Opinión
AgenciaUno
No es posible que los ciudadanos permanezcan en la indefensión, mientras, como resultado de su sufrimiento, existan proveedores que puedan enriquecerse con dinero robado, solo por tecnicismos improcedentes y el conflicto de intereses del abogado integrante que redactó la sentencia.
Después de años de avance en la protección de los consumidores, no podemos dejar de manifestar nuestra profunda preocupación respecto del fallo pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema que –resolviendo el caso más grave de colusión que ha sufrido nuestro país, ha decidido dar la espalda a los consumidores afectados por la colusión del papel tissue–, decidiendo que la empresa SCA (hoy Essity Chile S.A.) no estará obligada a devolver los más de 86 millones de pesos que durante más de 11 años obtuvo ilícitamente de cada uno de los consumidores de nuestro país. Esto es, ha consagrado su completa impunidad.
Este fallo constituye un duro revés para los consumidores y un nefasto precedente que no puede ser soslayado, pues es abiertamente contrario a derecho y a todas las normas que se han ido estableciendo en favor de la protección de los consumidores. La ley señala expresamente que los productores están obligados a devolver el dinero e indemnizar a los consumidores que se vean afectados por actos ilícitos de los proveedores.
La misión histórica de nuestra asociación es la defensa de los derechos de los consumidores y por eso no nos detendremos en la búsqueda de justicia, pues no es posible que los ciudadanos permanezcan en la indefensión, mientras, como resultado de su sufrimiento, existan proveedores que puedan enriquecerse con dinero robado, solo por tecnicismos improcedentes y el conflicto de intereses del abogado integrante que redactó la sentencia.
La sentencia dictada por la Corte Suprema adolece de graves irregularidades que no podemos soslayar, en particular, el hecho de que haya sido redactada por el abogado integrante Álvaro Vidal Olivares, quien es socio del abogado Íñigo de la Maza, asesor e informante de la empresa coludida, siendo además coautores de numerosos artículos y trabajos en que se refieren precisamente a materias de contratos vinculados a los casos que resuelven en los Tribunales de Justicia.
Tal conflicto de intereses afecta directamente el fallo y los razonamientos de la Corte, pues el redactor de la sentencia y su socio han sostenido la misma posición en defensa de los proveedores, a tal punto que la sentencia cuenta con pasajes idénticos entre sus argumentos y a lo informado por De la Maza en el informe en derecho realizado en su calidad de asesor de la empresa papelera coludida, SCA.
Entre los pasajes idénticos, podemos destacar los siguientes razonamientos: ambos señalan que para que exista la calidad de proveedor se exige que este se relacione directamente con los consumidores. Asimismo, señalan que SCA no tiene calidad de proveedor y que los consumidores no tienen la calidad de consumidores materiales, porque no hay un vínculo contractual entre ambos.
Esto deja en evidencia el patente conflicto de intereses del abogado redactor Álvaro Vidal, quien durante años ha compartido oficina laboral con Íñigo de la Maza, han escrito distintos artículos en conjunto y, luego, decide ser partícipe en uno de los fallos más importantes de la historia de nuestro país, dando la espalda a cientos de consumidores que sufrieron durante más de 11 años el descarado robo que permitió a la papelera SCA, hoy Essity Chile S.A., enriquecerse ilícitamente.
Esto constituye graves vulneraciones a todos los consumidores que fueron afectados por este acto de colusión que fue acreditado, pues el señor Vidal debió inhabilitarse y restarse de redactar este fallo, pero decidió favorecer a una empresa que durante años obtuvo dinero ilícitamente del bolsillo de todos los consumidores de nuestro país.
