Opinión
El cambio de criterio del gobierno no parece ser un tema de principios, sino más bien de pura y dura conveniencia para conservar el poder. Y no es necesario ser muy perspicaz para darse cuenta del oculto deseo del gobierno de que voten menos electores que en los últimos procesos electorales.
La tarde del martes 9 de julio, cuando la comisión mixta encargada de resolver las controversias entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que autorizaba realizar las elecciones de este año en dos días prácticamente expiraba, el ministro Álvaro Elizalde ingresaba a la sala donde sesionaba la comisión para presentar una indicación que, fuera de todo contexto, eliminaba la multa para los “electores” extranjeros residentes en Chile.
A diciembre de 2023, 676.028 inmigrantes se encontraban habilitados para votar. En la comuna de Independencia el 29,1% de los electores; es decir, casi un tercio de todos los votantes de la comuna, son extranjeros, mientras que en Santiago los extranjeros con derecho a voto alcanzan el 28,7% y en Estación Central el 17,4%. Estas tres comunas, las tres con mayor cantidad de extranjeros con derecho a voto, son gobernadas por representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista.
En una primera etapa la “Operación Elizalde”, fracasó. La comisión mixta rechazó su indicación y así evacuó su informe para ser votado por ambas cámaras. Pero el ministro no cejaría en su empeño. Y aunque rechazar la propuesta significaba eliminar la multa para todos los electores, incluyendo a los chilenos, misteriosamente, senadores de gobierno que habían rasgado vestiduras por la eliminación de la multa en la Cámara de Diputados, a sabiendas de lo anterior, rechazaron el informe de la comisión mixta.
En lo sucesivo, recriminaciones cruzadas, contradicciones entre ministros y una opinión pública estupefacta obligaron al gobierno a presentar un veto que repusiera la multa y otros aspectos contenidos en el proyecto rechazado. Pero el gobierno no estaba dispuesto a entregar la oreja y el rabo en esta corrida de toros y, de una u otra manera, intentaría lograr alguna ventaja en este intempestivo cambio de reglas del juego, a tres meses de las elecciones.
El remedio propuesto fue peor que la enfermedad, terminando en una exigua multa de aproximadamente $33.000, que difícilmente será un incentivo efectivo para la participación electoral. Pero las contradicciones del gobierno no se agotaban en los dichos de sus ministros, sino que se extendía a sus propias acciones. El 11 de octubre de 2023, hace apenas unos meses, el propio gobierno había presentado un proyecto firmado por el mismo ministro Elizalde, que proponía una multa de $198.000, seis veces mayor a la que propuso en el veto.
Todo parece indicar que el amor por la democracia es tan fugaz y tormentoso como el de dos adolescentes. Como diría Cerati: “de aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda”.
El cambio de criterio del gobierno no parece ser un tema de principios, sino más bien de pura y dura conveniencia para conservar el poder. Y no es necesario ser muy perspicaz para darse cuenta del oculto deseo del gobierno de que voten menos electores que en los últimos procesos electorales, que le han sido ampliamente adversos.
Una trampa. Una trampa del amor por la democracia. Amor y democracia, mientras nos convenga.
