Opinión
Crédito: EFE
Es necesario que la oposición cure sus heridas sin renunciar a la unidad alcanzada y, desde luego, aún queda el expediente de las auditorías a las actas, si efectivamente pudieron obtenerlas. Mientras, desde el sur del mundo habrá que prepararse para recibir nuevas migraciones en busca de esperanza.
En la galaxia informática se entiende un bucle como una serie de instrucciones ejecutadas de manera repetitiva, hasta que se cumpla una condición dada o se detenga físicamente el proceso. Una exacerbación del mismo, sería el bucle infinito que implica un error de programación que deriva en un ciclo repetido incesantemente, ya que la condición para finalizarlo sencillamente nunca se cumple.
Durante la última década, millones de venezolanos se han sentido atrapados en un bucle de permanentes negociaciones entre el Gobierno y la oposición, que acuerdan dirimir sus diferencias por medio de elecciones en las que el resultado siempre es al final el mismo: el oficialismo se aferra al poder “por las buenas o por las malas”, como dijo Nicolás Maduro en febrero último, sentencia confirmada a la luz del resultado de 51% de las preferencias para su candidatura contra el 44% de la oposición, después de interminables 6 horas de cierre de las mesas de sufragio.
Se repite un ciclo político que ha sido más o menos idéntico: 1) repunte de la conflictividad y caída de la economía favorecen el diálogo facilitado por actores externos; 2) la oposición se fracciona entre partidarios y detractores de pactar con el chavismo; 3) durante las negociaciones amainan las tensiones, por lo que la conflictividad disminuye; 4) se levanta el diálogo sin completar todos los acuerdos o, como única variante, se asumen compromisos que son respetados parcialmente.
Esta dinámica circular también explica que segmentos de la fragmentada oposición propiciaran como estrategia –equivocadamente, en mi opinión–, hace un tiempo y no tanto, el boicot electoral e, incluso, compromiso con fallidos golpes de Estado (2019). Pero además explica que más de 7 millones de venezolanos –según cifras de Naciones Unidas– perdieran las expectativas de cambio y abandonaran su país para radicarse en su mayoría en Colombia, Perú y Chile.
¿Qué hubo de nuevo en este caso? Sin duda, la unidad mayoritaria de la oposición, que dejó a un lado las luchas intestinas y los egos políticos, para consagrar a un “candidato tapa” –encargado de cuidar el puesto a quien no pudiera inscribirse en su momento–: el diplomático de carrera y académico Edmundo González Urrutia. Mérito de la popular María Corina Machado, la permanente opositora que confrontó como diputada al fundador de la revolución bolivariana, misma que a menudo desconfió de los procesos electorales, llamando a boicotear comicios; la mujer que dijo en una entrevista a la BBC, en 2019, que Maduro solo dejaría el poder por la fuerza. Machado, quien dio un generoso paso al costado y ungió a González Urrutia, pulverizando la premisa madurista de “divide y reinarás”.
El resto quedó más o menos constante. Durante un cuarto de siglo, el bolivarianismo chavista había usado tanto la negociación como la lógica electoral para refrendar su habitar el poder. Desde la mediación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter en 2002 hasta los acuerdos de Barbados de octubre de 2023, se realizaron siete procesos de gestión multilateral de la conflictividad venezolana. Adicionalmente, el Gobierno de Hugo Chávez protagonizó 14 comicios entre diciembre 1998 y marzo de 2013, mientras su sucesor organizó 7 elecciones en sus 11 años de mandato.
El oficialismo solo en dos ocasiones miró de frente la derrota electoral: la primera en diciembre de 2007, cuando la perseverancia de las federaciones de estudiantes universitarias propinó un rotundo rechazo al plebiscito por reformas constitucionales. Chávez reconoció el resultado y preparó un camino para presentar un conjunto acotado de enmiendas constitucionales a la ciudadanía, en febrero de 2009, que en dicha ocasión sí fueron aprobadas, entre otras, la reelección permanente. La segunda fue en diciembre de 2015 –con Nicolás Maduro ya como presidente–, cuando la oposición, unificada en la Mesa de Unidad Democrática, conquistó dos tercios de la Asamblea Nacional, negándole recursos al Ejecutivo, que ideó una “fuga hacia adelante”, eligiendo un Legislativo Constituyente paralelo que asumiera las competencias del primero.
