Opinión
La inclusión y el apoyo a los estudiantes migrantes no solo es un tema de justicia social, sino, como señala Friedrich Heckmann (y muchos otros académicos), una inversión para el futuro de nuestro país.
Hace algunos días, el Centro de Estudios IdeaPaís dio cuenta del fuerte incremento en el alumnado migrante en Chile, aumentando en un 20,6% en siete años. Según el estudio, hoy este grupo representa al 7,4% de los estudiantes matriculados en el país, muy superior al 2,2% del año 2017. A esto se suman cifras abrumadoras. Según la Casen (2022), el 17,7% de los niños migrantes está en situación de pobreza por ingresos y el 36,6% en pobreza multidimensional, comparado con el 10% y 17,1% de los niños chilenos respectivamente.
Además, los datos del Mineduc en materia de asistencia escolar, desempeño académico en áreas como matemáticas y la percepción de discriminación también arrojan resultados desfavorables para los niños, niñas y adolescentes extranjeros. La última Encuesta Bicentenario muestra la existencia de nuevos flancos de conflicto entre chilenos y extranjeros con respecto a sus mediciones anteriores, así como nueva evidencia sobre experiencias de discriminación y racismo que muchos migrantes enfrentan a diario.
Estos indicadores no pueden pasar desapercibidos. El aumento migratorio y la mayor presencia de niños extranjeros en las aulas chilenas es una realidad que urge abordar y debatir de manera seria, articulada e informada en políticas públicas.
Nuestro estudio “Políticas públicas orientadas a estudiantes migrantes: ¿Qué se está haciendo en Chile?”, recientemente publicado por el Centro de Políticas Públicas UC, es el primer trabajo que hace un barrido general de todas aquellas iniciativas educativas orientadas a la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar chileno. Los resultados dan cuenta de que a nivel nacional no hay una priorización clara de políticas públicas dirigidas a este grupo. Por el contrario, el abanico de iniciativas es amplio y abarca la generación de informes, orientaciones y protocolos de acogida, el apoyo al acceso escolar y regularización, políticas lingüísticas, adaptaciones en el currículo escolar, fiestas multiculturales y capacitaciones y talleres de sensibilización a la comunidad escolar, entre otras.
Si bien se reconocen los avances en la materia, incluyendo la actualización de la Política de Niños, Niñas y Estudiantes Extranjeros del Mineduc 2024, no es menor que la gran mayoría de estas iniciativas hayan sido diseñadas, implementadas y conducidas por las propias escuelas desde la voluntariedad e intuición de sus equipos educativos.
Dentro de las recomendaciones y orientaciones sugeridas en nuestro estudio, creemos que es crucial inyectar recursos adicionales a este grupo de estudiantes. La evidencia internacional ha sido enfática en afirmar que se requieren mayores recursos económicos para apoyar la escolaridad de estudiantes migrantes, ya que estos tienen necesidades particulares que difieren de los estudiantes locales. Para esto, se pueden evaluar diferentes vías, tales como la inclusión de niños migrantes a la subvención PIE, la asignación de recursos al Sello Migrante dirigidos a las municipalidades o directamente al Sermig.
Adicionalmente, creemos que se debe avanzar en la inclusión de las familias migrantes en situación irregular en el Registro Social de Hogares (lo cual abre a un abanico de oportunidades a estudiantes migrantes), establecer un Protocolo de Acogida a nivel nacional obligatorio y que permita seguimiento, y destinar mayores esfuerzos en sensibilización y capacitación en los sectores clave del ámbito educativo.
La inclusión y el apoyo a los estudiantes migrantes no solo es un tema de justicia social, sino, como señala Friedrich Heckmann (y muchos otros académicos), una inversión para el futuro de nuestro país. Es crucial que enfrentemos este desafío con políticas públicas efectivas, articuladas y que cuenten con recursos adicionales para su implementación.
