Opinión
Si la lucha contra la evasión se centra en estas últimas categorías de evasores, sería enteramente justo desde un punto de vista social y económico.
Los énfasis en materia de reforma tributaria han pasado desde la necesidad de aplicar mayores tributos a los sectores de más altos ingresos o de mayores patrimonios, a un énfasis colocado en la evasión y en la lucha contra la informalidad. Al parecer, eso es lo posible, en el cuadro político actual, aun cuando no sea todo lo deseable.
Pero incluso en el campo de la evasión y la elusión tributarias hay discusiones abiertas o que debieran abrirse. Esas dos palabras son malas palabras que convocan muy inmediatamente a la condena pública y a la represión institucional, pues se les considera como expresión de una actitud claramente antisocial. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas formas diferentes en que se presentan esos procesos o actividades económicas y sociales.
Está la evasión del comerciante callejero, que no da boleta por las ventas que realiza, y que elude, por lo tanto, claramente el IVA, no sin cierta complicidad del ciudadano que realiza la compra, que asume que esa actitud mutua aminora el precio del bien que está adquiriendo.
También existen empresas, no ya solo personas, que se ubican en el campo de la informalidad, tales como pequeños talleres, ubicados en zonas de menores ingresos, que reparan artefactos eléctricos o mecánicos o que hacen tortas o empanadas en su casa para una clientela ubicada en un radio de 500 metros a la redonda de ese domicilio.
Además –y lo más importante desde el punto de vista de los ingresos fiscales comprometidos–, hay grandes empresas nacionales o extranjeras, que asesoradas por prestigiosos abogados y bufetes –que constituyen ya una verdadera industria de la evasión y la elusión tributarias– generan todo tipo de sofisticadas operaciones para obrar en ese campo.
Un mecanismo posible, a modo de ejemplo, es el incrementar los precios de los bienes importados –materias primas, insumos o bienes terminados–, de modo de elevar los costos operativos, para efectos de que las ganancias aparezcan más reducidas y paguen por ello menos impuestos a la renta. Esto requiere, desde luego, de la complicidad de las empresas que, situadas en el otro extremo de la cadena, generen las facturas infladas, generando así un excedente que se reparte o se compensa posteriormente a través de una compleja red de operaciones entre empresas relacionadas. Algo parecido sucede cuando se contratan créditos externos con bancos o con las casas matrices de empresas radicadas en Chile, a tasas de interés libremente pactadas entre el demandante y el oferente.
Si la lucha contra la evasión se centra en estas últimas categorías de evasores, sería enteramente justo desde un punto de vista social y económico. Pero es una lucha difícil, por cuanto ellos son poderosos y tienen muchos mecanismos de ocultamiento y de defensa de su accionar.
Si la lucha se centra en los protagonistas del comercio callejero o de los artesanos de barrio, y logran hacer que todos ellos paguen el IVA e, incluso, los gastos previsionales del personal que con ellos trabaja, lo más probable es que conseguirán vistosas pero tristes victorias: el pago de impuestos sacará a muchos de la competencia y del acceso al mercado que hoy en día abastecen, y pasarán a engrosar las filas de la cesantía.
Los informales son aproximadamente 2.6 millones de personas en todo el país, el 28% de la población ocupada, según cifras del INE, y no es fácil encontrar para ellos otras fuentes de trabajo y de ingresos. Además, su público es en alta medida el sector de menores ingresos, que encuentra en ese comercio callejero mercancías más a su alcance que en los grandes centros comerciales. El comercio callejero es, por lo tanto, comercio de pobres para pobres, todos ellos sin organización sindical ni santo que los proteja.
Los escasos logros que se puedan lograr en el combate a la informalidad en ese sector no generarán grandes ingresos fiscales, pero sí incrementarán los precios y la cesantía. No son ellos los enemigos del progreso en este país, sino las víctimas de un tipo particular de modernización excluyente y concentradora. Ojalá que nuestras autoridades tengan buena puntería y no disparen contra los sectores más vulnerables, sino que se concentren en la caza mayor.
