Opinión
Una forma de establecer medidas preventivas en contra de la violencia sexual hacia infancias y juventudes es por medio de la Educación Sexual Integral (ESI).
Desde hace algunos años, en Chile ha habido consenso general sobre la importancia de proteger a las infancias y adolescencias de la violencia sexual. Lo anterior se ha traducido en medidas concretas, materializadas mediante diversas normas y reformas legales.
A modo de ejemplo, el año 2019 se modificó la normativa penal, consagrando la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, lo que permite que la responsabilidad penal de los agresores no se extinga, buscando reducir la impunidad de este tipo de conductas. También, un año antes, se publicó la Ley N° 21.057, que establece la regulación de entrevistas videograbadas con el objeto de prevenir la victimización secundaria de infancias y adolescencias que se enfrentan estos procesos judiciales. A su vez, el año 2022, mediante la Ley N° 21.523, conocida como Ley Antonia, se modificó la norma que establece penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, determinando que los autores de delitos sexuales en contra de menores de edad deben cumplir su condena en prisión efectiva, al considerarse un peligro para la sociedad.
Sin perjuicio de los relevantes avances legislativos en esta materia, a partir del caso Macaya, Chile se ha conmocionado al evidenciar que los esfuerzos para resguardar a las infancias y adolescencias son insuficientes. De esta forma, la condena por abuso sexual a menores de edad en contra Eduardo Macaya, padre del expresidente de la UDI, nos enfrenta a una cruda realidad: en Chile, niños, niñas y adolescentes (NNA) son víctimas de violencia sexual y en la mayoría de los casos los agresores son sus familiares. A su vez, este caso ha puesto en evidencia que la normalización de este tipo de delitos en contra de menores de edad por parte de un sector de nuestra sociedad persiste.
Bajo este escenario, cabe preguntarse: ¿qué es lo que necesitamos para poder cambiar esta dolorosa realidad?
Hasta ahora, los avances sobre esta materia han tenido como objetivo fortalecer la institucionalidad vinculada a la persecución penal de este tipo de delitos en favor de las infancias y adolescencias. Si bien estas medidas son del todo relevantes, la evidencia ha demostrado que, para combatir la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, estas deben complementarse con medidas dirigidas a la prevención de este tipo de conductas. El Estado no debe limitarse a intervenir cuando el daño ya está hecho, el cual en muchos casos puede traer consecuencias irreparables.
Una forma de establecer medidas preventivas en contra de la violencia sexual hacia infancias y juventudes es por medio de la Educación Sexual Integral (ESI). Dentro de sus elementos centrales, la ESI busca precisamente proporcionar a niños, niñas y adolescentes herramientas para identificar conductas de violencia sexual. Políticas públicas de esta magnitud pueden cambiar vidas.
Suponiendo que en Chile se condena transversalmente la violencia sexual hacia infancias y jóvenes, y siendo patente la necesidad de herramientas adicionales que persigan eficazmente su erradicación y desnormalización, resulta imperativo avanzar hacia una legislación preventiva de educación sexual integral. Las declaraciones de voluntad ya no alcanzan, Chile requiere de ESI ahora.
