Opinión
Estos cambios y acuerdos son una gran noticia, ya que tienen como objetivos de fondo darle sustentabilidad al proyecto y despolitizarlo, hacerlo más independiente y autónomo.
Es una gran noticia, y algo muy raro, que este Gobierno esté de acuerdo en lo esencial con el Gobierno anterior en alguna materia. Me refiero al ingreso de indicaciones de la ley de TVN, anunciada en su lanzamiento en La Moneda como la Ley Bellolio-Piñera. Esto, porque la ley fue ingresada por dicha dupla pocos instantes antes del fin del Gobierno del fallecido expresidente. Más allá del ruido que puedan generar los dichos de Francisco Vidal, que poco ayudan a este consenso, lo importante está en los acuerdos esenciales que hay detrás de este ingreso de indicaciones:
Primero, algo para nada trivial es que hay un común acuerdo en la necesidad de la existencia de un sistema de canales públicos, esencial para la convivencia democrática, la educación de los niños y las personas en general, y para el desarrollo de nuestra cultura e identidad.
Segundo, hay común acuerdo en que el autofinanciamiento de un sistema de canales públicos no puede ser exclusivamente a través de publicidad y los ingresos derivados por competir. Es en este punto donde la indicación del Gobierno hace su mayor innovación, al desvincular el financiamiento de TVN de las negociaciones políticas que se desatan año a año en el Congreso al aprobar la Ley de Presupuestos.
Ahora el financiamiento dependerá de un endowment o fondo, de cuyos intereses provendrá el financiamiento que aporta el Estado a los canales. Lo malo es que el tamaño de dicho fondo quedó corto: tan solo 30 millones de dólares que no darán más de uno o dos millones al año al funcionamiento del canal. Pero por algo hay que partir y me imagino que después se podrá engrosar el fondo de alguna manera.
Tercero, que el directorio que dirige los destinos del canal debe modificar su composición, pasando de una eminentemente política a otra más técnica. Se dan grandes avances en este punto, como por ejemplo incorporar al Sistema de Alta Dirección Pública en el nombramiento de los directores y un consejo consultivo de expertos y personas notables que asesorará en la toma de decisiones.
Estos cambios y acuerdos son una gran noticia, ya que tienen como objetivos de fondo darle sustentabilidad al proyecto y despolitizarlo, hacerlo más independiente y autónomo.
Lo único preocupante es que estos acuerdos pueden no ser tenidos en cuenta a la hora de que el Parlamento discuta el proyecto. Lamentablemente, hemos visto que ahí lo que menos importa es el contenido de los proyectos, como en el caso de pensiones, donde lo que se propuso ayer es rechazado hoy y lo que importa es ganar una batallita política contra el adversario, dejando de lado los interés del país. Por eso el Parlamento es la institución menos confiable y respetada por los chilenos.
Sin embargo, hay que tener fe. Espero que en esta ocasión el Congreso esté a la altura de las circunstancias.
