Opinión
El entorno ha evolucionado significativamente y, actualmente, la trata de personas se desarrolla en un contexto de criminalidad organizada, configurándose como uno de los negocios ilícitos con mayor rentabilidad.
Ayer, 30 de julio, se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, una jornada dedicada a visibilizar este delito y concientizar a la sociedad sobre la situación que sufren miles de personas en todo el mundo. Según la Walk Free Foundation, se estima que para el año 2021 alrededor de 61 mil personas se encontraban en situación de esclavitud moderna. Sin embargo, persiste una invisibilización del delito. Chile no es ajeno a esta realidad, lo que nos debe llevar a preguntarnos cómo trabajar en la visibilización y prevención de un delito que afecta gravemente la vida de las personas.
La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Este delito implica coacción, violencia y engaño con el propósito de explotar a una víctima y obtener una ganancia, generalmente económica. En Chile, el delito de trata de personas fue tipificado en el año 2011 mediante la Ley 20.507. Hasta el año 2023, el Ministerio Público había registrado un total de 655 causas bajo el delito de trata de personas. De estas, solo se han formalizado 65 y se ha identificado a 347 víctimas en esas causas formalizadas.
Actualmente, el abordaje de la trata de personas presenta grandes desafíos en materia de prevención, persecución y protección. Las políticas implementadas inicialmente fueron diseñadas para un contexto nacional diferente al que observamos hoy en día. El entorno ha evolucionado significativamente y, actualmente, la trata de personas se desarrolla en un contexto de criminalidad organizada, configurándose como uno de los negocios ilícitos con mayor rentabilidad.
Las políticas implementadas para abordar la trata de personas carecen de la capacidad y la estructura necesarias para combatirla de manera efectiva. Es fundamental repensar y reestructurar estas políticas para adecuarlas al contexto contemporáneo que estamos viviendo. Esto implica implementar una estrategia integral que aborde la trata en todas sus dimensiones. Es de especial importancia fortalecer las capacidades institucionales y del Estado para que puedan llevar a cabo su labor de manera eficaz, lo cual requiere una mayor asignación de recursos. Actualmente, la Mesa Intersectorial sobre la Trata de Personas no cuenta con un presupuesto propio, lo que limita significativamente su capacidad de intervención.
Por otro lado, un pilar clave en la lucha contra este delito es la sensibilización de la población. Es urgente impulsar campañas con amplia visibilidad para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y la naturaleza del delito de trata de personas. La educación y concientización son esenciales para la prevención y para que las comunidades estén alertas y tengan las herramientas para denunciar casos sospechosos.
Finalmente, la protección y asistencia a las víctimas son aspectos fundamentales. Es necesario proporcionar una atención integral con funcionarios capacitados que comprendan cómo el delito afecta a los individuos y puedan ofrecer el apoyo adecuado. Es especialmente relevante que los jueces se capaciten adecuadamente para identificar y sancionar casos de trata, y que las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia estén capacitadas para recibir niños y niñas que hayan sido víctimas de trata.
En este contexto, hacemos un llamado a reflexionar sobre los pasos que debemos tomar para abordar este delito de manera eficaz. El país enfrenta el desafío y el deber de liderar estos esfuerzos, adaptándose a las necesidades del contexto actual.
