Opinión
En Chile, pese a tanta declaración firmada, la infancia sigue siendo un tema abandonado. Parece obvio pensar que cualquier país que busca su desarrollo pondría dentro de sus focos estratégicos el cuidado y desarrollo de sus niños y niñas.
Para la infancia en Chile, algunas cifras entregadas este primer semestre son desoladoras. Más de 2.100 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de alguna forma de explotación sexual; 36 niños y niñas han muerto por armas de fuego; y uno de cada cinco ha presenciado balaceras o disparos en el área cercana a su vivienda. Cerca de 850 mil niñas, niños y adolescentes viven en hogares que se encuentran en situación de pobreza multidimensional; más de 227 mil están fuera del sistema escolar; y cerca del 30% de los niños y niñas entre 0 y 5 años no están asistiendo a salas cuna y jardines infantiles, siendo que los primeros mil días son claves para emparejar la cancha de las oportunidades.
¿Cómo cambiamos esta realidad?
Avanzando hacia la promoción y protección de derechos, especialmente en los contextos más vulnerables. Como fue planteado en el estudio “Nacer y crecer en pobreza”, es imperativo implementar un Piso de Protección Social sensible a la niñez que garantice ingresos mínimos y acceso a servicios sociales integrales y de calidad que permitan enfrentar riesgos, erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades que privan a miles de niños, niñas y adolescentes de sus derechos fundamentales. Una suerte de GES, pero de la infancia.
También es importante considerar sus necesidades específicas e incluir sus opiniones y miradas en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas.
En Chile, pese a tanta declaración firmada, la infancia sigue siendo un tema abandonado. Parece obvio pensar que cualquier país que busca su desarrollo pondría dentro de sus focos estratégicos el cuidado y desarrollo de sus niños y niñas.
No es así.
Un ejemplo elocuente es lo acontecido en las últimas semanas con el juicio y condena a Eduardo Macaya. Ahí ha quedado en evidencia la desprotección que enfrentan las víctimas de abuso sexual, que es quizás una de las vulneraciones más graves de derechos que puede afectar a niños, niñas y adolescentes.
Es inaceptable que los procesos judiciales y la discusión pública perpetúen el sufrimiento de las víctimas, cuestionando sus actitudes o relativizando la gravedad de los abusos. Esto evidentemente desincentiva nuevas denuncias, en un contexto donde, de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Abuso Sexual y Adversidades en la Niñez, una de cada cinco personas sufrió abuso sexual en su infancia.
Ese es otro dato parte de la realidad que enfrentamos, un panorama que está lejos de mejorar.
