Opinión
El desafío principal es definir una ruta para cambiar políticas nacionales obsoletas y adoptar regulaciones fuertes y vinculantes sobre el financiamiento privado del carbón. De otra manera, olvidémonos de una transición energética fluida; y lo de justa, bueno, mejor ni mencionarlo.
Estamos dedicando poca atención a un factor que es crucial para limitar el aumento de las emisiones de CO2 en todo el mundo. Me refiero al flujo global de fondos de los bancos comerciales de los países desarrollados que, en plena crisis mundial por el cambio climático, continúan impulsando la expansión de la industria de los combustibles fósiles, en particular del carbón.
Los líderes del G7 no respetan sus compromisos, mientras el mundo experimentó el duodécimo mes más caluroso registrado, con Europa soportando varias olas de calor seguidas y nosotros en Chile soportando lluvias y temporales con ráfagas de viento de hasta 127 km/h, algo excepcional en nuestros registros para la RM, lo que causó cientos de millones de dólares en pérdidas y daños, cuya culpa ya nadie acierta a quién adjudicar, pero no estaríamos muy equivocados si nos atrevemos a mencionar que son aquellos que siguen financiando, inmutablemente, a los responsables de las mayores emisiones de gases de efectos invernadero. Sin duda, son ellos. Así, nunca podremos avanzar.
La interminable secuencia de mentiras que continúan secuestrando los esfuerzos para superar la crisis climática tiene mucho que ver con esta inmoral financiación. Por ello, una cuestión clave es analizar y rectificar la financiación a los grandes emisores de CO2 por parte de los miembros del G7, desde subsidios a los combustibles fósiles hasta financiación pública e inversiones privadas. La evidencia más reciente muestra que los bancos más grandes del mundo, la mayoría de los cuales tienen su sede en países del G7, continúan, sin vergüenza, atornillando al revés el freno al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Obviamente, los grandes emisores continuarán combinando su retórica con acciones cosméticas. No basta con que los gobiernos y los reguladores soliciten al financiamiento privado que ponga fin a su apoyo a las energías sucias. Se necesita más fuerza. Más regulación. Para conseguirlo, a los gobiernos les cabe la mayor responsabilidad, aplicando políticas que frenen definitivamente el flujo global de fondos que financien la expansión de la industria del carbón y reorientarlos hacia inversiones en energía limpia.
Si bien la atención a menudo se dirige hacia los subsidios públicos a los combustibles fósiles (que son un problema), no se pueden ignorar los miles de millones de dólares en financiamiento comercial para la expansión de la industria del carbón. Eso es intolerable.
Aunque parezca increíble, los bancos comerciales proporcionaron la enorme cantidad de 470 mil millones de dólares a la industria del carbón entre 2021 y 2023, dinero que de otro modo podría haberse canalizado hacia inversiones en energía limpia, mejoras en la infraestructura de las redes y eficiencia energética. La mayor parte de este financiamiento proviene de instituciones financieras con sede en los países del G7.
Encabezando la lista de infractores se encuentran los bancos estadounidenses y japoneses, que son los mayores prestamistas al carbón del mundo. Bank of America, de hecho, aumentó su financiación a la industria del carbón en un 30% entre 2016 y 2023. Otorgó 6 mil millones de dólares en préstamos y facilitación de emisiones en el mercado de capitales a la industria del carbón en los últimos tres años. Los bancos japoneses no se quedan atrás. La financiación al carbón entre 2021 y 2023 siguió dominada por sus megabancos, Mizuho (8.100 millones de dólares), MUFG (6.100 millones de dólares) y SMBC (4.700 millones de dólares).
Las estimaciones muestran que las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero asociadas con las actividades financiadas por los bancos comerciales en los países del G7 son mayores que las emisiones combinadas de Alemania, Italia, el Reino Unido y Francia. Más que un dato, esto es un escándalo absoluto.
Pero esto no es todo. Lo peor es que la magnitud de la financiación entregada a los emisores por los bancos comerciales de los países del G7 es más del doble del total prometido por el G7 a las instituciones encargadas de impulsar la transición energética. Por ejemplo el Grupo de Asociados Internacionales (IPG, por sus siglas en inglés), liderado por el G7 para apoyar las Alianzas para la Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés), una iniciativa intergubernamental que proporciona asistencia técnica y recursos financieros a los países en desarrollo con sus transiciones a energías limpias.
¿Qué pasa con la eliminación del carbón?
Hoy estamos pasmados por lo que parece ser una nueva realidad que se nos impone por las circunstancias de las guerras y los conflictos. La eliminación del carbón no está clara. Pero ¿cómo puede ser? El G7 está poco a poco cayendo en una tendencia macabra; al parecer están debilitando sus propios planes de eliminación del carbón. Solo a Estados Unidos todavía le quedan más de 200 gigavatios (GW) de capacidad operativa de carbón. Si bien esta cifra ha ido disminuyendo, también hay signos de que esta disminución se está estancando: 200 GW es más que toda la capacidad operativa de carbón de todos los países receptores del JETP. Y Japón no tiene un plan claro para eliminar el carbón, a pesar de su compromiso. China, menos. La UE parece estar más dispuesta.
Esto demuestra que el capital necesario para la transición energética está disponible, pero mal asignado. Lo que se necesita son más y mejores regulaciones financieras, como requisitos de capital más estrictos y prohibiciones absolutas, para que desempeñen un control en la reorientación del capital y las inversiones hacia la transición energética. Esto debe incluir el establecimiento de estándares internacionales para frenar el flujo de fondos destinados a la continua expansión de la industria del carbón y restringir el financiamiento a los que continúan aumentando sus emisiones, contribuyendo a la degradación ambiental y la contaminación del aire. Sin estas condiciones, lo demás es bla-bla.
Está muy bien priorizar las acciones climáticas de mitigación, adaptación y resiliencia en diferentes sectores, pero en agosto de 2024 lo estratégico es dar primacía a la regulación financiera. Las partes en la próxima COP29 (noviembre de 2024) deben alinear sus fuerzas para aprobar una resolución que pida a los bancos centrales del G7 y del mundo entero que eleven sus presiones para mantener la acción climática al frente de las negociaciones sobre financiación privada y comercial, y que termine de una vez por todas la financiación a los grandes emisores y a la industria del carbón.
Incluso si el G7 logra su objetivo de salida del carbón para la “primera mitad de la década de 2030”, cosa que para el resto del mundo será imposible, este cronograma no alcanza a lo que los científicos dicen que es necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, un umbral crítico para evitar los impactos más catastróficos del cambio climático.
Por tanto, el desafío principal es definir una ruta para cambiar políticas nacionales obsoletas y adoptar regulaciones fuertes y vinculantes sobre el financiamiento privado del carbón. De otra manera, olvidémonos de una transición energética fluida; y lo de justa, bueno, mejor ni mencionarlo. Nada de esto será posible. Predominará el caos. Pasarán los años y continuaremos siendo víctimas de la interminable secuencia de mentiras que rodea a la crisis climática.
