Opinión
Podemos ver que, si bien la futura ley es un avance significativo, es esencial que cuente con un presupuesto adecuado, la formación multidisciplinar de los profesionales, un enfoque equilibrado de promoción y prevención en salud mental.
El proyecto de Ley Integral de Salud Mental propuesto por el Ejecutivo es una iniciativa encomiable, cuyo propósito es proteger a las personas en este ámbito a lo largo de la vida. Con foco en la inclusión, pretende abordar las necesidades de las personas con o sin enfermedades de este tipo, además de enfatizar la no discriminación, el respeto a la dignidad y los derechos humanos.
Su diseño participativo y enfoque intersectorial, manifestado en la creación del Comité Interministerial de Salud Mental y una Comisión para la Protección de los Derechos en Salud Mental, demuestran un compromiso para mejorar la calidad, cobertura e inclusión de los servicios en esta área, tanto a nivel ambulatorio como hospitalario.
Sin embargo, se deben resolver varias cuestiones críticas para garantizar el éxito del proyecto. El presupuesto asignado a la salud mental sigue siendo insuficiente y está por debajo de los niveles recomendados por la OMS y la OCDE. Esto obstaculiza el impacto potencial del proyecto de ley, pues el financiamiento es crucial para mejorar calidad y especialización de los profesionales de esta área, además de que hace posible aplicar estrategias de intervención tempranas.
La atención primaria se encuentra desbordada, pues la demanda de servicios de salud mental ha aumentado en todos los grupos poblacionales. Vemos que existe un déficit de profesionales capacitados para atender esta realidad.
La iniciativa presentada posee un enfoque centrado en el tratamiento más que en la prevención. Si bien el tratamiento es vital, un enfoque equilibrado que incluya acciones tempranas de promoción y prevención son indispensables para mejorar los resultados. Las medidas preventivas pueden reducir la incidencia de problemas de salud mental, promoviendo el bienestar y la calidad de vida, además de reducir la demanda futura de tratamientos.
Otro ámbito de análisis es que el modelo de atención debe abordar los problemas de salud mental de manera proactiva y multidisciplinar, factores cruciales para abordar consistentemente los diferentes factores que influyen en el deterioro. El modelo existente no resuelve adecuadamente las crecientes demandas de la población, lo que genera disparidades en el acceso, cobertura y calidad de las prestaciones.
Podemos ver que, si bien la futura ley es un avance significativo, es esencial que cuente con un presupuesto adecuado, la formación multidisciplinar de los profesionales, un enfoque equilibrado de promoción y prevención en salud mental, sumado esto a diagnósticos y tratamientos oportunos, de cara a la protección integral a lo largo de la vida.
