Opinión
Es imperativo que nos tomemos en serio el impacto que la percepción y el temor pueden tener para las personas, para el funcionamiento del sistema de justicia y, en el extremo, para el Estado de derecho.
Hace pocos días se publicó una nueva entrega de la Encuesta Nacional de Opinión Pública del CEP, cuyos resultados, dada la permanencia en el tiempo de la encuesta, nos permiten observar la evolución de algunas cuestiones esenciales de la vida en sociedad, a los ojos de los chilenos.
Como era esperable, se mantiene la delincuencia como primera preocupación: un 57% de los encuestados cree que es el principal problema al que el Gobierno debería dedicar su esfuerzo. Le siguen salud y pensiones, pero con una distancia de más de 20 puntos porcentuales. Este resultado solo viene a confirmar una opinión que se manifiesta en varios otros estudios y sondeos y que ha sido una tendencia en los últimos años. Es más, un 85% se manifiesta preocupado de ser víctima de un delito violento.
La preocupación por el delito no es la única forma de violencia que inquieta a los encuestados. Por ejemplo, un 41% de los encuestados cree que el principal problema que enfrentan las escuelas en nuestro país es el control de las agresiones en su interior. La percepción de la gravedad del problema del delito, con independencia de su evolución real (cuyo indicador más preciso son las encuestas de victimización, como la ENUSC o el Índice Paz Ciudadana), es importante por una razón central: la percepción es lo que incide en la calidad de vida de las personas y lo que determina cambios de conductas o de actividades habituales con el objetivo de sentirnos más protegidos.
Desde otro punto de vista, la percepción nos permite aproximarnos a la efectividad de las políticas públicas, al menos desde la perspectiva de la satisfacción ciudadana. Por último, en algunos casos, un alto temor puede inhibir las denuncias, privando al sistema de información clave que solo proviene de las víctimas y los testigos de un delito.
En cuanto a las instituciones que se relacionan directamente con el delito, solo Carabineros y la PDI están entre los primeros lugares de la confianza de los encuestados. Sin embargo, el Congreso, los Tribunales y el Ministerio Público se encuentran entre los peor evaluados. Lo mismo ocurre con la percepción de corrupción al interior de estas instituciones. Esto no quiere decir que exista una relación de causalidad entre ambas dimensiones, pero muestra diversas caras de la animadversión de las personas hacia estas instituciones.
La combinación que resulta de un alto temor, baja confianza institucional y la idea de que la corrupción está fuertemente arraigada en el servicio público es de alto riesgo. Por lo pronto, puede resultar en un desincentivo a denunciar los delitos y las denuncias son cruciales para el sistema. Por una parte, permiten al sistema de persecución penal capturar información de gran importancia que solo pueden aportar quienes estuvieron en el lugar de los hechos; es decir, víctimas y testigos, elevando la probabilidad de éxito de las investigaciones. Por otra parte, permiten disminuir la “cifra negra”, la brecha que existe entre la cifra real de delitos y aquellos que registra el sistema.
La combinación descrita, si se deja desatendida, también puede resultar en una tendencia paulatina a legitimar la autotutela o realizar justicia por mano propia. Como sabemos, esto es intolerable para el Estado de derecho, ya que socava la autoridad del ordenamiento jurídico y las instituciones. Sin embargo, ha habido voces llamando a los ciudadanos a armarse para protegerse o a emprender acciones violentas de forma directa.
Hacer justicia personalmente también arriesga injusticias y errores dramáticos. Hemos visto linchamientos, como el caso del chofer de buses Red que sufrió un ACV mientras conducía y fue agredido y acusado falsamente por los pasajeros de ir ebrio. También conocimos del caso del conductor de una aplicación que fue asaltado y golpeado en la cabeza y que, al recuperar la consciencia, decidió atropellar a quien creyó era el asaltante, pero era una persona inocente.
Quizá haya algo de esta legitimación en las significativas variaciones que presenta la pregunta: “¿Con qué frecuencia justificaría el uso de la violencia para lograr cambios profundos en la sociedad?”. Si a fines de 2022 un 15% respondía “a veces”, a mediados de este año esa cifra sube al 21%.
Como contrapartida, si en el primer período un 72% respondió “nunca o casi nunca”, un año y medio después, la respuesta baja al 59%. Como sea, es imperativo que nos tomemos en serio el impacto que la percepción y el temor pueden tener para las personas, para el funcionamiento del sistema de justicia y, en el extremo, para el Estado de derecho.
