientos de planes, protocolos, reglamentos y múltiples normativas para distintas temáticas, en lugar de otorgarles apoyos o herramientas concretas que permitan realmente abordar los casos de la manera que necesitan.
Si salimos del ejemplo mencionado y tratamos de dimensionar el fenómeno, nos encontraremos con que de 2013 a la fecha se han dictado, sólo en la Superintendencia de Educación, 70 Dictámenes, 33 Circulares, 91 Resoluciones y 46 Oficios que tienen que cumplir los colegios, un total de 240 documentos, cada uno con varios elementos a cumplir en un plazo de 11 años.
Por otra parte, si revisamos las obligaciones establecidas para cada uno de los procesos escolares, nos encontramos con el siguiente panorama: (i) Admisión: 142 obligaciones, (ii) Formación y Convivencia: 432 obligaciones, (iii) Gestión de Recursos: 595 obligaciones, (iv) Gestión Pedagógica: 337 obligaciones, (v) Infraestructura y Seguridad Escolar: 619 obligaciones y (vi) Liderazgo: 619 obligaciones relacionadas.
Es decir, un total de 2.744 obligaciones, lo cual, a todas luces parece ahogante y excesivo.
Liderazgo pedagógico y labores administrativas
El Mineduc, independientemente de la gestión de turno, no funciona bajo una lógica que busque solucionar problemas de la Escuela. Las escuelas perciben al Ministerio y el Estado más como una complicación (asociada a fiscalizaciones, multas, protocolos, exigencias, etc.) que como un apoyo para su labor educativa. Las instituciones estatales de educación pierden el foco, preocupándose mucho de normativas que no aportan a lo propiamente educativo. En nuestro ejemplo, el control burocrático que realiza la Superintendencia de la Educación es excesivo y asfixiante.
La Fundación Educación 2020 elaboró en junio de 2018 un informe titulado “Menos carga administrativa, más calidad educativa”. En este trabajo, se concluyó que el 74% de las personas consultadas (directores y líderes educativos) destina entre un 40% a un 80% de su tiempo laboral en a tareas administrativas. Y no se trata de un estudio aislado: la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales viene realizando desde 2014 la encuesta “La Voz de los Directores”. En los resultados de la encuesta del año 2022 -focalizada en los directores(as) de la Nueva Educación Pública- se señala como tercera mayor preocupación la sobrecarga de trabajo administrativo.
Lo anterior no es sólo una tendencia en Chile, es algo que se ha ido extendiendo en distintas latitudes. Existe basta literatura internacional que da cuenta de lo sobrepasados que se encuentran los líderes escolares, al verse obligados a destinar mucha energía a tareas administrativas, contando con poco tiempo disponible para el liderazgo instruccional y el apoyo a la enseñanza. También existe literatura internacional que refleja que los líderes de las escuelas tienen hoy una tarea más compleja que en el pasado, y esta creciente complejidad afecta su práctica escolar.
En ese contexto de complejidad de la labor directiva, es fundamental que el Mineduc se transforme en un aliado de los directores, que los apoye en su difícil tarea de liderar las escuelas, más que en una barrera que sobrecarga de problemas burocráticos y administrativos. Necesitamos reducir los obstáculos para que los líderes de las escuelas puedan desplegar su liderazgo pedagógico y gestionar proyectos que agreguen valor a la formación de los estudiantes, en lugar de estar absorbidos por labores administrativas innecesarias o que agregan poco valor a la formación de los estudiantes.
Esto no quiere decir que no sea necesario contar con una normativa clara, que garantice el buen funcionamiento de los establecimientos y el bienestar de las comunidades educativas. Sin embargo, existe una delgada línea que separa la regulación adecuada de los mecanismos de control excesivos. Como dice el dicho popular: “a veces, menos es más”.
¿Qué hacer?
Lo primero: Es necesario cambiar el paradigma del Mineduc y de las instituciones educacionales del Estado, a fin de avanzar desde una lógica de entes sobrereguladores (la educación chilena pasó de la desregulación a la sobreregulación), a una lógica de apoyo a las escuelas. El Mineduc, en términos generales, ha mantenido una agenda desacoplada a las necesidades de gestión de las escuelas: es necesario acercar las sensibilidades de las escuelas a la gestión del Estado.
Es necesario que el Mineduc tenga “ojos de escuela”, facilitando los procesos y entregando los apoyos que las escuelas necesitan.
Lo segundo: ¿Cómo simplificamos la carga burocrática y disminuimos la sobreregulación? Es necesario revisar las normativas a fin de determinar cuáles realmente están agregando valor a los aprendizajes y a la formación de los estudiantes. Muchas normas surgen, con buenas intenciones, a partir de casos emblemáticos o icónicos, pero terminan convirtiéndose en una carga administrativa excesiva.
Es necesario eliminar los mecanismos de control que se encuentran obsoletos o se duplican. En otras palabras, se requiera una “poda” burocrática. Debemos eliminar todos los registros físicos de documentos, debemos modernizar las plataformas.
Es necesario reducir la solicitud de información por parte del Estado, de forma que toda información que ya esté en alguna plataforma, no se solicite nuevamente para otro fin. Es decir, promover reingeniería integral al ecosistema de normas que se relacionan con la escuela.
En resumen, lo que se debe buscar es que el tiempo y la energía de los directivos de las escuelas se focalice en liderar pedagógicamente éstas, con un foco en la formación de sus estudiantes. Evidentemente, siempre existirán labores administrativas, pero deben ser las justas y necesarias, es decir, las mínimas posibles para conseguir los objetivos planteados.
El ente regulador no puede operar bajo la lógica de generar un sinnúmero de dificultades administrativas producto de disposiciones políticas mal planificadas.
Por último, no es posible desconocer que, evidentemente, existe burocracia interna de las escuelas. Sin embargo, ese no es el foco de esta columna, que se centra en la burocracia del regulador. Si en los años 90s nos encontrábamos en un extremo de desregulación total, en virtud del cual el Estado confiaba ciegamente en el gestor escolar, hoy nos hemos movido al otro extremo del péndulo.
A modo caricaturesco, la lógica actual pareciera ser la siguiente: usted -gestor escolar- es sospechoso y debe demostrar lo contrario. Todos los instrumentos de fiscalización operan a partir de la desconfianza. Por tanto, usted -gestor escolar- debe invertir su tiempo y energía en acreditar que no infringe la ley, aunque el Estado no tenga prueba alguna de lo contrario (la carga de la prueba recae en el acusado).
