Opinión
Transferir recursos a los actuales jubilados no es inocuo, genera costos. La ayuda debe ser acotada y focalizada para cumplir con los objetivos propios de los sistemas previsionales.
Hoy, a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) financiada con impuestos generales, los chilenos les transferimos a los jubilados recursos equivalentes a 1,8 puntos del PIB. La propuesta del Gobierno busca transferirles más recursos, equivalentes a 1,4 puntos adicionales: 0,7 puntos se financiarían de las cotizaciones de los sueldos formales y los otros 0,7 puntos provendrían de ingresos fiscales.
Transferir recursos a los actuales jubilados no es inocuo, genera costos. El componente que se financia a través de las cotizaciones se traduce en menores sueldos líquidos y/o mayores costos de contratación que debilitarían la creación de empleos. Además, serían cotizaciones que no estarían disponibles para las futuras generaciones de jubilados. El componente que se financia con ingresos fiscales drena fondos públicos que podrían tener usos alternativos: mejorar la seguridad, salud, educación, entre otros.
Lo que llama la atención es que se pretende reasignar esta gran cantidad de recursos hacia los adultos mayores sin antes evaluar quiénes están menos protegidos por las pensiones, tomando en cuenta los objetivos propios de un régimen previsional. Los sistemas de pensiones se evalúan a través de dos objetivos. El primero es evitar la pobreza en la vejez. El segundo es suavizar la caída del ingreso al jubilar.
¿Cómo está Chile en estos objetivos? Para cumplir el primero, en el 2021 se creó la PGU, que beneficia a los mayores de 65 años pertenecientes al 90% más vulnerable. Al inicio, entregaba un monto equivalente a la línea de la pobreza, pero este monto se fue ajustando en el tiempo de acuerdo con la inflación, quedando rezagada respecto a esta línea. Indexar la PGU a la línea de la pobreza costaría 0,22 puntos adicionales del PIB.
Respecto al segundo objetivo, se debe analizar qué porcentaje de los ingresos laborales antes de jubilar es cubierto por la pensión total, lo que se conoce como tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo más exigente es comparar la pensión del jubilado con su último sueldo recibido. Si analizamos a los jubilados hombres, en todos los tramos de años cotizados, la mediana de la pensión total cubre más del 75% del último salario. Es una alta tasa, superior a las tasas de reemplazo que se reportan en la OECD.
¿Dónde nos va peor? Entre las mujeres jubiladas con historial largo de aportes: a partir de los 20 años cotizados, la mediana de las tasas de reemplazo está bajo el 70%, y es incluso menor al 50% para las que cotizaron más de 30 años. Entregar una garantía de 0,1 UF por año cotizado focalizado en las mujeres que cotizaron más de 20 años costaría 0,17 puntos del PIB.
La ayuda a los actuales jubilados debe ser acotada y focalizada para cumplir con los objetivos propios de los sistemas previsionales. ¿Cómo financiamos esta ayuda? Es preferible que los recursos provengan de los ingresos fiscales y no de las cotizaciones del trabajo formal, para no debilitar aún más este tipo de empleo. Subir la PGU para que cubra la línea de la pobreza y entregar una garantía focalizada en las mujeres de clase media, costaría en total 0,39 puntos del PIB, muy inferior al gasto fiscal de 0,7 puntos que propone el Gobierno, y permitiría que la cotización extra vaya íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores para subir las futuras pensiones.
