Opinión
La eliminación de la multa nos convierte en uno de los sistemas de votación obligatoria más laxos del mundo.
Ad portas de las próximas elecciones, el oficialismo transformó la reforma constitucional que reincorporaba el voto obligatorio en una declaración de papel. La eliminación de la multa nos convierte en uno de los sistemas de votación obligatoria más laxos del mundo. Frente a este escenario -y tras críticas a su sector-, el gobierno anunció un veto presidencial aditivo para reponer la multa. ¿Qué reflexiones admite este escenario?
Primero sobre las motivaciones del oficialismo. Más allá de la débil argumentación que se ha escuchado en estos días, como por ejemplo la intervención del diputado Gonzalo Winter: “la multa sería antipobres”. Lo que hay detrás es menos absurdo, pero a su vez más inmoral: un bochornoso cálculo electoral. Las últimas elecciones con voto obligatorio no han dado resultados favorables para el oficialismo y el temor los condujo a alterar las reglas para mitigar su posible derrota.
Segundo y que permite dar contexto a estas motivaciones: la incorporación de un nuevo electorado tras la inscripción automática y el voto obligatorio. Este elector es muy distinto al que usualmente concurría en las urnas: son personas menos ideologizadas, con niveles más bajos de interés en la política y de menor fidelización, por lo que presentan mayor volatilidad. El oficialismo ve con preocupación que el escenario político -crisis de inseguridad y estancamiento económico – decante en un voto masivo por ideas relacionadas con partidos de oposición. Y una vez que un elector decide apoyar a una posición política, su probabilidad de que mantenga dicha inclinación aumenta. Si esto se repite de forma recurrente, puede afianzar la fidelización del electorado con posiciones cercanas a las derechas.
Lo tercero, y más importante: los problemas del voto voluntario por fuera del cálculo electoral. Chile pasa por una crisis de representación, y la baja participación electoral con voto voluntario, no es el origen, sino una consecuencia de esta situación. Sin embargo, asumir esta relación no significa ignorar que la baja participación también sea un problema. Cuando se instaló el voto voluntario la participación disminuyó alrededor de un 30-40% y con la reincorporación de la obligatoriedad volvió a aumentar en un 35%. Esta diferencia no es trivial, dado que la intersección entre voto voluntario y un sistema más atomizado con partidos débiles, profundiza una de las tendencias más complejas de nuestro sistema político: la política de nichos y el personalismo. Quienes más participan con voto voluntario son sectores socioeconómicos medios y altos. En cambio, los sectores más bajos -relacionados con este nuevo perfil electoral- participan menos bajo estas condiciones. Por eso cuando el voto es obligatorio, el político debe considerar más perspectivas y abogar por ideas que representen a todos los actores de la sociedad. El voto voluntario promueve sesgos de selección. La política se concentre solo en quienes tienen más probabilidades de votar, lo que profundiza la exclusión de sectores vulnerables.
La irresponsabilidad del oficialismo no se da solo por la inmoralidad y el irrespeto flagrante al Estado de Derecho en cambiar las reglas del juego a pocos meses de las elecciones, sino también, porque un voto obligatorio sin fuerza, puede terminar por propiciar un efecto nocivo en la democracia y agregar tensiones innecesarias en nuestro país.
