Opinión
Diego Martin/AgenciaUno
Podríamos señalar que, en materia de seguridad nacional, ha existido un antes y un después luego de la irrupción del crimen organizado en nuestro país y, a la fecha, los últimos gobiernos no han sido exitosos en su neutralización.
Existe un claro consenso en que el principal problema de seguridad que vive nuestro país, a la fecha, es el accionar de los grupos del crimen organizado, los cuales han generado un nivel de violencia que no tiene parangón en el país.
A modo de ejemplo, la encuesta de AthenaLab 2024 reflejó que, en materia de percepción, los ciudadanos (9,5 de cada 10 chilenos) señalan que la principal amenaza –para nuestro país– es el narcotráfico y el accionar del crimen organizado. En los últimos años este fenómeno se ha ampliado y diversificado a tal punto que nuestro Estado –en la práctica– no está ejerciendo una soberanía efectiva en algunos puntos de su territorio, en donde las bandas criminales no solo le han disputado dicha soberanía, sino que la han consolidado.
Esta lucha por el territorio se ha ampliado y hoy afecta a muchas áreas urbanas de la capital y regiones, con amplio impacto sobre la seguridad de los sectores más vulnerables de la sociedad, los que han visto perjudicadas dramáticamente sus vidas y bienestar.
Lo anterior es de suma relevancia, ya que la ultima ratio de un Estado es el bien común, expresado en términos de seguridad, desarrollo y bienestar. Lo anterior es de plena responsabilidad del poder político de turno que se hace cargo de la conducción del Estado. En consecuencia, si no se es capaz de otorgar un adecuado grado de seguridad, desarrollo y bienestar, no se estaría cumpliendo el principal mandato por el cual los ciudadanos hemos cedido nuestra soberanía a esta forma de organización política.
Es la seguridad uno de los elementos clave para impulsar el desarrollo y el ansiado bienestar de nuestros ciudadanos, asuntos que el contrato social no estaría satisfaciendo, pues hoy la seguridad es el ámbito más afectado y en crisis.
Podríamos señalar que, en materia de seguridad nacional, ha existido un antes y un después luego de la irrupción del crimen organizado en nuestro país y, a la fecha, los últimos gobiernos no han sido exitosos en su neutralización. Ha habido una clara incapacidad para lidiar con la actual violencia y criminalidad, que finalmente termina socavando seriamente la democracia que todos queremos preservar y fortalecer.
Para revertir lo anterior, es clave no solo la articulación de los diversos poderes del Estado y de las fuerzas políticas existentes, sino de toda la sociedad. La experiencia comparada en otros países nos demuestra que existe un umbral de seguridad, el cual, una vez sobrepasado, es muy difícil de revertir. En consecuencia, Chile se encuentra en un punto de inflexión para poder abordar este problema, que constituye nuestra más seria amenaza a la seguridad nacional.
De allí que el principal objetivo de la propuesta de AthenaLab, ante una clara definición de nuestro actual problema, sea visualizar los lineamientos clave y proponer cuáles debiesen ser –entre otros– los asuntos fundamentales para considerar en el diseño de una probable y futura estrategia de seguridad pública contra el crimen organizado, en donde naturalmente se defina el cómo se van a emplear los medios, para la obtención de los objetivos definidos. Ello debe ser coherente con la finalidad de lograr un estado final deseado, que haga posible fortalecer la condición de seguridad que el país demanda.
Ciertamente, este documento no pretende desarrollar una estrategia, solo tiene por objetivo establecer algunos elementos de base para su imperiosa elaboración en un contexto de integración y coordinación de todos los actores responsables de ello.
Neutralizar el crimen organizado es la tarea más relevante por abordar, y ello se logra con el accionar coordinado e integrado de la totalidad de los instrumentos de poder, así como con toda la institucionalidad disponible y con el conjunto de fuerzas y herramientas del Estado de Derecho.
No debemos continuar alimentando posturas que, con claros sesgos, han fomentado la inhibición del accionar de dicho Estado de Derecho; principalmente, a través de instituciones de orden público y, en algunos casos, organismos judiciales. Lo anterior, por cierto, implica cumplir siempre con todas las normas del derecho y protección de la ciudadanía y sus derechos fundamentales, pero se reitera la necesidad urgente de una clara voluntad política de querer verdaderamente solucionar el problema a través del uso de la fuerza, y no administrar el problema de fondo.
En consecuencia, el presente documento, que se puede consultar en este enlace, está estructurado en la definición del principal problema y contexto de la seguridad pública, para luego examinar y proponer los lineamientos que se estiman esenciales, visualizando un probable estado final deseado, para finalizar con algunas consideraciones generales.
