Opinión
La naciente Política Nacional de Descentralización requiere de agentes regionales permanentes, institucionalizados en gestión del conocimiento para direccionar y “mover la aguja”. Por ello, resulta urgente fortalecer los gobiernos regionales con este tipo de instituciones.
La elección democrática de gobernadores regionales en 2021 ha creado un nuevo escenario, al que muchas instituciones relacionadas al proceso de desarrollo territorial no han conseguido aún adaptarse. Continúa existiendo en parte importante del Gobierno nacional (y no pocos gobiernos regionales) la ilusión de que se puede abordar este cambio institucional fundacional con las instituciones y recursos existentes. Numerosas agencias internacionales de cooperación al desarrollo (como OCDE y Cepal) han sostenido la necesidad de nuevas instituciones para enfrentar los complejos desafíos del desarrollo. La actual creación de la Política Nacional de Descentralización es el lugar y momento para repensar nuestras instituciones para esta tarea.
En efecto, las estrategias regionales de desarrollo en Chile continúan, en muchos casos, siendo una “hoja de ruta” elaborada (generalmente por centros de estudios externos a la región) en determinado momento y condiciones políticas, que no considera que en el presente se incuban múltiples futuros.
Si se desea navegar y llegar a buen puerto en las turbulentas aguas y cambiantes vientos del mundo y el Chile de hoy, es preciso disponer de una “inteligencia” institucionalizada en el Gobierno Regional, que ayude a corregir el rumbo cada vez que el “clima” y la sociedad regional cambian. No basta con la hoja de ruta, por muy bien elaborada que esté.
Necesitamos, ahora, de una ojiva inteligente (usando la figura balística de PGM, Precision-Guided Munition, y su versión más popular del misil Exocet), que persigue el objetivo social, a pesar de los cambios de entorno.
Los gobiernos regionales, responsables del desarrollo de su territorio, requieren más que nunca disponer en su seno de centros estratégicos de inteligencia territorial formados por analistas especializados, capaces de decodificar el cambiante entorno económico-social-político relevante para el desarrollo de su región y proponer políticas públicas adaptativas.
Estos centros de inteligencia gubernamental son esenciales también para apoyar la gobernanza multinivel (especialmente frente a la tecnocracia nacional, que tiende a “ningunear” las capacidades regionales) y multiactores (de manera de alimentar con evidencias la construcción de una visión colectiva del territorio, reduciendo los conflictos de información).
El apoyo de las universidades regionales (especialmente de los centros de estudios de las universidades públicas) es indispensable para nutrir de las investigaciones que sean necesarias para estos análisis, según especificaciones del Gobierno Regional. De hecho, la Ley 21.094 de universidades estatales, de 2018, brinda un marco legal y de incentivos para esta función, aunque la disponibilidad de instrumentos de financiamiento es claramente insuficiente.
Sin embargo, es preciso ser claros: los institutos de investigación de las universidades regionales no pueden sustituir la función de estos centros estratégicos de gobierno, tanto por motivos legales como por sus objetivos y sistema de incentivos. Se trata de instituciones complementarias, que se fortalecen y nutren recíprocamente.
Eso es lo que muestra la experiencia de un país cercano: Brasil. Allí, las secretarias de planificación regional disponen de institutos estratégicos conformados por analistas de alto nivel (funcionarios públicos), formados mayoritariamente en las universidades regionales y que trabajan permanentemente con investigadores de sus institutos en la búsqueda de evidencias para diseñar sus políticas públicas y evaluarlas.
La naciente Política Nacional de Descentralización requiere de agentes regionales permanentes, institucionalizados en gestión del conocimiento para direccionar y “mover la aguja”. Por ello, resulta urgente fortalecer los gobiernos regionales con este tipo de instituciones, para aprovechar el entorno de la descentralización política.
Estas capacidades gubernamentales territoriales deben ser prioridad de Subdere para implementar exitosamente esa Política Nacional. Tal como fue propuesto por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional hace ya una década y reiterado por el Protocolo de Acuerdo entre gobernadores regionales y Gobierno nacional en Antofagasta, el 19 de enero de 2023.
El seminario Virtual 1 de Subdere, realizado el pasado 6 de agosto, parece haber recogido estas inquietudes sobre fortalecimiento de los gobiernos regionales como parte de la Política Nacional de Descentralización. Sin embargo, la probabilidad de que ello se concrete no puede descansar en la voluntad de una agencia del Gobierno nacional, sino que requiere de una acción e iniciativa directa de los gobiernos regionales, sus mayores beneficiarios.
Frente a la imposibilidad de incrementar las plantas de las Divisiones de Planificación y Desarrollo es posible pensar en corporaciones dependientes del Gobierno Regional, financiadas en conjunto con el Gobierno Nacional, como ha sido la experiencia de décadas de los Centros Regionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