Es decir, una afinada metodología para revertir decisiones populares y, así, mantener una fachada democrática. Para ello, además de contar o coadyuvar a la fragmentación opositora, el chavismo madurista disponía de bases para la movilización política y de un férreo control de los procesos, que en la jornada de ayer podría haber hecho valer.
En tanto, el ánimo de participación ciudadana en los comicios para una parte del electorado respondía a algo así como tocar un dorado punto de inflexión: aquel que no solo implicara un desenlace distinto, sino sobre todo un reconocimiento sin condiciones ni ambages por parte de Maduro de los resultados y, eventualmente, su salida definitiva del poder. Para eso hicieron fila, algunos incluso pernoctando, en Caracas, Barinas y Mérida, varias horas antes de la apertura oficial de las casillas a las 6 a.m.
Durante el día se reportaron algunas irregularidades e incidentes, pero el dato duro fue la alta participación con locales atestados. Así lució el centro de votación en que ejerció el sufragio el candidato González Urrutia al mediodía. Después de un baño de multitudes, pidió mantener las expectativas en calma y paz. Antes la inhabilitada María Corina Machado había recorrido las calles caraqueñas en moto para constatar respaldos.
La ansiedad se apersonó con el cierre de las casillas después de 12 horas de funcionamiento. Para esa hora la guerra de rumores y sondeos a boca de urna estaba desatada, otorgando la ventaja a unos y otros. Sin embargo, la bola de nieve que ganaba cuerpo era otra: se decía que funcionarios electorales estaban pidiendo a los apoderados salir de los recintos. González Urrutia y Machado replicaron llamando a los “testigos” a permanecer hasta que obtuvieran una copia del acta, tal como establece la ley.
Conforme pasaron las horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamaba a la calma y a aguardar. El comandante en Jefe del Ejército, Vladimir Padrino López, intervenía para reiterar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sería un garante de la paz, una cuestión no menor si se considera el doble papel de árbitro de los uniformados ante las crisis y de incumbentes con cargos en el gabinete. Sin embargo, la tensión se incrementó cuando la dirigente opositora Delsa Solórzano denunció: “No quieren imprimir el acta y no quieren transmitir (…). No entregar el acta está completamente al margen de la ley”. De esa manera acusaba al Consejo Nacional Electoral de paralizar la entrega oficial de resultados a los apoderados, negándoles las actas.
Lo cierto es que el organismo, de mayoría oficialista, dilató el reconocimiento de una tendencia clara por 6 horas, comprometiendo la transparencia del escrutinio –base del actual reclamo de fraude– y arriesgando, de paso, una presión adicional contraproducente que aún puede tener secuelas inesperadas, como protestas masivas y desórdenes desestabilizadores. En ese caso, sería una profecía autocumplida para la narrativa oficialista que divulgó por meses una conspiración opositora bajo la forma de disturbios.
Queda claro que para el oficialismo la mantención del poder fue una cuestión de supervivencia, aunque siempre se supo que el reconocimiento de un resultado adverso no sería fácil e, incluso, ocurriendo lo anterior tampoco sería garantía de cesión del mando supremo. La apuesta opositora era que ciertos grupos al interior del Gobierno medirían los costos de una salida frente a los costos de preservación del poder y cambiarían el guion.
De ahí que generar incentivos, por parte de la oposición, para una aplicación calculada de la justicia a los jerarcas oficialistas y sobre todo admitiendo resortes maduristas en la Fiscalía, la Asamblea Nacional y el propio Consejo Nacional Electoral, serían claves. Pero ¿acaso hubo un diálogo previo con el madurismo o se dejó todo a posteriori de un proceso electoral que se daba por ganado basándose en sondeos? No hay que olvidar que, en el caso chileno, la estrategia de transición se anticipó en años al plebiscito de 1988.
Por lo pronto, es necesario que la oposición cure sus heridas sin renunciar a la unidad alcanzada y, desde luego, aún queda el expediente de las auditorías a las actas, si efectivamente pudieron obtenerlas. Mientras, desde el sur del mundo habrá que prepararse para recibir nuevas migraciones en busca de esperanza en otro lugar lejos de su patria.
