Opinión
CEP
Podrán existir márgenes de mejora, propuestas de reforma del empleo público o de la capacidad de respuesta del Estado, pero sin confianza en la administración pública es difícil que dichas ideas avancen y se materialicen.
Desde su irrupción en el debate público, la Encuesta CEP genera interés y preocupación en nuestras autoridades. Muchas veces el foco ha estado en la evaluación de figuras políticas que buscan posicionarse en la carrera presidencial o revalidar su situación como actores relevantes del acontecer nacional. La reciente publicación de los resultados de la encuesta arroja una serie de datos preocupantes, pero hay uno que nos parece central: un 69% de los encuestados señala que “mucha gente o casi todas las personas” en el sistema público estarían involucradas en situaciones de corrupción.
Esta cifra es alarmante en cuanto a la credibilidad de nuestro sistema público, especialmente si consideramos otros síntomas, como el deficiente funcionamiento del sistema político. Si nuestra sociedad no confía en sus instituciones políticas, administrativas y sociales, es muy difícil que podamos avanzar en soluciones o respuestas de políticas públicas a los flagelos que vive nuestra sociedad. La pregunta del millón sería: ¿se justifica este alto porcentaje?
Independientemente de que pueda haber o no justificación a tan abultada cifra, desde la academia y la clase política este dato no puede ser ignorado, ya que constituye una prueba más de la situación crítica en la que nos encontramos. Quienes nos dedicamos a la docencia e investigación en el ámbito de lo público creemos firmemente en la relevancia de la función pública como puente para mejorar la vida de las personas y en la integridad de la gran mayoría de funcionarios públicos.
Podrán existir márgenes de mejora, propuestas de reforma del empleo público o de la capacidad de respuesta del Estado, pero sin confianza en la administración pública es difícil que dichas ideas avancen y se materialicen.
La invitación que realizamos es a hacernos cargo de esta realidad sin cortoplacismos ni atajos, identificando espacios de mejora, abriendo el debate entre la academia y el Estado sobre la base de evidencia y encender las alarmas de cara a los casos ya detectados en el último tiempo, que afectan a personeros de todo el espectro político. Si esta cifra nos deja indiferentes, todo el país sufrirá las consecuencias negativas del progresivo deterioro institucional que estamos atravesando sin marcha atrás.
